El derecho a la vivienda en una economía de mercado

Resulta sorprendente que desde hace décadas, desde 1970, el número de viviendas supera al número de familias. Las “vivienda vacantes” son tantas como la demanda mientras los costes de la vivienda suponen una proporción alta y creciente del ingreso familiar.

El coste de las hipotecas se ha disparado, con el incremento de los tipos de interés; los alquileres han subido en Alicante más del 25%, saltándose el tope legal, en algunas ciudades. Se habla de subvencionar o limitar los alquileres, limitar los desahucios y la subida de precios en las hipotecas. Eso no resulta. En un sistema de mercado capitalista como el nuestro, el Estado sólo puede intervenir de forma eficaz en el sector a través de empresas públicas en todos los ámbitos: tanto en la producción de suelo, como en la oferta de viviendas protegidas (VPO) para venta o alquiler. Manuel Castells, el exministro de universidades de Sánchez y anteriormente catedrático de Urbanismo en París, ya demostró que la producción del espacio -el urbanismo es eso- requiere la intervención de empresas públicas que rompan el oligopolio en el sector tanto del suelo, construcción, o venta y alquiler.

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Con la crisis de 2008, el Estado se hizo cargo de los pisos -millones de capital inmovilizado de cajas y bancos- creando inmobiliarias para tratar de recolocarlos. No hubo una bajada de precios a pesar de la enorme oferta bloqueada, sino que el Estado subvencionó -los recordados 50 mil millones- a las entidades financieras que se habían quedado con millones inmovilizados en pisos y promociones, pero no bajaron los precios. Ahora, con la recuperación económica, los han vendido a fondos de inversión. El Sabadell ha vendido el 80% de Solvia -las viviendas promovidas por la CAM- al fondo sueco Instrum; o como hizo en su en su día con la vivienda pública la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendiéndolas a un fondo buitre y cuyas consecuencias todavía están pagando y sufriendo los inquilinos de vivienda social en Madrid.

El Estado de Bienestar al que a menudo nos referimos se caracteriza por garantizar a todos los ciudadanos unos mínimos en educación (art. 27), protección de la Salud (art.43) y Seguridad y Servicios Sociales, a los que se añade con frecuencia que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Los derechos fundamentales que en nuestro Estado democrático se recogen en del Capítulo Segundo, de derechos y libertades Sección Primera (Arts 14 a 29) son derechos y libertades que vinculan a todos los poderes públicos y que ampara el Tribunal Constitucional.

La Sección Segunda (Art. 30 a 38) habla de los derechos y deberes que se ejercen de acuerdo con las leyes. El Capítulo Tercero (arts.39 al 52) se refiere a “los principios rectores de la política social y económica”, donde se enmarca el Estado del Bienestar y la actuación que deben jugar los poderes públicos asegurando la protección social económica y jurídica de la familia, el régimen público en el ámbito de la seguridad social, de la salud, del medio ambiente y “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" (art. 47) para lo que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

En resumen: los derechos del capítulo segundo -donde incluye la educación- son recurribles directamente ante el Constitucional; los arts. 20 al 38 se enmarcan dentro de la ley que los regula. Los del capítulo tercero son principios rectores de la política social y económica de los gobiernos y ahí está desde la Seguridad Social hasta la vivienda. Es clave la gestión política de esos derechos.

¿En Alicante el Patronato Municipal de la Vivienda cuántas viviendas sociales gestiona o ha promovido en estos años para frenar la subida de los alquileres? El Plan de Ordenación Urbana es la herramienta para promover suelo y vivienda protegida, ¿por qué el ayuntamiento de Alicante lo tiene parado desde el siglo pasado? ¿Por qué el mayor suelo para VPO, más de 300 viviendas, en el APD/4 de Rabasa, tiene parado desde hace años el informe del proyecto de Reparcelación? ¿Por qué el concejal de urbanismo ni siquiera ha respondido a la petición de entrevista de la Asociación de Vecinos?

Porque el Urbanismo es la expresión de la estructura social. Y sus gestores, visto lo visto, están al servicio de los poderosos y no fomentan el bienestar de los alicantinos.