Exprés, sin referéndum y a finales de agosto: once años de la reforma del 135 de la Constitución

Viajar once años atrás es aterrizar en un país con cinco millones de parados, plazas llenas de indignados alzando los brazos al grito de ‘no nos representan’ y un Gobierno socialista al que se le habían muerto los ‘brotes verdes’. España sufría el golpe de la crisis de 2008 y la burbuja inmobiliaria, y José Luis Rodríguez Zapatero, artífice de duros recortes un año antes, ya había anunciado que adelantaba los comicios para que “otro Gobierno” diera “certidumbre”.

En ese escenario, el Congreso celebraba un pleno extraordinario en los últimos coletazos de un agosto difícil, y en el orden del día figuraba la convalidación de un real decreto con medidas contra la crisis. Pero cuando Zapatero tomó la palabra, hizo un anuncio inesperado. Tras hablar de la reducción del déficit público, aseguró que una “decisión estratégica de calado, estructural y no coyuntural” como esa tenía que ser “trasladada a la Constitución”. Era la primera vez que la Cámara oía hablar de la que se convirtió en la segunda y última reforma de la Carta Magna desde su nacimiento: la del artículo 135.

"La Constitución fue una lucha de la izquierda, y es un error cedérsela a la derecha"

Pero no todos los presentes en el pleno escuchaban las intenciones del presidente del Gobierno por primera vez. Cuando Zapatero explicó que ya había consultado al líder de la oposición, Mariano Rajoy, y al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en los comicios ya convocados, Alfredo Pérez Rubalcaba, los murmullos en la Cámara Baja se elevaron tanto que hubo que pedir silencio. Había acuerdo. “Hagámoslo con naturalidad”, pidió el presidente.

Bastaron diez días. El 26 de agosto, PSOE y PP presentaron la propuesta conjunta y el 2 de septiembre, el Congreso aprobó introducir en la Constitución el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. Fue una reforma exprés y sin referéndum, en tiempos en los que el bipartidismo se bastaba consigo mismo para sumar los 316 votos que la alumbraron, pese al rechazo del resto de grupos. Solo se sumaron los dos diputados de UPN.

CiU y PNV no votaron, e IU, ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai directamente se marcharon durante la votación. A ellos se sumaron tres diputados del PSOE, contrarios a la reforma: Manuel De la Rocha, José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio de Penagos. UPyD y Coalición Canaria votaron en contra, y también lo hicieron dos socialistas: Antonio Gutiérrez Vegara, por convicción, y José Manuel Bar Cendón, por error. Entre las anécdotas más bizarras de aquel pleno está el hecho de que hubo que modificar el texto de la reforma porque tenía una “incorrección lingüística formal” al referirse al producto interior bruto.

Un “error” a corregir

El acuerdo que alcanzaron Zapatero y Rajoy, con nocturnidad y a pocos meses de las elecciones, cayó como un jarro de agua fría en las filas socialistas, que entendían que su electorado penalizaría una decisión de ese tipo y que hubieran preferido que el nuevo gobierno se encargase de tan poco gratificante tarea.

Pérez Rubalcaba, candidato en los comicios, fue uno de los más reacios. Pero la mayor contestación estuvo en la calle: los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, defendieron que la reforma degradaba la calidad democrática y convocaron una manifestación para la víspera de su votación en el Senado. El movimiento 15-M se sumó a la protesta y organizó las suyas propias, juntos con otros colectivos sociales que pedían un referéndum.

Algunos de los diputados presentes en aquella votación siguen hoy en el Congreso, como Aitor Esteban, portavoz del PNV, o Ana Oramas, de Coalición Canaria. Otros ocupan cargos destacados, como el popular Juan Moreno Bonilla, presidente andaluz; la ministra Pilar Alegría; el director adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, dos secretarios de Estado, Rafael Simancas y Hugo Morán, y el hoy presidente del Gobierno: Pedro Sánchez. El entonces diputado defendió en El Periódico de Catalunya el sentido de su voto por “la urgencia” de reforzar la confianza de los inversores en España.

“Estoy dispuesto a reconocer y corregir algún error que cometimos en el pasado más reciente. Me refiero a la reforma del artículo 135 de la Constitución”. Las palabras las pronunció Pedro Sánchez en 2014, recién convertido en líder del PSOE y con Podemos apretando a un partido en horas bajas.

En un acto organizado por la Fundación Julián Besteiro, aseguró que debían extraerse “varios errores”. “Y uno de ellos es que no puede haber reforma de la Constitución sin el voto de los españoles”, señaló. Aunque la propuesta de Sánchez era completar el artículo, blindando también una inversión mínima en “políticas de bienestar dentro de la Constitución”, días después votó a favor de una iniciativa de la Izquierda Plural que pedía directamente derogar el precepto.

En el programa electoral de 2016, el PSOE introdujo la reforma del artículo 135, pero la promesa desapareció en el programa de 2019, con Sánchez convertido en presidente tras la moción de censura. Once años después, en el texto constitucional pervive aquella reforma.