EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
El desahucio de madrugada de la Casa Orsola, pospuesto 15 días tras la movilización ciudadana
Se abre ahora un paréntesis, hasta el 18 de febrero, en el que podría establecerse algún tipo de negociación con la propiedad para que reconsidere sus objetivos

El primer intento de desahucio de la Casa Orsola, el pasado 31 de enero. / ZOWY VOETEN
Carles Cols
El desahucio agendado por el juez a las cinco de la madrugada del 4 de febrero en la Casa Orsola ha sido pospuesto 15 días y a una hora, si es que eso importa en estos casos, más razonable, a las nueve y media de la mañana. Lo ha anunciado uno de los colectivos que se ha puesto al frente de esta batalla vecinal de la ciudad contra los fondos de inversión y sus planes de echar inquilinos para realquilar por temporadas y a precios exorbitantes sus viviendas, el Sindicat de Llogateres. ¿El motivo del aplazamiento? Según el portavoz del sindicato, Enric Aragonès, es fácil de deducir. La movilización prevista para la próxima madrugada prometía ser, pese a las horas elegidas, mayor incluso que la del anterior intento, así que el sentido común han aconsejado evitar lo que podía ser una noche de mayúsculos enfrentamientos.
Se abre ahora un paréntesis de 15 días, hasta el 18 de febrero, en el que podría establecerse algún tipo de negociación con la propiedad para que reconsidere sus objetivos. El Síndic de Greuges de Barcelona desea mediar, pero, según Aragonès, este paréntesis de 15 días podría ser aprovechado para muchas más cosas que esa difícil mediación. En primer lugar, podría aprobarse en el Congreso de los Diputados una regulación más restrictiva de los llamados alquileres de temporada y de habitaciones, que en el caso concreto de la Esquerra de l’Eixample, donde está la Casa Orsola, son casi una pandemia inmobiliaria. A apenas cuatro calles de distancia, por ejemplo, en la Casa Fajol, una alianza de dos empresas, una holandesa y otra española, pretende expulsar a los vecinos de la Casa Fajol para convertir sus viviendas en habitaciones de alquiler, una fórmula que les permite multiplicar sus beneficios, aunque sea a costa de gentrificar el barrio.
El 30%
En segundo lugar, según el Sindicat de Llogateres, este periodo de reflexión que abre la suspensión del desahucio de Josep Torrent, el vecino afectado en primera instancia, es una oportunidad para que el Ayuntamiento de Barcelona reconsidere su pretensión de anular la reserva de un 30% en las promociones o rehabilitaciones de inmuebles a pisos sociales. El equipo de Jaume Collboni sostiene que la medida, una de las banderas del equipo de Ada Colau, se ha mostrado ineficiente. Según el sindicato, sin embargo, ha actuado a modo de muro de contención para que los fondos de inversión no hayan comprado más fincas completas estos últimos tres años. En caso de anularse la norma, vaticinan, el desembarco de capital inversor será catastrófico para los vecinos que viven de alquiler.
Más allá de lo que suceda en los próximos 15 días, la movilización que ha desencadenado la Casa Orsola va camino de convertirse en un referente que se citará a menudo. En palabras de Aragonès, ha sido la demostración de que no conviene irse en silencio de un piso cuando llega el temido burofax. El hartazgo, en su opinión, es tan mayúsculo y compartido que no sería extraño que el próximo 18 de febrero, si es necesario, una nueva movilización frente a la Casa Orsola impida de nuevo el desahucio. Por lo pronto, para mantener en marcha los motores, el Sindicat de Llogateres mantiene en pie la cita prevista para las nueve de la noche de este lunes 3 de febrero, pero no como preludio de la larga madrugada prevista, sino como celebración de la victoria cosechada.
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