LEGISLACIÓN

El alegato de expertos contra la Ley de bienestar animal: "Es más una ley animalista"

Científicos, ingenieros y veterinarios ponen en cuestión el proyecto de Ley del gobierno en unas jornadas organizadas por la Fundación Artemisan

Un cazador con sus perros en una batida en la Comunidad valenciana.

Un cazador con sus perros en una batida en la Comunidad valenciana. / JAVIER SOLSONA

Roberto Bécares

Roberto Bécares

Científicos, profesionales del sector veterinario, ingenieros de montes e ingenieros agrónomos se reunieron ayer bajo el paraguas de la Fundación Artemisán para mostrar su oposición a la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales impulsada por el Gobierno, que “más que una ley de protección de los derechos animales es una ley animalista”.

Así lo subrayó al inicio de la rueda de prensa celebrada ayer en un hotel de Madrid el presidente de Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, que destacó el “compromiso” inherente al mundo rural con respecto al bienestar animal, y criticó, como el resto de los ponentes la “falta de diálogo” por parte de un Gobierno que ha usado el procedimiento de urgencia para su tramitación.

“No había ninguna necesidad de hacerlo así, había que haber hecho un proceso de debate serio”, aseguró el presidente de la Fundación, que recordó que más de 800 científicos se opusieron desde un inicio a la ley, que además no ha sido “sometida al Consejo de Estado” y que viene a “invadir” numerosas leyes autonómicas y locales con respecto a la protección animal. Además de ser “desproporcionada” en comparación con otras normativas europeas.

Asimismo, denunció “el engaño” al que se está sometiendo al mundo urbano con esta ley cuando afirman sus promotores “que si el proyecto no se aprueba los animales quedarían desprotegidos. Algo rotundamente falso y que persigue acallar las voces de quienes defienden que la ley debe ser elaborada siguiendo criterios técnicos y científicos, y no ideológicos”.

El presidente puso de relieve que si muchas zonas rurales no pueden siquiera tener médico para atender a la población mucho menos tendrámn recursos para sufragar un servicio de recogida y atención de animales como contempla la Ley. De igual forma criticó el “régimen sancionador desproporcionado”, con multas de hasta 50.000 euros por no tener identificado un animal, por ejemplo.

Por su parte, durante su intervención, Christian Gortázar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), especialista en sanidad animal, dijo que la ley se ha elaborado solo desde las actitudes de afecto defendidas por el activismo animalista, sin contar con las de “aprovechamiento” defendidas por ganaderos, cazadores y demás sectores defensores del uso de animales.

En ese sentido, lamentó la “falta de fundamento científico y técnico” del proyecto de ley y afirmó que va a tener “efecto muy negativo” para la biodiversidad, para la fauna silvestre, y lesionará intereses legítimos de la ganadería. “El impacto sobre los ganaderos y el mundo cinegético es terrible”, dijo el experto, que afirmó además que la ley no dará solución al abandono de animales domésticos.

Igualmente, destacó el problema que va a generar la ley por el fomento de colonias felinas cuando el impacto de estos gatos callejeros sobre la biodiversidad es muy grande.

Por su parte, la consejera del Consejo General de Veterinarios de España María Luisa Fernández insistió en que la participación de los veterinarios es imprescindible en la elaboración de la ley, y explicó que no se han tenido en cuenta la mayor parte de las alegaciones que han presentado. También puso en valor la “indefensión” en la que quedarán los veterinarios al haber eliminado el criterio técnico profesional en la toma de decisiones en cuestiones tan importantes como la eutanasia y pidió mayor precisión en las definiciones que da la ley ya que son muy “ambiguas”. Asimismo, criticó que la Ley nace sin fondos, lo que hará muy difícil su aplicación.

Carlos del Álamo, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, también criticó la ambigüedad de la ley y denunció que no hace diferenciación entre el perro pastor con el perro mascota. “Se tiene una visión urbanista del animal de compañía”, dijo Del Álamo, que explicó que la ley dificultará la caza, que supone un sustento económico importantísimo para las zonas rurales y para evitar daños en la agricultura.

Entretanto, el representante de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Carlos Estarán denunció los “continuos ataques” que está sufriendo la actividad agraria y el sector productivo en general y se preguntó cómo podrá afrontar el sector el gran reto de alimentar a 10.000 millones de personas en el año 2050 cuando se está poniendo en riesgo continuamente “su supervivencia”. Por su parte, el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y exdirector de la Estación Biológica de Doñana Javier Castroviejo cuestionó la "incongruencia" de muchos aspectos de la ley y subrayó que cuenta con la oposición de buena parte de la comunidad científica.