ANTIGITANISMO

"El gitano no tiene que incluirse ni integrarse. Llevamos 600 años en España y somos ciudadanos como cualquiera"

Asociaciones romanís celebran como algo "histórico" que el Congreso regule el antigitanismo como delito de odio dentro de la Ley Zerolo

"Es una pequeña victoria, pero no un punto final", remarcan

Candido Manuel Martínez y Emilio Salazar, fundadores de la asociación Kali Yag.

Candido Manuel Martínez y Emilio Salazar, fundadores de la asociación Kali Yag. / FRANCISCO CALABIUG

Justo antes de la pandemia la asociación gitana Kali Yag hizo un experimento. Varios voluntarios payos entrevistaron a personas al azar en una calle céntrica de València. La pregunta era "¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando te digo gitano?". Las respuestas fueron "correr, huir, robar, vagos".

"El antigitanismo está totalmente normalizado y se escucha cada día en comentarios, chistes y hasta villancicos". Emilio Salazar es fundador de esta asociación del barrio de la Coma, en Paterna, que lleva años acompañando al Congreso a diputados como Ismael Cortés (Unidas Podemos) para conseguir lo que se aprobó este viernes, una reforma del Código Penal para castigar el antigitanismo. Salió con el apoyo de todos los partidos menos Vox, en una reforma de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación (conocida como Ley Zerolo).

Salazar dice que era una "deuda histórica" con el pueblo gitano. "Desde 1499 que se aprobó la pragmática de Medina del Campo hasta 1975 que se abolió la última, España ha aprobado 360 leyes antigitanas. Ya era hora de que hubiera una a favor", remarca. Pese a todo, hace suyas las palabras de la diputada Beatriz Castillo de los Reyes (PSOE): ""Es una pequeña victoria pero desde luego no su punto y final". Sara Giménez (Ciudadanos) también estuvo presente en la aprobación.

El último informe de la Agencia Europea para los derechos fundamentales (FRA) alerta de que "casi la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea (el 46 %) se sentirían incómodos si tuvieran personas gitanas como vecinos". Además, advierte de que la pandemia de covid-19 ha acrecentado el odio antigitano y las desigualdades.

"El gitano no tiene que incluirse ni integrarse. Llevamos 600 años en España y somos ciudadanos como cualquiera"

Cándido Manuel Martínez, cofundador de Kali Yag, tiene historias de discriminación casi infinitas. "Hace poco fui con Emilio y su hermana a Hacienda y el funcionario nos dijo '¡Hombre, ya están aquí los Montoya! Sentáos, Montoya!'". En el colegio de sus hijas, tanto Emilio como Cándido tienen que soportar comentarios de los profesores como "mira qué limpia es tu hija", "venga cántame algo" o "déjala que estudie y no la cases tan joven", entre muchos otros.

Desconfianza en la Policía

Asociaciones romanís coinciden en que la regulación del antigitanismo es un triunfo, pero todavía quedan por sortear muchas barreras como la escasa confianza del pueblo gitano en la policía. Esa sensación de "para qué voy a denunciar, si luego no llegará a nada", dice Cándido. Pese a todo, Salazar y Martínez insisten a las personas "que denuncien siempre, que pidan la hoja de reclamaciones y que consten ese tipo de situaciones". También confían en que con la nueva ley "se forme a policías y jueces en estos temas".

Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio, recuerda que "hay pocos casos de antigitanismo" porque la gente no denuncia. "Como siempre el problema es que nueve de cada diez casos no llegan a los tribunales, pero yo estoy convencida, y hay muchos estudios que lo dicen, que el antigitanismo es el tipo de discriminación más fuerte que hay aquí en España. Hay que conseguir que las personas denuncien", remarca Gisbert.

Salazar y Gisbert coinciden en que la novedad de la ley es que nombra el problema del antigitanismo después de mucho tiempo. "Antes hablábamos de delito de odio por racismo o antisemitismo, ahora es racismo, antisemitismo o antigitanismo. Y eso es importante", dice Salazar.

Gisbert señala incluso que la escasa confianza en la policía tiene que ver con que "durante mucho tiempo esa discriminación ha partido incluso de los poderes públicos. Es un colectivo del que que ha dicho de todo y creado una imagen muy negativa, lo que hace que no tengan ninguna confianza en el sistema", cuenta.

"Nueve de cada diez casos no llegan a los tribunales. Hay que conseguir que la gente denuncie"

Lola Fernández es directora de la Fundación Secretariado Gitano y asegura que otro de los problemas es la normalización de estas situaciones de discriminación por el propio pueblo gitano, que no las ve como nada grave. "Tienen incorporado que si eres una mujer gitana y entras a un supermercado la seguridad les persiga constantemente, o que se les segregue en determinados centros educativos", cuenta. Por eso, celebra la reforma de la ley para que "la gente sepa que el antigitanismo no es cualquier tontería y no sale gratis, porque ahora mismo está totalmente normalizado y se tiene que regular de alguna manera", explica.

Por ejemplo, el acceso a la vivienda. "En la fundación hemos visto mil casos de familias que dejan apalabrado un piso y cuando van allí a verlo para comprarlo resulta que les llaman al día siguiente y ya no está disponible. Pero si llama otra persona sí que lo está". También al caminar por la calle y ser identificados por la policía "eso ocurre constantemente a los gitanos y también a las personas negras", asegura.

Largo camino

Aunque regular el antigitanismo acorta el camino, Salazar remarca que son "migajas" en comparación de lo que queda para que los gitanos sean considerados ciudadanos de pleno derecho. Porque como remarca "el gitano no tiene que incluirse ni integrarse. Llevamos 600 años en España y somos ciudadanos como cualquiera".

Para Cándido Manuel es fundamental que cambie "el concepto que tienen hacia nosotros". "Se pueden aprobar 300 leyes a favor del pueblo gitano, pero si el resto no nos mira distinto nada va a ser igual".

Salazar, en cambio, denuncia que "en ningún momento se ha dado voz y voto al pueblo gitano dentro de las instituciones". Por ejemplo, Paterna, con una enorme población gitana en el barrio de la Coma, "nunca ha tenido un concejal gitano". Tampoco hay ninguna diputada o diputado gitano en Les Corts. "A nosotros no nos representa nadie. No nos puede representar, con todo el respeto del mundo, un payo que vive en 'El Plantío' y que no ha pasado por lo que el pueblo gitano está pasando. Si tuviéramos representación cambiarían muchas cosas, porque tendríamos referentes en los que mirarnos", sentencia.