Empate entre bloques con el gomero Curbelo de nuevo decisivo

Dialogar, pactar y conseguir gobernar en Canarias supone siempre un esfuerzo ímprobo de equilibrios, contraprestaciones y contenciones. Cada partido intenta maximizar la rentabilidad de sus decisiones –o neutralizar el daño de las mismas- en todo el tablero político poselectoral. En los años noventa se intentaron repetidamente “pactos en cascada” que involucrasen a Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos. Fracasaron. Los líderes no pudieron disciplinar a sus cargos públicos. Pero ahora el control de un cabildo, como el de los principales ayuntamientos de las islas, está implícito en cualquier estrategia para alcanzar el poder autonómico. Y también -relativamente- viceversa.

Durante varias legislaturas, Coalición Canaria mantuvo la centralidad del sistema político canario. La triple paridad y unas barreras electorales excepcionalmente elevadas –se necesita un 30% del voto en cada circunscripción insular o un 6% a nivel regional para entrar en el reparto de diputados– ahormaron una cámara legislativa con tres únicas fuerzas: Coalición, PSOE y PP. Esta doble barrera condenó al 20% de los votos emitidos a quedar sin representación y propició situaciones tan abracadabrantes como que CC, el partido menos votado de los tres, consiguiera el mayor número de escaños gracias a una presencia más regular en todas las islas. La mineralización de la representación política tendía a la perfección. En este marco, los nacionalistas siempre se las arreglaron para ser quien elige socio, suscribiendo pactos de gobierno con socialistas o conservadores. El nuevo régimen electoral ha acabado con este tripartidismo. Además de la introducción de la lista regional, las barreras electorales se rebajaron: un 4% en la circunscripción regional y un 15% en las insulares. Desde 2019 el Parlamento es más plural, con siete partidos con representación.

Así están las encuestas de las elecciones en Canarias 2023

El objetivo de desalojar a Coalición Canaria del poder, después de 26 años al frente del Gobierno autónomo, llevó a un pacto entre socialistas, nacionalistas de izquierda (Nueva Canarias) y Podemos, apoyados por una escisión del PSOE, la Agrupación Socialista Gomera, creada y liderada por Casimiro Curbelo. El antiguo tripartidismo ha sido sustituido por un bibloquismo: PSOE, NC y Podemos, por un lado, y Coalición Canaria y el Partido Popular, por otro.

Casimiro Curbelo, con tres diputados obtenidos en la circunscripción de La Gomera con poco más de 5.000 votos, es el que garantizó la mayoría parlamentaria para posibilitar el Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres. Las encuestas señalan un virtual empate entre el centroderecha y el centroizquierda en Canarias. Curbelo resultará a buen seguro decisivo para articular una mayoría, con lo que crecerá aún más su extraordinaria influencia en el Ejecutivo. Por último, la muy probable entrada de Vox con dos o tres diputados –hasta ahora Vox no ha conseguido ninguna representación en la Cámara, ni en Cabildos o ayuntamientos- puede hacer que la mayoría parlamentaria fáctica se quede en 33 diputados. Porque Vox ni votará a la izquierda ni se unirá a una mayoría encabezada por una fuerza nacionalista. Vox practicará en Canarias su habitual filibusterismo parlamentario y dificultará todo lo posible cualquier consenso.

Como en el resto del Estado, en Canarias se ha instalado una política de bloques que divide a los más de 1.720.000 canarios están llamados a las urnas en las elecciones locales y autonómicas convocadas para el próximo día 28. Las elecciones decidirán los gobiernos en tres ámbitos distintos: local, insular y autonómico, aunque los ciudadanos se encontrarán con cuatro papeletas en los colegios electorales. El sistema político, institucional y electoral de Canarias presenta algunos rasgos propios que sin duda explican la complejidad de su dinámica política, la imperiosa necesidad de equilibrios a menudo malogrados, la obligatoriedad de los pactos y el gusto por la fragmentación tribal, isloteñista y localista. La política canaria es una selva pululante que no se suele desbrozar con machetes, sino con hojillas de afeitar para cortar arterias ajenas y cambiar de aspecto y de socio en un instante.

Durante largos años (entre 1983 y 2019) el Parlamento de Canarias estuvo compuesto por sesenta diputados elegidos por un método conocido como la triple paridad, ocurrente ingeniería electoral consensuada entre los redactores del Estatuto de Canarias de 1982, que establecía la isla como circunscripción electoral. Canarias carecía –obviamente -- de cualquier experiencia parlamentaria. Primera paridad: las islas capitalinas – Gran Canaria y Tenerife – tenían el mismo número de escaños cada una: quince. Segunda paridad: cada provincia (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro por un lado y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por otro) elegía 30 diputados. Tercera paridad: las islas no capitalinas sumaban quince escaños en una y una provincia. En el fondo era un sistema unicameral que armonizaba criterios de representación popular y territorial, con un alto coste de desigualdad para la primera.

La triple paridad quedó afectada, pero no desapareció, con una reforma electoral cuyos principios se incluyeron en el nuevo Estatuto de Autonomía de 2018 y que se desarrolló legalmente después. Fuerteventura pasó a tener ocho diputados. Y se instituyó una lista electoral de nueve diputados, votados en todas las islas. Por eso, en los colegios electorales que se abran el día 28, los electores votarán a dos listas al Parlamentos: la de su circunscripción insular y la regional. En todo caso la irrupción de la lista regional no ha supuesto ni la superación de tentaciones insularistas ni el chantaje de pequeños partidos sobre el Gobierno autónomo, como ha ocurrido en esta legislatura con la Agrupación Socialista Gomera, liderada por Casimiro Curbelo, una escisión del PSOE.

El juego de cajas chinas de la triple paridad se nutría (y se nutre) de dos razones políticas con hondas raíces históricas. Una es el pleito insular que durante siglo y medio enfrentó a las burguesías agroexportadoras de Tenerife y Gran Canaria a través de una insuficiente y frustrada modernización del país para alcanzar la hegemonía regional, una hegemonía no solo tanto en términos exclusivamente económicos, sino también como instrumento de relación con Madrid. Gran Canaria y Tenerife debían contar, por lo tanto, con la misma representación, al igual que el sumatorio de sus respectivos satélites insulares. Pero, simultáneamente, las islas periféricas desconfiaban de la férula de las islas capitalinas – una desconfianza acentuada en los últimos años del siglo XIX y principios del XX -- y su mayor peso demográfico, económico y, al cabo político e ideológico.

Fue un abogado de Fuerteventura, Manuel Velázquez Cabrera (1863-1916), quien impulsó entre innumerables incomprensiones y menosprecios el proyecto de dotar a cada isla de un órgano propio de gestión administrativa, para mejorar la administración pública, desde luego, pero también para eludir así, en lo posible, tanto la indiferencia de las islas mayores como la estúpida ignorancia que se acumulaba en los ministerios sobre la realidad insular de Canarias. Otros dos letrados, el lanzaroteño Benito Pérez Armas y el palmero Pedro Pérez Díaz, aportaron su influencia y sus propuestas desde sus respectivas islas y responsabilidades. Y finalmente, con la llegada al poder del liberal más regeneracionista entre los liberales españoles, José Canalejas, se promulgó la conocida como ley de Cabildos Insulares en 1912, cuatro meses antes de que fuera asesinado por un anarquista en la Puerta del Sol.

La ley de Cabildos supuso una transformación estructural en la historia política y administrativa de Canarias al introducir novedades en la organización institucional y territorial desde un reconocimiento a las singularidades del archipiélago, aunque existieran antecedentes, por supuesto. Los cabildos elegidos en 1913 rompieron la ley de 1822 que dividió España en provincias, y en virtud de la cual Canarias entera quedó integrada en una única entidad provincial con capital en Santa Cruz de Tenerife (las creación y delimitación de dos provincias no llegarían hasta 1927). Los cabildos fueron reconocidos en la Constitución de 1978 y después de varios parches y añadidos, su actualización culminó en la let 8/2015 de Cabildos Insulares.

En la Península se suele practicar una equiparación falaz entre cabildos y diputaciones provinciales. Las diputaciones son a menudo entidades administrativas casi residuales. Los cabildos, en cambio, son órganos político-administrativos de gran potencia y han asumido competencias e incrementado sus presupuestos sensiblemente en los últimos treinta años. El Cabildo de Tenerife dispone de unos presupuestos que rozan los 948 millones de euros; comparativamente, el de la diputación provincial de Valencia –con un PIB per cápita superior al de Canarias – apenas llega a los 646 millones. El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, gastará este año un total de 847 millones de euros aproximadamente. El Cabildo tinerfeño tiene alrededor de 1.500 empleados –funcionarios y laborales -- y el de Gran Canaria unos 1.800. Se comprenderá la extraordinaria relevancia política y electoral de unas instituciones que han gozado tradicionalmente de la simpatía de los ciudadanos isleños (gastan, invierten y contratan pero no cobran impuestos: se financian casi exclusivamente con transferencias de capital provenientes de la recaudación fiscal del Gobierno autónomo) y cuyo control –como el de las capitales insulares -- deviene además indispensable para obtener buenos resultados al Parlamento de Canarias.

Por último quedan los ayuntamientos. Canarias tiene una extensión terrestre de unos 7.447 kilómetros cuadrados, pero más de un 40% son parques naturales y espacios y parajes protegidos. En el otro 60% de asienta la población en nada menos que 88 municipios con sus respectivos ayuntamientos y alcaldes, desde Pájara (Fuerteventura) con 383 kilómetros cuadrados a Puerto de la Cruz (Tenerife) con apenas 8,83 kilómetros cuadrados, ambos municipios turísticos. Aunque hace décadas que se debate –generalmente en voz muy baja – sobre el exceso injustificable de municipios en Canarias todavía en 2007 se creó uno nuevo, el Pinar, en la isla más pequeña, El Hierro. El sentido común administrativo y territorial indica que ordenar y simplificar el mapa municipal debería asumirse como un objetivo estratégico a medio plazo. Pero ninguna fuerza política está dispuesta a asumir el desgaste.

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