Casi 200 móviles incautados en la prisión de Asturias: las mil formas de meter un teléfono en la cárcel

En cinco años, de 2017 a 2021, se han incautado en prisión un total de 197 teléfonos móviles, introducidos en la cárcel de Asturias

de las maneras más peregrinas. Solo el año pasado, se encontraron en el centro penitenciario asturiano 55 de estos aparatos prohibidos dentro de las prisiones, para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género. Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera.

El sindicato ACAIP-UGT resaltó el trabajo que realizan los

empleados públicos penitenciarios

para evitar el comercio ilícito de estos aparatos. En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones. El uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos. Por ello, los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico.

De hecho, se encuentran en los lugares más insospechados, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos. Los funcionarios los han encontrado camuflados en rebanadas de pan, en la lengüeta de las zapatillas de deporte, incluso "empetado" en el recto de algún recluso que llega de permiso.

La introducción de objetos prohibidos "perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes" para evitar su entrada y realizar el control en el interior. Pero todo esto requiere, "del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías". Si se limitan las posibilidades de uso, se reduce la utilidad y se evita el comercio ilícito, sostienen los funcionarios de prisiones.

ACAIP-UGT insiste en la necesidad de ocupar todas las vacantes. "Las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas. Además, hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones. Por eso es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública Penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución", indica el sindicato.