FORMACIÓN PROFESIONAL

Más Madrid y PSOE se vuelcan con la FP para confrontar con Ayuso: ofensiva parlamentaria y judicial

El Sindicato de Estudiantes convoca este jueves una huelga y una concentración frente a la Consejería de Educación para exigir que se garanticen las prácticas en la FP pública

Alumnos de FP de la rama sanitaria realizan unas prácticas.

Alumnos de FP de la rama sanitaria realizan unas prácticas.

Los dos partidos de la izquierda en Madrid han decidido coger como bandera la Formación Profesional en la región tras las críticas de estudiantes y sindicatos por la escasez de la oferta de prácticas para los estudiantes de los centros públicos. Aducen que ni hay plazas suficientes para las especialidades que de verdad generan interés en los más jóvenes ni posibilidad de completar su formación en espacios públicos con unas prácticas que son obligatorias. Este jueves los jóvenes salen a la calle y las formaciones de izquierdas han decidido apoyar sus reivindicaciones para confrontar con el modelo de la Comunidad de Madrid.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para mañana una huelga y una concentración frente a la Consejería de Educación que dirige Emilio Viciana a media mañana. Por la tarde, Isabel Díaz Ayuso recibirá a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en las dependencias del Gobierno regional, en la Real Casa de Correos, que según avanzan fuentes de la formación se ha propuesto presionar con este asunto desde la Asamblea y elaborar todo un plan de reequilibrio territorial con programas educativos vinculados a la FP que le sirva de propuesta electoral más adelante.

Junto a preguntas en comisión y en pleno al consejero del ramo y a la presidenta, Más Madrid ha registrado una proposición no de ley para exigir a Ayuso un convenio de prácticas territorializadas que esté dotado con recursos suficientes para ofrecer prácticas a los alumnos de todas las ramas tanto en empresas como en instituciones públicas locales y autonómicas. El énfasis, en cualquier caso, se pone en el ámbito sociosanitario, exigiendo que los alumnos de centros públicos tengan preferencia en los hospitales o entidades de gestión directa o indirecta de la Comunidad. Esta es una de las ramas que más protestas generó en los cursos pasados precisamente porque los estudiantes de la pública se veían en desventaja con los de las privadas por la ausencia de prácticas.

La Comunidad de Madrid reaccionó y en octubre del año pasado firmó un acuerdo para cuatro años con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) con la idea de que beneficie a los estudiantes de FP de Grado Básico, Medio, Superior y de cursos de especialización de centros públicos, garantizando de esa forma, según aclaró Viciana, que todos los estudiantes tuvieran sus prácticas. Pero las protestas se han reactivado.

Situación "crítica" y "alarmante" de la FP madrileña

La FP madrileña se encuentra en una situación que CCOO califica como "alarmante". Tras la aplicación de la nueva ley estatal de Formación Profesional (FP), que extiende la obligatoriedad de hacer prácticas en empresa también al primer curso de los distintos grados, la "mayoría" de los alumnos no encuentran plaza donde llevar a cabo esta parte de su formación, alertó la semana pasada la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, Isabel Galvín.

Explicó que la nueva normativa estatal - aprobada en 2022, pero que ha entrado en vigor este curso- ha empeorado todavía más la escasez estructural de plazas de prácticas en la FP madrileña, especialmente en los grados sanitarios y de informática. Muchos de estos alumnos, además, son todavía menores de edad, lo cual echa para atrás a las empresas a la hora de ofrecerles prácticas, sobre todo en puestos como residencias de ancianos o emergencias, expuso la portavoz del sindicato. Además, según Galvín, el tejido empresarial de la región, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, carece de la capacidad necesaria para absorber esta mayor demanda de plazas.

Para los propios alumnos, la situación es "crítica", según un comunicado difundido este lunes por el Sindicato de Estudiantes (SdE). Al "récord histórico" de no admitidos con el que comenzó el curso por falta de plazas, se suma la falta de materiales, recursos y profesores, según su denuncia. Todo ello "agravado gracias a la nueva ley educativa de FP Dual del Gobierno central que impone prácticas también en primero", exponen. Un "desastre generalizado" que en Madrid resulta "todavía peor", fruto de lo que consideran un plan orquestado del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para "seguir privatizando todo para vender al mejor postor los servicios públicos".

Ante esta situación, la entidad ha convocado una jornada de huelga general estudiantil para este jueves 30 de enero, que irá acompañada de la mencionada concentración a las 11:30 horas de la mañana frente a la Consejería de Educación del Gobierno regional. "El año pasado conseguimos, gracias a la lucha, que muchos y muchas pudiéramos realizar nuestras prácticas", expone el sindicato, haciendo referencia a cómo las protestas consiguieron solucionar la falta de prácticas para las FP sanitarias. "Siguiendo ese ejemplo, este año vamos a por todas, vamos a por el 100%", añaden.

Con esta movilización esperan conseguir prácticas para el 100% de los estudiantes, la creación de 50.000 nuevas plazas de FP públicas, sin tasas y con nuevos grados para "satisfacer la necesidad existente", y prácticas remuneradas que garanticen "los derechos del estudiante en prácticas".

Ofensiva judicial

Junto a la ofensiva parlamentaria que el PSOE replicará con preguntas, la judicial. El PSOE ha confirmado esta semana que se personará como acusación popular en el caso de los contratos parcelados de centros de FP para adjudicación a dedo. Un caso cuyo origen está en la etapa de Enrique Ossorio como consejero de Educación, ahora presidenta de la Asamblea de Madrid, y de Rocío Albert, ahora responsable de Economía y Hacienda y entonces al frente de la Viceconsejería de Educación.

Ya el pasado otoño, Más Madrid llevó a la Fiscalía hasta 342 contratos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vinculados a las supuestas irregularidades cometidas en la construcción de varios centros de FP, alegando que habían sido troceadas para su adjudicación a empresas preseleccionadas. La denuncia llegó después de que en marzo de 2024, la propia Consejería de Educación, Ciencia y Universidad llevara a la Fiscalía Provincial de Madrid los contratos de las obras del complejo educativo Ciudad Escolar, en el distrito de Fuencarral de la capital.

El equipo de Emilio Viciana recibió en septiembre, apenas unas semanas después de haber sido nombrado nuevo consejero del ramo, un burofax en el que se solicitaba al departamento el pago de unas obras realizadas en uno de los edificios de este complejo, pero no encontraron el expediente correspondiente y por eso decidieron elevarlo al Ministerio Público seis meses después, en marzo, tras una auditoría. Así empezó el caso FP, que después se ha extendido a contratos sospechosos en Alcalá de Henares, Majadahonda, Leganés o la capital y denunciados también por el PSOE.