'CASO CUARTELES'

El ex jefe de Ávila pide despejar dudas ante la jueza: justificó ingresos en efectivo con una 'herencia' de su suegra

Quiere prestar declaración para demostrar que no participó en las irregularidades cometidas en Ávila, de cuya comandancia estaba al frente

Un informe de la Guardia Civil determinó que el teniente coronel ingresó 21.500 euros en 2016 y 2017 "cuyo origen no ha podido ser determinado"

Carlos Alonso, investigado en el Caso Cuarteles.

Carlos Alonso, investigado en el Caso Cuarteles. / Nacho García

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El ex jefe de la Comandancia de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, uno de los cuatro imputados en el Caso Cuarteles, ha pedido declarar de manera voluntaria ante la jueza Isabel Durántez, que instruye el caso en Madrid, para demostrar que no participó en las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras que se investigan en al menos 26 comandancias de la Guardia Civil en Ávila.

Fuentes jurídicas han confirmado que la defensa de Alonso Rodríguez ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid para solicitar que se le tome declaración de nuevo, tal y como adelantó 'Vozpópuli' y confirmó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ya que solo llegó a comparecer en sede judicial cuando el procedimiento se investigaba en los juzgados de Ávila, antes de que el caso se enviara a Madrid.

En aquella ocasión, tal y como adelantó este periódico, Alonso ya señaló que la contratación con las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, otro de los imputados, le "vino determinada" directamente del también investigado Pedro Vázquez Jarava, el teniente general al cargo de la Subdirección General de Apoyo, desde la que se "descentralizó la asignación presupuestaria para el pago" de obras por toda España, entre ellas 120.000 euros para las de Ávila.

Si finalmente es citado a declarar, Alonso deberá aclarar, entre otros asuntos, varias dudas que existen sobre su participación en el caso, como si tenía constancia de que las empresas de Mon pasaban facturas sin haberse ejecutado los trabajos, algo que declaró uno de los testigos del caso, un alto cargo en la Comandancia de Ávila en los años en que se produjeron los hechos, 2006 y 2017. También deberá responder, previsiblemente, sobre los ingresos de 21.500 euros en efectivo en sus cuentas bancarias "cuyo origen no ha podido ser determinado", según el informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso. 

"Estas imposiciones de dinero en efectivo, relacionadas a continuación, se realizan, con carácter general, el mismo día o en las fechas previas a que se produzcan determinadas necesidades de pago (cuotas mensuales de amortización de préstamos, cargos con operaciones de crédito...)", señalaba el informe de Asuntos Internos, que precisaba las fechas y los importes de los citados ingresos, que oscilaban entre los 1.000 y 6.000 euros.

En el citado informe, los investigadores analizaron el capital inmobiliario y mobiliario que pudiera poseer el teniente coronel entre abril de 2015 y noviembre de 2017, cuando fue jefe de la Comandancia de Ávila y se adjudicaron a empresas del contratista imputado obras finalmente cobradas pero no ejecutadas o ejecutadas únicamente de manera parcial. En todo caso, tanto en fuentes jurídicas como de la investigación realizada por el instituto armado, no se ha puesto por el momento el foco en un supuesto aumento patrimonial injustificado del mando, centrándose las pesquisas en su caso en presuntas falsedades documentales.

Ante el informe de la Benemérita, la defensa de Alonso Rodríguez presentó un escrito ante el juzgado en el que insistió en que resultaba "evidente y constatable" que no tenía ingreso alguno que no correspondiese a su "nivel de ingresos declarados". "No existe incremento patrimonial significativo", aseguró en su escrito.

Traspasos de una de las tarjetas de crédito

Entre otros argumentos, el abogado del teniente coronel explicó que el mayor ingreso, el de 6.000 euros, provenía "de un préstamo entre hermanos", algo "fácilmente constatable puesto que Javier sacó los 6.000 euros de su cuenta de ING y acto seguido" procedió a ingresarlo en la de su hermano Carlos.

"De la suma de 15.000 [el restante], a su vez, debemos determinar que 7.000 son ingresos realizados en los meses de febrero y marzo de 2016, mucho antes de que acontecieran los hechos investigados, y 4.000 durante los meses de octubre de 2017, un año más tarde de los hechos investigados, realizados utilizando tarjeta de crédito, por lo que no se trata de un ingreso si no de un traspaso de una de las tarjetas de crédito de mi representado a su cuenta corriente", precisa el abogado.

Entre algunas de las explicaciones al resto de efectivo que se ingresó en las cuentas, la defensa señala que el matrimonio "inicia el ahorro en metálico en 2010, fluctuando las cantidades disponibles según los gastos y capacidad de ahorro", y que la "suegra" del alto mando de la Guardia Civil, que convivió con ellos durante dos años, falleciendo en 2010, les dio dinero en efectivo para gastos en "vida". Un dinero que habrían ingresado en años posteriores para ahorrar.

"Otra explicación a alguna entrada de dinero es que habitualmente ante gastos comunitarios con familia o amigos (cena, regalos, etc..) mi representado y su esposa eran los encargados de asumir el pago con las tarjetas de crédito o débito, afrontando las otras partes su reembolso mediante metálico que facilitan al matrimonio. Este dinero es ingresado por el matrimonio y contribuye al ahorro doméstico", dice el abogado en el escrito.

Además, la representación letrada del teniente coronel incidió en que nada tenía que ver con los hechos que se investigan en otras comandancias ajenas a la de Ávila y que la instrucción le había causado un "daño gratuito" a su "imagen personal y a la de su mujer". En aquella ocasión solicitó que se le apartase de la causa como investigado y que cambiara su condición a la de testigo, algo que no ocurrió.

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El pasado 20 de febrero, la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid dictó un auto que desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa del teniente coronel, actualmente destinado en la Comandancia de Madrid, contra la decisión de la instructora, la jueza María Isabel Durántez, de mantenerle imputado y no sobreseer las actuaciones.

En la resolución, los magistrados Ángela Acevedo, Francisco Manuel Bruñén y Juan Bautista Delgado apuntaron hasta siete razones para mantener al teniente coronel Alonso como investigado en el procedimiento y desgranan los indicios que existen hasta el momento contra él. Todos ellos "permiten inferir una secuencia fáctica en la que concurren elementos como un aumento de crédito a final de año para la realización obras menores" entre otras, de pintura, en cuarteles en la provincia de Ávila, así como la recomendación de que se adjudiquen a un empresario en concreto con domicilio en Lanzarote y cuyas mercantiles tienen su sede en dicho lugar.