DERIVADA CASO MEDIADOR

Así sorteaban la ley Jarava y 'Mon' para las adjudicaciones irregulares de obras en cuarteles de la Guardia Civil

Se aseguraban de que los contratos no superasen los 50.000 euros para que fueran considerados menores

Cuando se hacían prospecciones de mercado en las comandancias solían ser entre empresas del propio 'Mon'

El teniente general Vázquez Jarava, de uniforme con el entonces director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en una celebración de veteranos el 24 de octubre de 2014.

El teniente general Vázquez Jarava, de uniforme con el entonces director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en una celebración de veteranos el 24 de octubre de 2014. / Guardia Civil

¿Cómo pudieron realizarse tantas obras sospechosas en cuarteles de la Guardia Civil repartidos por toda España sin que, durante años, saltasen las alarmas? Pues entre otras cosas porque el teniente general de la Benemérita Pedro Vázquez Jarava, ahora en la reserva e imputado en un juzgado de Madrid, y el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon' (investigado asimismo en los tribunales madrileños y citado también en la investigación del caso Mediador), idearon un modelo de actuación para tratar de sortear la ley. Al menos, así se desprende de un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se apunta que las adjudicaciones de obras bajo sospecha en varias provincias españolas no sobrepasaban el límite de los 50.000 euros que marca la ley, límite para que un contrato deje de ser considerado menor en la administración y reciba un mayor escrutinio.

Así, 'volando bajo el radar', y según atestigua un informe de Asuntos Internos al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y otros diarios de Prensa Ibérica, 'Mon' habría llegado a facturar con sus empresas en contratos con la Guardia Civil más de 3,3 millones de euros entre 2008 y 2019. En ese mismo documento de la Guardia Civil se detalla cómo una gran cantidad de contratos menores en los que resultaron adjudicatarias las diferentes empresas del empresario 'Mon' rondaron esa frontera establecida por la ley en 50.000 euros sin contar impuestos. Se dio la circunstancia, además, de que muchos de ellos estuvieron cercanos en el tiempo y se produjeron en las mismas comandancias, "una proximidad temporal" que podría haber favorecido que una obra mayor fuera realizada a través de varios contratos menores.

Además, para llevar a cabo esos pagos de baja cuantía también se utilizaron, según se explica en el informe de Asuntos Internos, los anticipos de caja fija, que es un procedimiento de justificación de gasto del Cuerpo para agilizar los gastos menores necesarios en el día a día de las comandancias.

Todos estos contratos se adjudicaron en comandancias repartidas por numerosas provincias españolas, tanto insulares como peninsulares, como Murcia, Alicante, Badajoz, Castellón, Ávila, Algeciras, Jaén, Castellón o Santa Cruz de Tenerife. Esto provocó un "incremento considerable y aparentemente inusual de la cuantía facturada a la Guardia Civil" por parte de las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', el empresario que aparece además nombrado en los sumarios de los casos Mediador y Unión.

Lo hicieron, además, pese a que en algunos casos desde las comandancias hayan testificado que "ni se realizaron estudios previos ni tampoco se solicitaron", e incluso en algunos acuartelamientos se llegó a decir que "bajo su punto de vista y por distintas razones no eran necesarios los trabajos de pintura" que les habían sido facturados.

Prospección entre empresas del propio 'Mon'

A finales de 2019, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil empezó a preguntar por cuatro de las compañías de 'Mon' que habían recibido contratos de obras con la Benemérita y por las condiciones que rodearon a cada una de las adjudicaciones. De acuerdo al informe resultante se señaló, por ejemplo, que "no consta prospección de mercado en la mayoría de los contratos menores analizados", y que, cuando se valoraron distintas ofertas y posibilidades, "casi siempre las únicas consultadas" eran empresas propiedad del mismo Tejera de León.

En este sentido se ponen como ejemplo unas obras en Navarredonda de Gredos, Ávila, la provincia en la que arrancó el caso y en la que el jefe de la Comandancia entre 2015 y 2017, Carlos Alonso, fue el primero en señalar al teniente general Pedro Vázquez Jarava, ahora en la reserva, como responsable de recomendarle contratar a las empresas de 'Mon'.

A esa obra en Navarredonda de Gredos, que se adjudicó en teoría porque Jarava tenía "interés" en que se probara el producto de impermeabilización de la empresa de Tejera, los pintores "se presentaron sin ningún tipo de pintura", por lo que un cabo de dicho cuartel tuvo que ayudarles a comprar en la zona tanto el material como la maquinaria necesaria.

Allí, relata el informe, se llevó a cabo un contrato menor por valor de 49.976 euros, es decir, al límite de lo permitido por la ley para seguir siendo considerado como tal, y se le pidió presupuesto a tres empresas: dos propiedad de Tejera de León y otra "vinculada a él por relaciones laborales y societarias". Una situación similar en cuanto a cantidades y empresas involucradas se produjo en obras realizadas en otros acuartelamientos como el de Pliego (Murcia) o el de Fuente de Cantos (Badajoz).

"Proximidad temporal" de los contratos

Las obras realizadas en cuarteles de la Guardia Civil, que se produjeron al menos entre 2008 y 2019, terminaron granjeando a las empresas de Tejera de León más de 3,3 millones de euros facturados en apenas una década. Sin embargo, el periodo de máxima actividad fue entre finales de 2013 y el arranque de 2017.

En cuanto a las actuaciones tramitadas como anticipo de caja, la investigación destaca veinte facturas emitidas en poco más de un mes, precisamente entre los días 14 de octubre y 21 de noviembre de 2016, por un importe conjunto de 95.693 euros por trabajos de pintura en acuartelamientos de Tenerife.

En un periodo similar, entre el 8 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016, las mismas empresas y el trabajador autónomo vinculado con Tejera de León emitieron 26 facturas que totalizan 120.000 euros más referidas a los acuartelamientos de Ávila. Además, según se deduce de las declaraciones testificales con los responsables de dichos cuarteles, "no fueron ejecutadas pese a haber sido facturadas y certificadas de conformidad a su realización".