Asuntos Internos de la Guardia Civil pidió al juez interrogar sobre corrupción a jefes de 13 comandancias

Fueron 193 obras y 2,9 millones de euros gastados por la Guardia Civil en trabajos dudosos y cobrados por el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, citado en el caso Mediador. Las obras y el montante ahora integran la investigación judicial sobre supuesta corrupción en la concesión de contratos en cuarteles del instituto armado. Para reunir la información pormenorizada sobre cada encargo del 'caso Cuarteles', la sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil requirió documentación a 13 comandancias en las que se detectó el rastro de cuatro sociedades propiedad de Mon.

Como consecuencia de este rastreo, el coronel jefe de Asuntos Internos de la Guardia Civil instó al juez de instrucción 2 de Ávila "oír declaración en calidad de testigos a los responsables de los acuartelamientos donde debían ejecutarse los trabajos facturados". Así concluye en un informe de investigación elevado a la autoridad judicial el 24 de enero de 2020, uno de los documentos clave del 'caso Cuarteles', al que ha tenido acceso este diario.

En su propuesta, Asuntos Internos se ofrece para realizar los interrogatorios -ya en calidad de policía judicial- e incluye preguntar como testigos "en su caso a los jefes de las comandancias respectivas".

Cinco jefes

Contratas y pagos a cuatro sociedades -Solocorcho, Canarycork, Impermercork y Angrasurcor-, además de encargos al trabajador autónomo de Alicante Salvador G.E., aparecen en documentación acumulada por esas comandancias entre el 12 de marzo de 2014 y el 10 de abril de 2019. Es el periodo investigado en el que Asuntos Internos obtuvo rastro documental.

Las últimas, 13 obras desde diciembre del 17 a abril del 19, corresponden a una cadena de encargos de la Comandancia de Tenerife, que por su recurrencia y relajación en la intervención económica integran un apartado propio de las pesquisas.

Pero la investigación -que sigue abierta, según fuentes del instituto armado- no solo baraja los contratos, también informes de calificación. De esa forma han respondido un comandante jefe accidental (el de Badajoz), dos coroneles jefes (los de las comandancias de A Coruña y Castellón), dos tenientes coroneles (jefes en Ávila y Tenerife) y un teniente coronel del Ejército interventor de las cuentas de Alicante desde la oficina de Asuntos Económicos de la Jefatura de Zona, con sede en Valencia.

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Asuntos Internos también requirió documentación de la propia Dirección General del Cuerpo, concretamente a la Jefatura de Asuntos Económicos, por obras sufragadas para trabajos, por ejemplo, en Garachico (Tenerife).

De esas testificales recogidas, fue clave para la ampliación del caso la declaración del teniente coronel Carlos Alonso, jefe en la comandancia de Ávila. El 12 de junio de 2019 reconoció ante el juez instructor 2 de la ciudad que había sido el teniente general Pedro Vázquez Jarava el que recomendó al constructor Mon para obras en la sede de la comandancia y otras 26 casas-cuarteles de la provincia. El caso empezaba ya a girar de forma decisiva en torno al miembro de la cúpula de la Guardia Civil que había ocupado una subdirección clave para mover dinero: el Mando de Apoyo, ahora bajo la lupa judicial.