'CASO CUARTELES'

Interior sospechaba de las obras en cuarteles de la Guardia Civil antes del cese del teniente general Jarava

Desde que se investiga el 'caso Cuarteles', una orden interna manda en el instituto armado extremar la vigilancia contra estafas en las contratas

La despedida del teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava

Ceremonia de despedida por pase al retiro del teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava. /

Hacía poco más de un mes que el nombre del teniente general había llegado a un juzgado de instrucción de Madrid, previamente investigado por otro de Ávila, cuando se distribuyó a las comandancias de la Guardia Civil una llamativa orden interna. La emitía el Mando de Apoyo, la subdirección general que Jarava había gobernado. Es la instrucción 1/2022. Su introducción justifica: “Los diferentes informes y recomendaciones de los distintos órganos de control interno y externo han hecho necesaria la aprobación, por parte de esta Jefatura, de esta nueva Instrucción para la gestión de los contratos menores en la Guardia Civil”.

Estaba ya en marcha una investigación judicial sobre esa gestión de contratos menores. Una orden que en otro tiempo se hubiera considerado redundante o innecesaria ahora intenta no dejar hueco a irregularidades, sisas y desfalcos extremando el control de las contrataciones de obras.

El procedimiento, como siempre, sigue la Ley de Contratos del Estado, pero su texto dice que se trata de “impulsar y mejorar la aplicación de los objetivos de disciplina presupuestaria y transparencia en el ámbito de la Guardia Civil”.

Pulso en la cúpula

De transparencia en las contratas de obras y suministros se hablaba en 2017, el último año de carrera de Jarava, en un pulso interno de la Secretaría de Estado de Seguridad con el teniente general. “Vimos cosas que no nos gustaban -relata a este diario el entonces secretario de Estado, último del gobierno del PP, José Antonio Nieto-. Había procedimientos poco rigurosos. No nos parecía que hubiera un método transparente”.

En primavera y septiembre de 2017 -refieren fuentes del equipo de Interior de la época-, la Secretaría de Estado había pedido reformas en el Mando de Apoyo de la Guardia Civil: que “se cambien los hábitos o se cese al responsable”, aclara Nieto que exigió entonces.

El teniente general Jarava, en la jura Bandera de la 100ª Promoción Colegio Guardias Jóvenes de Valdemoro. A su izquierda, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

El teniente general Jarava, en la jura Bandera de la 100ª Promoción Colegio Guardias Jóvenes de Valdemoro. A su izquierda, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. / G.C.

Una denuncia anónima, como ya ha adelantado este diario, puso a Asuntos Internos de la Guardia Civil sobre la pista de las falsedades y cohechos que ahora se revisan en el 'caso Cuarteles'. Fue en mayo de 2018, cuando la etapa del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido estaba a punto de terminar. A la secretaría de Estado de Seguridad ya habían llegado antes otras quejas sin remitente. Alguna señalaba también al teniente general Jarava por supuestas irregularidades en el aprovisionamiento de barcos de la Guardia Civil. Una revisión interna las descartó.

El pulso por Jarava, el hombre al que el ministro anterior, Jorge Fernández Díaz, había concedido la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, terminó como defendía la cúpula del Cuerpo: que no sería necesario el ruido de un cese con expediente disciplinario estando ya tan cerca su jubilación. El 19 de diciembre de 2017 se despedía de la bandera en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), en una ceremonia de adiós; un mes después su cese por “pase a retiro” aparecía en el BOE firmado por Zoido.

Pero antes de la despedida en Valdemoro las aguas se habían removido en el generalato de la Guardia Civil. El 7 de diciembre, ascendía a teniente general, sin que se hubiera aireado demasiado una vacante, Ángel Gozalo, el jefe del instituto armado que había mandado Catalunya durante el convulso estallido del procés.

Cinco meses después el BOE ratificó lo que a Gozalo se le había pedido: se le daba el máximo de estrellas para poner orden en el Mando de Apoyo. Tras caer el gobierno Rajoy en la moción de censura, el nuevo ministro Marlaska reafirmó en el cargo a Gozalo.

Los encargos al constructor canario Ángel Ramón ‘Mon’ Tejera cayeron de su pico máximo hasta llegar a cero en abril de 2019. No se puso por escrito, pero en las comandancias ya no era bien recibido. Salvo en Tenerife.

A comienzos de 2019, otra orden interna, previa a la 1/2022, mandó estrechar la vigilancia contra la picaresca y las tentaciones de los contratistas.  

Facturas ratón

“Demasiado grande, demasiado extenso”, resume un ejecutivo civil de Interior cuando este diario le pregunta cómo la inspección contable de un ministerio pudo tragarse los goles de Jarava y Tejera . “Demasiado grande y demasiado extenso”, dice para explicar por qué la Intervención Delegada de Hacienda en Interior no puede centralizar el control de cada gasto en los inmuebles de la Guardia Civil.

En 2017, el año final de su carrera, la subdirección del teniente general Jarava repartía apoyos y dinero entre un emporio inmobiliario de 2.382 cuarteles y casas-cuarteles por toda España, sin contar otras dependencias: garajes, corrales, edificios abandonados, cuadras, academias, embarcaderos, talleres, oficinas de atención y garitas de todo tipo que, pese a los centenares de referencias eliminadas de los registros por seguridad, ocupan un Excel interminable.

En 2016, el año en que Tejera multiplicó por cuatro su facturación con la Guardia Civil, mecánicamente se visaban en Interior los papeles que enviaban ya visados los cuarteles a las comandancias, y estas a las jefaturas de zona, y estas a la Dirección General en la calle madrileña de Guzmán el Bueno.

El procedimiento 'Trámites de Obras' del Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil ordena que en las facturas que envíe cada unidad de la Benemérita “debe reflejarse la recepción de conformidad de la obra” (precisamente el trámite de sellar y firmar por el que ahora están siendo investigados comandantes y tenientes coroneles en, al menos, las comandancias de Ávila, Tenerife y Alicante).

Pero esa vigilancia es especial en los grandes contratos de la clase “en firme”, no tanto en el menudeo de las obras menores, muchas de no más de 5.000 euros, cuyas facturas se colaron como ratones entre los grandes capítulos de gasto.

La Intervención de Interior, entonces como hoy, se relaciona con el Gabinete de Coordinación y Estudios. Al frente estaba un coronel de la Guardia Civil, Juan Hernández Mosquera. Estuvo solo unos meses. Hoy es el general jefe de Zona de Canarias que ha propuesto el cese del teniente coronel José María Tienda porque el caso Cuarteles impactaba ya en su capacidad de mando sobre la Comandancia de Tenerife, la que más obras encargó a Mon Tejera.

La cremallera verde y azul a veces es importante en Interior. Entonces el jefe de Coordinación era guardia civil, y en la Intervención operaba una comisaria de Policía, Inmaculada Soto. Y seis desbordados funcionarios, recuerdan testigos de esa época.  

Al final no fue la Intervención sino un anónimo lo que inició las pesquisas. Los guardias que antes de vestir el uniforme llevaron el mono de albañil perciben las ñapas en sus cuarteles más que lo pueda hacer la Intervención de las zonas. El interventor ve facturas, no calidades del yeso. Hay pocos interventores, siete; un puesto que oficiales del Ejército cubren por la vía de solicitud de plazas vacantes.

Operarios sin herramientas, paredes con una sola mano de pintura nueva, muros picados pero sin picar, puertas con parches de yeso y pintura por encima, contadores de gas colocados en dormitorios porque la sisa en tubería que ha hecho el contratista no da para llevarlos hasta la cocina… Esos guardias de base se daban cuenta de la chapuza más que los oficiales a los que ahora investiga Asuntos Internos por haber firmado, la sospecha de falsedad documental que mueve el caso Cuarteles