Se despeja el futuro del edificio solitario y abandonado de Bravo Murillo

Al principio eran tres. En 2015 fue derribado el de la derecha, el que hacía esquina con la calle Amalia. Poco tiempo después, fue el turno del que estaba a su izquierda, dejando solo y aislado, como un árbol en medio de un desierto, al pequeño edificio situado en el número 336 de la calle Bravo Murillo. Desde entonces, el solitario inmueble ha permanecido tapiado, en ruinas y condenado al ostracismo. Al menos, hasta ahora, pues el Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar inicialmente un Plan Especial (PE) para urbanizar los terrenos.

Tras este trámite del Gobierno municipal, avalado por un informe de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIPHAN), se abre un nuevo futuro tanto para el edificio como para las parcelas adyacentes. Y es que el Plan Especial recién aprobado consiste en "un plan de protección con la intención de agrupar cuatro parcelas urbanísticas" promovido por el propietario de los terrenos, explican desde el Área de Urbanismo y Medio Ambiente que dirige Borja Carabante. El edificio que se mantiene en pie, apuntan, está incluido en el Catálogo General de Elementos Protegidos del Plan General, con un nivel 3 grado ambiental, mientras que el resto de parcelas no están catalogadas.

El "fundamento" del plan aprobado, radica "en la necesidad de la protección del patrimonio que afecta al edificio catalogado", señalan las fuentes consultadas. Por su parte, la agrupación de las parcelas, para la cual se requiere el Plan Especial, persigue el objetivo de "un mejor aprovechamiento y una mejor ordenación y sostenibilidad del conjunto en el seno de la ciudad". La parcela resultante de la fusión mantendrá la catalogación del edificio en cuestión, sin "ningún aumento de edificabilidad, ni del número de viviendas", aclaran desde Urbanismo.

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Nuevo edificio residencial

Queda por ver en qué consiste exactamente el Plan Especial una vez salga a información pública. Lo que no está claro por el momento es si el proyecto supondrá la conservación del histórico inmueble o de alguno de sus elementos, ya que el nivel de protección grado 3 ambiental con el que cuenta "no garantiza el mantenimiento de la fachada", tal y como matiza el concejal socialista Antonio Giraldo. "Hay que ver bien el expediente cuando salga", añade el portavoz de Urbanismo del PSOE-M.

Por lo pronto, la licencia urbanística concedida en 2023 por el Área de Urbanismo a la empresa propietaria puede servir como pista. Según consta en el visor urbanístico municipal, la intención es construir un edificio de obra nueva para uso residencial colectivo, compuesto de 33 viviendas, trasteros, garajes, locales comerciales y piscina. Al mismo se accederá desde la calle a través del número 334 de Bravo Murillo, actualmente vacío.

Detrás tanto de este proyecto, según publicó El Español en febrero del año pasado, se encuentra la empresa Guindalera Inversiones S.L., propietaria de las cuatro parcelas implicadas. El administrador único de la compañía, Daniel Louredo, lo es también de Nidom Homes, una inmobiliaria especializada en viviendas de alto standing con promociones en Chamberí, Salamanca y Paseo de la Habana, entre otras zonas de la capital.

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Historia accidentada

El inmueble del 336 de Bravo Murillo, de apenas tres pisos de altura, data de 1910, según consta en el catastro. Se trata de una de las tradicionales corralas que pueblan los barrios humildes de Madrid, aunque en este caso solo se conserva la mitad de la misma, tal y como se puede apreciar en imágenes aéreas. En la parte de abajo del inmueble se encuentra un local comercial cerrado desde hace años, aunque todavía conserva el rótulo publicitario sobre la fachada, con el nombre de 'Martínez' en grandes letras blancas sobre fondo azul.

Sus más de 110 años de vida han visto pasar toda una larga serie de cambios y situaciones desafortunadas, incluyendo la demolición de sus convecinos, okupaciones, algún conato de incendio y varias intervenciones policiales. La última y más sonada tuvo lugar en marzo del año pasado, cuando la Policía Municipal desalojó a una quincena de personas de origen inmigrante que residían ilegalmente en el inmueble tras la denuncia de un 'rider' al que habían sustraído su bicicleta. Cuando los agentes accedieron al edificio, no dudaron en llamar a los Bomberos, quienes constataron que la construcción se encontraba en estado de ruina inminente, justificando así el desalojo inmediato de los ocupantes.

Una década antes, en 2015, los Bomberos desalojaron a 43 vecinos del edificio contiguo (número 334) tras detectar graves grietas y abombamientos en su fachada. Los residentes habían alertado de estos daños estructurales horas antes, lo que llevó a una evacuación urgente minutos antes de que parte de la construcción colapsara. Las familias fueron reubicadas en hoteles y, posteriormente, el edificio fue demolido por completo. Años más tarde, el edificio del 338 también fue derribado, dejando al inmueble de Bravo Murillo 336 como la única construcción restante, aislada entre los solares vacíos.