ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
Las trabajadoras de atención domiciliaria de Madrid van a la huelga por el retraso en las mejoras salariales: "Van a ver que somos capaces"
Denuncian que la administración no ha cumplido con la promesa de aplicar la primera subida a partir de enero, como contemplaba el nuevo convenio firmado en marzo

Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) durante una manifestación celebrada el pasado 23 de noviembre en Madrid. / EUROPA PRESS | Matias Chiofalo
"Piensan que no vamos a ser capaces de hacerlo, pero van a ver que sí, porque nos jugamos mucho dinero", afirma categóricamente Isabel Calvo, trabajadora del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de la Comunidad de Madrid y presidenta del comité de CGT, sobre la huelga convocada por el sector para los próximos días. Lo que reclaman es la actualización de unos pliegos que permitan reconocer la subida salarial contemplada en el convenio colectivo firmado el pasado mes de febrero y publicado en mayo, ante lo que consideran una intención del Ayuntamiento y la Comunidad de prorrogarlos durante seis meses, hasta el próximo 30 de junio.
"Nos merecemos una subida que ha costado mucho pactarla con la patronal", reprocha Calvo. Tras muchos años de sueldos paralizados y condiciones "precarias", tanto ella como el resto de sus compañeras tenían grandes esperanzas depositadas en un acuerdo que supone "una mejora nunca antes vista" en el sector, pero que no termina de llegar. “Frente a los poco más de 17 euros por hora que se fijan para la prestación del servicio, ayuntamientos más modestos establecen cantidades de 23, 24 y hasta 26 euros la hora”, denuncia Gemma Guardo, de CCOO. “La situación acaba por suponer un deterioro del servicio”.
Rosa Moreno es una de las 12.537 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, en su caso desde hace 25 años. Cobra 1.085 euros al mes con una jornada completa, de siete horas y veinte minutos al mes. Hay compañeras, asegura, que tienen jornadas parciales y sueldos de 700 u 800 euros. “Algunas trabajan de lunes a viernes en una empresa y los sábados y domingos en otra porque el salario no les da”. Como muchas otras, empieza a las 8 de la mañana y tiene jornada partida. “Y cuando llegas a casa, empiezas también a atender a tu familia, a personas que tienes a cargo y que algunas también son dependientes", cuenta, antes de añadir que "es para echarse a llorar".
Ante esta situación, y tras varias movilizaciones y concentraciones en los meses previos, sindicatos y trabajadoras irán a la huelga los próximos días 23, 26, 27 y 30 de diciembre; así como el 2 y 3 de enero, tras el parón de las fiestas. De no conseguir sus objetivos, amenazan con convertirla en indefinida a partir del día 7. “Hemos negociado mejoras en un convenio para que se hagan efectivas. Y por eso hemos decidido salir a la calle, para que se nos reconozca", lanza Cristina Rejón, de UGT. La idea es "que tenga el mayor impacto posible", apostilla Calvo. El objetivo es que se note de verdad su ausencia y que "los usuarios protesten para que surta efecto". Además de los paros, está prevista una concentración el 23 frente al Ayuntamiento, mientras se celebra el Pleno municipal.
Incremento de la demanda y falta de presupuesto
Una parte importante de la atención domiciliaria es un servicio público, dependiente tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, subrogado a una serie de empresas que se encargan de su gestión y que funcionan mediante un sistema de copago según el nivel de renta. A día de hoy, atiende a alrededor de 85.000 usuarios a día de hoy en toda la región. Tanto el Gobierno regional como el municipal señalan como responsables de la situación al incremento de la demanda en los últimos años y, sobre todo, al Gobierno central, que aporta tan solo el 29% de la dependencia de Madrid, cuando tendría que estar financiando el 50%", según la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad.
“Estamos en el proceso de búsqueda de financiación ante el problema que nos ha generado el Gobierno de España, que no está aportando a las comunidades autónomas los recursos económicos para sufragar la atención a la dependencia”, subrayan desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento. Pese a este déficit presupuestario, una y otra administración afirman estar trabajando para sacar el nuevo expediente de contratación "a la mayor brevedad posible” - que "supondrá "un incremento de inversión superior al 80%", según la Consejería-, aunque no confirman cuándo estará listo.
La oposición municipal, sin embargo, lo ve de otra manera. “El Ayuntamiento de Madrid no tiene un problema presupuestario en este momento”, asegura Rita Maestre, portavoz en el consistorio de Más Madrid, formación que visibilizaba ayer su apoyo a las movilizaciones. “El presupuesto de 2025 contempla una subida de ingresos de 250 millones gracias a la tasa de basuras o de 200 millones de euros más de transferencias del Estado. No es un problema de liquidez, es un problema de voluntad política”.
Por su parte, la patronal sostiene que, pese a estar a favor de la subida salarial, hasta que no salgan estos contratos, las empresas prestadoras del servicio tienen las manos atadas hasta que no se resuelvan los pliegos. "La Administración nos traslada que hay una gran dificultad en obtener presupuesto suficiente para que se puedan lanzar estos nuevos contratos", señala Ignacio Gamboa, el presidente de ASADE. El directivo se muestra comprensivo con las quejas de las trabajadoras y sus bajas condiciones salariales, que redundan en la "falta de profesionales" del sector, aunque afirma que "no está en nuestra mano". "Comprendemos las circunstancias, comprendemos lo delicado del sector", expone Gamboa, antes de asegurar que desde la patronal se han ofrecido como "elemento conciliador" para facilitar una salida a la situación.
Varias mejoras sociales y laborales, aunque con un gran debe
Más allá de la notable subida salarial, que comenzará con un incremento del 10% en 2025, y la reducción de jornada, el convenio firmado en marzo introduce varias otras mejoras laborales, como una cláusula de garantía de poder adquisitivo para que se produzca una subida automática de un 3% para el año 2029, aunque no esté firmado el nuevo convenio o se esté negociando; o que, en caso de no tener jornada completa, como ocurre en el 80% de los casos, se tendrá una subida salarial adicional de un 3% en ese año.
Asimismo, el convenio también recoge numerosas mejoras sociales para las trabajadoras, como el disfrute de un día de asuntos propios por horas, el aumento de la excedencia por cuidado de familiares de 3 a 4 años o la extensión de la bolsa de asistencia médica a todas las especialidades, entre otras. Por último, el texto se ha actualizado según la nueva normativa laboral, destacando la obligatoriedad de elevar la contratación indefinida a un 80% de las plantillas, y se han añadido diversas medidas de prevención y protección.
Al otro lado de la balanza, y entre otras cuestiones de menor calado, el nuevo convenio ha dejado a deber una de las grandes reivindicaciones históricas del sector: la concesión del factor reductor en la jubilación. Según Isabel, se suponía que se iba a crear una comisión específica para abordar este asunto, pero finalmente ha quedado fuera de la negociación y no parece que la situación vaya a cambiar "en el corto plazo".
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