Miles de personas marchan en Madrid por el derecho a la vivienda y contra la especulación

Miles de personas -15.000 según la Delegación del Gobierno y decenas de miles según los convocantes- se han manifestado este domingo por el centro de Madrid por el derecho a la vivienda y contra la especulación y para reclamar soluciones a la falta y a la carestía de las casas.

Colectivos sociales se lanzan de nuevo a la calle en Madrid para protestar por la crisis de la vivienda

Convocados por el movimiento Hábitat 24, un espacio compuesto por cerca de 40 colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, políticos, sindicales y sociales, los manifestantes han recorrido sin incidentes los paseos del Prado y Recoletos desde Atocha a Cibeles y la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la marcha, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que las competencias en vivienda las tienen las comunidades autónomas y, en concreto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le ha dicho que, "viviendo en un ático que está pagado supuestamente por comisiones que vienen del Grupo Quirón, es difícil ver la globalidad del problema".

García ha afirmado que Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, "tienen la llave para que la vivienda pase de ser un bien especulativo, que es lo que han hecho ellos, a que sea un derecho, que es lo que dice el artículo 47 de la Constitución".

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el problema del precio de la vivienda "es fruto de las políticas de especulación del bipartidismo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista", que "tiene como consecuencia que una mayoría de gente en España no puede pagar el alquiler y no puede pagar su hipoteca".

El problema a su juicio es que "en España mandan más los rentistas, mandan más los grandes propietarios y los fondos buitre que el presidente del Gobierno, que el Gobierno de España", y que "no hay valentía suficiente para afrontar la intervención del mercado de la vivienda y del mercado del alquiler".

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha comparado la actuación de los gobiernos autonómico y municipal de Madrid con el Ayuntamiento socialista de Barcelona, que "protege el parque inmobiliario comprando inmuebles para los vecinos de su ciudad" mientras en la capital de España el alcalde "lo que hace es vender los pisos a fondos de inversión".

Tras casi dos horas de marcha, los convocantes han hecho sonar sus llaveros en la Puerta del Sol, ante la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y se ha leído un manifiesto en el que los convocantes han demandado, entre otras cosas, la ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler.

También, la aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda con la fijación de unos objetivos sociales, la creación del un parque público de vivienda no descalificable que suponga el 30 % del total y la declaración de zonas tensionadas directamente por parte de los propios municipios.

Otras peticiones incluidas en el manifiesto son la creación de un plan a cinco años, suficientemente dotado, para la rehabilitación y mejora de viviendas; garantías legales de que no se producirán desalojos sin alternativa habitacional; y la suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos y el cierre de los que están en situación irregular, con la imposición de las sanciones que correspondan.

En la protesta se han desplegado pancartas con lemas como "Vivienda digna y sostenible para todos ¡ya!", "Casas para vivir planeta para habitar", "La vivienda es un derecho no un negocio", "Trabajamos para vivir no para sobrevivir" y "Contra la especulación y los mercados".

Además, los manifestantes han coreado consignas como "Ayuso escucha Madrid está en lucha", "hace falta ya una huelga de alquiler" y "abajo los rentistas que van a caer".

La manifestación de este domingo se produce casi cuatro meses después de la que el pasado 13 de octubre reunió a unas 22.000 personas según la Delegación del Gobierno y 150.000 según los convocantes, para exigir rebajas en los precios del alquiler.