Lobato propone a la militancia del PSOE un cambio en la financiación autonómica para aferrar la aportación de Cataluña

El proceso de renovación del ideario político del PSOE se ha puesto ya en marcha. Este martes por la mañana se ha remitido a todas las federaciones socialistas la ponencia de 171 páginas que servirá de base de discusión en el 41 congreso federal de Sevilla, donde, entre otras cuestiones, el partido tiene que aprobar un marco común sobre la financiación autonómica, una de las batallas ideológicas que tiene al PSOE en tensión desde el anuncio del concierto catalán. De momento, se ha propuesto un texto suficientemente ambiguo y abierto para que pueda recibir el respaldo de todos los territorios y que al mismo tiempo no choque con lo pactado en Cataluña. La base es una propuesta que frene el dumping fiscal de Isabel Díaz Ayuso y refuerce los servicios públicos mediante la solidaridad territorial y más recursos para las comunidades autónomas, tal y como adelantó ayer El PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ahora comienza el periodo de enmiendas a esta propuesta global, y el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha enviado esta tarde una carta a todos sus militantes, a la que también ha tenido acceso este periódico, exponiendo su propuesta completa para el nuevo modelo de financiación autonómica, con el ánimo de movilizar a la federación madrileña a participar en el proceso. El espíritu de su texto es templar los ánimos en los territorios, combatir los “bulos de la derecha” en este debate y ahondar en una salida que salve lo pactado por Salvador Illa haciéndolo compatible con la doctrina socialista. Lo firmado ya no se puede tocar, explican en su entorno, así que hay que jugar con esas cartas pero usarlas bien, vienen a decir.

"Justicia social"

El dirigente madrileño habla del necesario "blindaje de los servicios públicos" en Madrid, no solo de reforzarlos, y reitera que la Comunidad lleva "décadas sometida al desmantelamiento por parte del PP". La ponencia ya recoge algunas de las ideas que él detalla en su texto, como la búsqueda de la equiparación de los niveles de renta o la corresponsabilidad fiscal que frene el dumping, pero Lobato añade algunas conclusiones más. Y hay una clara: la única fórmula para lograr un consenso interno en el partido es que el nuevo modelo garantice “sin matices” el principio ideológico de la “justicia social”: Cada uno debe aportar según sus capacidades y recibir según sus necesidades.

Ese es el “límite” que los socialistas no pueden sobrepasar en cualquier modelo futuro que se apruebe. “El sistema actual no se explica por la solidaridad de una región con otra, ni la de un individuo con otros. Lo que opera es la justicia social y la justicia fiscal” con las necesidades de las familias, explica. Y su evolución futura tiene que mantener este principio frente a quienes lo cuestionan, como “Ayuso, Milei o Trump”, compara.

Esto, añade, se puede lograr si se mantiene que las aportaciones se hagan en función de la “capacidad económica” de quien aporta: “No puede haber otro criterio”. Precisamente quién contribuye es la otra cuestión que aborda en su texto.

Quién recauda y la capacidad económica

El dirigente madrileño esgrime que ceder la gestión de los impuestos a un territorio, el que sea, no tiene por qué ser un problema: “Seamos claros. Se puede modificar quién realiza la aportación al Estado". Reconoce que sí puede implicar alguna limitación a la capacidad fiscal del Estado para establecer su progresividad, pero se ampara en los artículos 31 y 133 de la Constitución para aseverar que es posible y que no debería afectar al sistema de financiación, al tiempo que añade que si este cambio se aprueba para Cataluña debe ser también aplicable a otras comunidades que lo pidan. “No hay un modelo más de izquierdas o más derechas, ni más centralista o menos. Es una cuestión de eficacia y eficiencia". Y el efecto será "prácticamente neutro", según su análisis.

Los catalanes, explica, proponen hacerlo a través de dos cuotas, una que financie los servicios que presta el Estado a esos territorios – como ocurre con el cupo vasco- y otra de solidaridad – que Lobato prefiere llamar de “justicia territorial”- para financiar los servicios de otras comunidades autónomas.

“Esta aportación no puede ser aleatoria, caprichosa ni fruto de un acuerdo espontáneo entre las partes, susceptible de ser fijado o alterado por razones distintas a la capacidad autonómica”, explica categórico. Y vuelve a insistir: si en ese modelo no opera la justicia social a través de una aportación acorde a la capacidad económica de cada territorio, el sistema no sería “compatible con el ideario y modelo de país que representa el PSOE”.

Corresponsabilidad fiscal

Respecto a la fórmula para establecer el importe que cada territorio debe recibir o aportar al fondo común, reflexiona que la “singularidad” se define añadiendo a los criterios de población, la dispersión geográfica, envejecimiento o insularidad. Pero añade uno nuevo: la corresponsabilidad fiscal que ya recoge la ponencia y que apunta directamente a Isabel Díaz Ayuso. “Se evitaría así la contradicción que supone que algunas CCAA eliminen los impuestos, particularmente a grandes fortunas y rentas altas, y a la vez exijan más financiación al Estado", señala en su carta.

Lobato apunta también cómo debe entenderse el principio de ordinalidad. Rechaza frontalmente que quien más aporte sea quien más reciba, algo “inaceptable” con el ideario socialista, pero sí que tras el reparto no se produzcan saltos en los niveles del PIB, algo que en realidad ya recoge el Estatut en su artículo 206.5, donde dice que se debe garantizar que no haya alteración “en la ordenación de rentas per cápita”.

En cualquier caso, deja claro que es la LOFCA, y por lo tanto la mayoría absoluta del Congreso, la que debe determinar esa fórmula que define el importe que aporta o recibe cada territorio. Y cree que esto es compatible con el acuerdo PSC-ERC porque “no establece en ningún sitio que dicho importe deba determinarse por acuerdo político en cada momento para fijar su cantidad”. “Sería además de esta manera irrelevante para su cálculo quién y cómo gobierna en cada momento en la comunidad autónoma afectada y en el gobierno central”, concluye.