Pasaportes falsos y disfraces: así traficaba una red malagueña con refugiados iraníes

Captaban iranís en su país, les falsificaban documentos para facilitar sus visados y, una vez en España, les disfrazaban de amigos y familiares para que pudieran usar sus pasaportes y llegar hasta el Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. La trama, formada fundamentalmente por dos españoles, un iraní y un moldavo, funcionaba como la trama de una película de espías. Pisos francos, personal corrupto en embajadas, transformismo... Todo con tal de lucrarse con la trata de seres humanos que intentaban huir de Irán.

Los integrantes de esta red, que llegó a sacar del país a más de 30 personas dirección a occidente, han sido condenados ahora por la Audiencia Nacional a entre un año y dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros en un juicio en el que se han beneficiado del atenuante de colaboración con la Justicia.

La organización, según queda acreditado en la sentencia, fechada el 23 de enero de 2023, era una maquinaria perfectamente engrasada para tratar de conseguir que el mayor número de personas salieran del país. Las personas que lo conseguían pagaban entre 12.000 y 32.000 euros dependiendo de donde fuera el destino final.

El enlace de la organización que operaba en Irán contactaba con compinches que trabajaban en las embajadas en Teherán de Francia, Italia o Austria, que les ayudaban a conseguir los visados, de tipo turista, de forma fraudulenta. Para agilizar su obtención los solicitantes se hacían pasar por socios de la Cámara de Comercio iraní o presentaban “falsas nóminas o contratos de la televisión del país”. Al tener contactos en esas embajadas, el plazo de espera se veía reducido de dos meses a apenas 15 días.

Cuando conseguían llegar a terreno europeo, los refugiados podían esperar en uno de los países citados a que se les proveyera de documentación y billete de avión para proseguir su viaje a Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, o trasladarles a España, donde dos de los acusados “les alojaban en distintos domicilios”, pisos francos de alquiler, principalmente en Málaga, hasta que les dieran la documentación correspondiente y un plan de viaje.

Mientras permanecían en España, les facilitaban también el cambio de apariencia necesario, a veces con visitas a la peluquería o cambios de estilo de vestimenta, para “obtener el aspecto físico de la personas cuya identidad van a suplantar”. Y es que la red convencía a personas de su ámbito familiar o de amistad para que les expidan un pasaporte “cambiando su aspecto físico a fin de intentar parecerse a las víctimas de la inmigración ilegal cuyas imágenes les ha proporcionado” uno de los miembros del entramado.

La sentencia destaca en que se intentaban "adecuar las características físicas tanto de la persona que va a obtener el pasaporte (se les solicita que se dejen barba o afeitarse, por ejemplo) como de la persona que va a usurpar el mismo (llevándola a peluquerías o comprando ropa acorde)”.

A la hora de realizar la planificación final de los viajes, la red usaba principalmente los aeropuertos de Madrid, Málaga o Lisboa usando una escala intermedia, en aeródromos de coudades Suiza, Noruega, o Alemania, antes del último destino. Así conseguían evitar los controles aleatorios de documentación previos al embarque por parte de la Policía Nacional.

“Finalmente”, prosigue la sentencia, “las víctimas del tráfico de seres humanos" eran "instruidas en relación a los pasaportes españoles utilizados fraudulentamente para que procedan a su destrucción en el interior del avión antes de llegar al control documental del destino final del viaje, para una vez llegado a este manifestar a las autoridades competentes que se encuentran indocumentados, exponiendo que son ciudadanos iraníes y solicitan acogerse a las medidas de protección internacional alegando en casi la totalidad de los casos una presunta conversión a la fe cristiana que motiva el ser perseguidos en su país”.

Los pasaportes auténticos, entretanto, eran retenidos por la trama en España. Los pagos se realizaban en distintos países y tenían diferentes tasas en función del grado de consecución de los objetivos, ya consiguiera el ciudadano iraní llegar a Europa solo o poder hacerlo a EEUU o Canadá. Los acusados cobraban el 50% de las cantidades económicas por adelantado y el resto al llegar al destino final. La investigación destacó que uno de los investigados recibió en el último año la cantidad de 227.964 euros.

Por todo ello la Audiencia Nacional condena a dos de los procesados, el iraní y el moldavo, como autores responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de colaboración con las autoridades a la pena de dos años de prisión. Los otros dos acusados, un hombre y una mujer residentes en Málaga, fueron condenados a un año de cárcel como cómplices de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

La Audiencia también acuerda el decomiso del dinero obtenido por la red y efectos intervenidos, a todo lo cual se dará el destino legal. Para el cumplimiento de las penas de prisión y, en su caso, de la responsabilidad personal subsidiaria, contará el tiempo de privación de libertad sufrido por los acusados durante la tramitación de la causa.