Madrid ampliará el centro de Fuenlabrada y estudiará nuevos recursos para menores no acompañados

La Comunidad de Madrid se dispone a ampliar el Centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, y está estudiando la apertura de nuevos recursos en otras localidades para atender a los nuevos menores migrantes no acompañados que le corresponda acoger si se aprueba el nuevo reparto que el Congreso debate este jueves.

El Consejo de Gobierno aprobó ya este miércoles tres acuerdos por tramitación de emergencia con 2,7 millones de euros para atender a 182 menores inmigrantes no acompañados durante este año. Estos contratos permitirán gestionar 112 plazas en dispositivos de titularidad pública y 70 en centros privados.

La Comunidad ha atendido desde 2019 a más de 10.600 menores, de ellos 2.442 en 2024 y 1.028 en el primer trimestre de este año. Esta situación ha provocado que los recursos se encuentren saturados con una sobreocupación actual del 132%, según alega el ejecutivo autonómico, que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real decreto ley estatal que establece el nuevo reparto, al "infringir -en su opinión- varios preceptos de la Carta Magna e invadir competencias exclusivas autonómicas".

El reparto de estos menores no acompañados es objeto de polémica entre Sol y el ejecutivo central al considerar también que no se produce de forma equitativa para beneficiar, a su juicio, a Cataluña y País Vasco. Además, la ampliación del centro de La Cantueña cuenta con la oposición del gobierno municipal socialista de Fuenlabrada.

Ese centro fue escenario días atrás de una multitudinaria pelea en la que se vieron involucrados una docena de menores. A raíz de ese incidente, la Comunidad de Madrid ha solicitado a la Delegación del Gobierno la reagrupación familiar mediante la correspondiente expulsión del país de cuatro de esos menores "con graves dificultades de adaptación para salvaguardar su protección".

El Gobierno autonómico asegura que la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia "continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración". Y alega que "esta medida se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas".