Las asociaciones vecinales plantean introducir la renta de los hogares como criterio para calcular la tasa de basuras en Madrid

Cuando hace tres semanas el Ayuntamiento de Madrid presentó la tasa de basuras que empezará a cobrar en 2025, miembros del equipo de Engracia Hidalgo en el Área de Economía, Innovación y Hacienda, encargado de diseñarla, comentaban en privado que había sido "un calvario". La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obliga a los municipios a establecerla mediante un sistema que garantice que cubra el coste íntegro de la recogida de residuos y que ese coste lo asuma "el productor inicial" de esos residuos pero no establece cómo hacerlo.

La fórmula a la que llegó el Ayuntamiento fue calcular el coste de esa tasa para cada hogar o local comercial en función de dos criterios. El 81% de esa tasa, lo que se conoce como tarifa básica, se vincula al valor catastral del inmueble en cuestión. El 19% restante, la llamada tarifa por generación, depende de la cantidad de residuos producidos por persona al año en cada uno de los 131 barrios de la ciudad con un coeficiente corrector vinculado a lo bien o mal que se separa en cada barrio según evaluación de los técnicos del parque tecnológico de Valdemingómez. De media, estima el Consistorio, cada hogar pagará unos 141 euros al año y cada local comercial, 310 euros.

El hecho de vincular el grueso de la tasa al valor catastral, se justifica desde Cibeles, tiene que ver con jurisprudencia previa que lo considera un criterio válido en el establecimiento de previas tasas de basuras que se pagaron en Madrid.

El proyecto de ordenanza para regularla se publicó días después de pasar por la Junta de Gobierno y se abrió el plazo para la presentación de alegaciones, que concluye el próximo lunes. Entre las entidades que han presentado esas alegaciones está la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). La entidad considera que se trata de una tasa "injusta, improvisada y poco progresiva". Y entre sus argumentos en contra uno va directamente dirigido contra esa consideración del valor catastral como referencia principal para fijar su valor.

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A juicio de la federación vecinal, "el valor catastral no refleja adecuadamente la capacidad económica de las personas que residen en los inmuebles". Por el contrario, mantienen, se debería tener en cuenta el nivel de renta de los hogares, un baremo de mayor "progresividad y justicia". La situación, aseguran en la FRAVM, es particularmente palpable en el caso de las personas que viven de alquiler. "Es habitual que viviendas con valores catastrales similares pertenezcan a hogares con ingresos muy distintos, lo que es especialmente preocupante en el caso de los arrendatarios, quienes verán repercutida la tasa sin que esta considere sus ingresos reales. Este criterio, a todas luces, es fiscalmente injusto", se lee en su escrito de alegaciones.

No deja de ser significativo cuando la cuestión de los alquileres ha sido uno de los argumentos que más ha utilizado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para mostrar su oposición al nuevo impuesto, que ha introducido, asegura, obligado por la ley y al que gusta referirse como "sanchazo". "Esta es la política de vivienda de Pedro Sánchez, una buena política de vivienda", ha ironizado en alguna ocasión: "Te encarezco el coste del arrendamiento introduciendo nuevas tasas. A los mismos que defienden topar el precio de los alquileres les da igual aprobar un impuesto que los encarece".

Esa falta de progresividad se aprecia también, asegura la organización vecinal, en relación con los locales comerciales, a los que se aplica el mismo método de cálculo independientemente de su actividad. Es un argumento que también ha incluido Más Madrid en sus alegaciones y que mostraba muy gráficamente su portavoz, Rita Maestre, al afirmar que la tasa "es la misma para una autoescuela que para un Burger King". En este sentido, la FRAVM pide al Ayuntamiento que "se aplique el criterio de actividad efectiva, basándose en la licencia de actividad o en la declaración responsable presentada, y no únicamente en el uso catastral registrado, para ajustar la tasa a la realidad de los residuos generados”.

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Para la entidad vecinal es, además, especialmente injusto lo que ocurre con las viviendas de uso turístico. Para el cálculo de la tasa de basuras se les asigna el uso catastral de inmueble residencial. "Pero nosotros entendemos que se les debe asignar el de ocio y hostelería", explica Quique Villalobos, responsable de medio ambiente de la FRAVM. "Por un lado porque tienden a generar más basura que una vivienda al uso y, por otro, porque la separación y clasificación de residuos es mucho peor, se pone mucha menos atención a esto que cuando uno está en su casa". A modo de ejemplo, según los tramos establecidos, para un inmueble residencial con un valor catastral de 80.000 euros, el importe de esta tarifa básica es de 74,71 euros. Para un inmueble con el mismo valor catastral bajo el uso de ocio y hostelería asciende hasta los 95,60 euros.

Un sistema que desincentiva

Las críticas de la federación de vecinos apuntan también contra la tarifa de generación, el segundo elemento en el cálculo de la tasa de basuras. Fundamentalmente, porque considere el barrio como unidad para calcular el coste de la recogida de residuos. Entiende la FRAVM que de esta forma se penaliza a las personas que realizan una correcta separación de residuos y beneficia a quienes en el mismo barrio no lo hacen. "Al final lo que hace este sistema es desincentivar la correcta separación de residuos", incide Villalobos, quien lamenta que Madrid no haya introducido un sistema de recogida puerta a puerta como el que existe en algunas ciudades de País Vasco, Cataluña y Baleares en los que mediante códigos de barras en las bolsas de basuras se puede determinar cuánto y cómo recicla cada hogar. "Si vas a pagar lo mismo que otra persona de tu barrio que no separa no te vas a preocupar en separar tú tus desechos", añade el dirigente vecinal.

Desde la entidad se pide que esa tarifa por generación se diseñe considerando el número de personas en cada inmueble residencial, pues esa parte de la tarifa, la misma para todo el barrio, es idéntica para un hogar en el que vivan una o tres personas, "aunque resulta evidente que no genera los mismos kilos de residuos".

Además, llaman la atención sobre cómo se ha calculado la cantidad de residuos generados por habitante al año. La media de generación de residuos por habitante al año está en el entorno de los 200 kilos. "Pero en las tablas que ha utilizado el Ayuntamiento hay barrios que están muy por encima", explica Villalobos. Cita los ejemplos de Sol (854,2 kilos), El Plantío (886,33 kilos) o Aeropuerto (1.092,31 kilos), "zonas con mucha actividad económica" donde es evidente que se carga sobre vecinos los desechos generados como consecuencia de esa presencia comercial.