Las pesquisas de Asuntos Internos de la Guardia Civil por sobornos y los cuarteles llegan ya a tres juzgados

Las investigaciones de Asuntos Internos de la Guardia Civil por el entramado de posibles comisiones y sobornos para obtener contratos públicos y favores, así como las presuntas irregularidades en las reformas de cuarteles han derivado ya en tres procedimientos judiciales abiertos en Valencia, Madrid y Canarias. Son causas que corren de forma paralela y con características distintas, pero que convergen de forma tangencial con el caso Mediador.

Madrid

En Madrid, el juzgado de instrucción número 3 investiga desde finales de 2021 a dos altos mandos de la Guardia Civil y a dos empresarios por supuestas irregularidades en las obras en cuarteles de hasta 14 provincias. En todos ellos, los contratos bajo sospecha eran de importes no muy altos y correspondían, principalmente, a trabajos de reparación e impermeabilización. Uno de los imputados es el teniente general Pedro Vázquez Jarava, actualmente en la reserva y que en el momento de los hechos investigados se encontraba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor rango dentro del Cuerpo.

En este caso, se investiga si dos empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L., habrían conseguido adjudicaciones presuntamente irregulares, además de inflar facturas de estos trabajos e incluso no terminarlos, entre otras cosas. Este empresario lanzaroteño aparece citado en el caso Mediador -en el sumario dice que se reunió con varios de los investigados el 4 de noviembre de 2020 en Tenerife, extremo que él niega en una entrevista con 'La Provincia'-, pero no se encuentra imputado en esta causa, sino en la que se sigue en Madrid por reformas de cuarteles. 

Las pesquisas de este procedimiento proceden de una investigación de Asuntos Internos y de unas diligencias penales iniciadas en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, cuyo contenido fue remitido posteriormente a Madrid, según adelantó ya EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Aparte de imputar a los dos empresarios -‘Mon’ y otro procedente de Valencia, S.G.E.-, ya han sido interrogados por la jueza madrileña el mencionado Vázquez Jarava y Carlos Alonso, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y finales de 2017, igualmente en calidad de investigados. Los potenciales delitos que aprecia la propia Benemérita en la conducta de Jarava son cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación. Un tercer mando de la Guardia Civil, con cargo de teniente coronel, ha pasado también por el juzgado para declarar como testigo. 

Las partidas destinadas a estas obras no eran muy altas, pero se investiga si se incrementó irregularmente la facturación de las mismas, así como las razones por las que se optó precisamente por adjudicarlas a las empresas canarias en vez de a empresas locales. 

Los cuarteles sobre los que Asuntos Internos y ahora el juzgado han desarrollado sus avertiguaciones están en Ávila, Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid. Gracias a las obras, las dos empresas citadas incrementaron “enormemente la facturación e ingresos".  Todavía la jueza tiene pendiente el peritaje de las obras para comprobar si se hicieron los trabajos que se pagaron y también verificar si se engordaron o no facturas.

Canarias

En Canarias, la magistrada del Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye el caso Mediador, mantiene en prisión provisional comunicada y sin fianza al general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. La instructora decretó su reclusión para evitar que ocultara o destruyera pruebas porque de permanecer en libertad "podría frustrar la investigación policial" y para "conjurar el riesgo de fuga". Constata pagos de la trama, al mismo tiempo que le fue encontrado un patrimonio superior al millón de euros. Durante el registro de su vivienda se hallaron más de 60.000 euros de "ilícita procedencia", según consta en el sumario.

Tal y como adelantó esta redacción, la investigación desarrollada por Asuntos Internos de la Guardia Civil ha determinado que Espinosa fue quien puso en contacto al empresario Tejera de León y al teniente general investigado en Madrid Pedro Vázquez Jarava.

Asuntos Internos del Instituto Armado también analiza diferentes adjudicaciones realizadas por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), por su vinculación con el general Espinosa, que dirigió entre 2017 y enero de 2021 el Proyecto Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (Gar-si Sahel). Este es un programa europeo liderado por España para colaborar con Malí, Níger y Mauritania, entre otros países situados en África susceptibles de sufrir ataques yihadistas.

Pese a que no están siendo investigados en esta causa por el momento, la Guardia Civil también adjudicó a Tejera de León obras en los cuarteles de las islas de Tenerife, El Hierro y La Palma. Los encargos, más de 20, se ejecutaron entre 2017 y 2021 por las dos empresas del constructor lanzaroteño, de acuerdo al Portal de la Contratación, según adelantó La Provincia, diario de Prensa Ibérica. Ninguna de las obras se realizó en Las Palmas. El responsable desde 2012 de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife era el coronel José Tienda Serrano.

La confianza entre el general Espinosa, único imputado del 'caso Mediador' que se encuentra en prisión provisional, y Tienda era evidente, según se desprende de un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso que recoge conversaciones entre ambos.  

Investigación en Valencia

Por último y de forma independiente, el Juzgado de Instrucción 3 de Valencia mantiene abiertas diligencias en las que están investigados, por presuntos delitos contra la Administración pública, un teniente coronel del Ejército, pero que ejercía las labores de interventor en la Comandancia de la Guardia Civil, y otras tres personas, entre ellas dos familiares suyos, según adelantó Levante, periódico perteneciente también a Prensa Ibérica. 

Los investigados aún no han prestado declaración en sede judicial en una causa que ya no está declarada secreta pero aún se encuentra en una fase inicial. El juzgado ha nombrado a tres peritos, en este caso arquitectos, para examinar las obras bajo sospecha y realizar el informe correspondiente.

La investigación al teniente coronel, que presta servicio en la VI Zona de la Guardia Civil de Valencia, se estaba llevando a cabo en Asuntos Internos de la Guardia Civil en unas diligencias secretas, según confirmó entonces el Instituto Armado, que señaló que el objetivo es esclarecer la existencia de un posible hecho delictivo.