Una familia, atada al alzhéimer por el 'overbooking' en las residencias de Vigo: "Contrate usted a alguien, te dicen"

Hace un año que a esta familia viguesa le cambió la vida. Una caída, un infarto y una cuenta atrás que avanza sin freno: la enfermedad de 'alzhéimer'. Ese fue el recorrido sanitario más reciente de Rosa Abalde, viúda de 88 años de edad, y que desde noviembre de 2019 es una persona dependiente. Durante ese tiempo, su hija, Rosa María Alonso Abalde, -Rosy- ha soportado un duro peregrinaje, llamando a puertas, presentando solicitudes, realizando trámites y casi atrapada en todo un entramado burocrático para encontrar un equilibrio que le permitiese conciliar su vida con los cuidados que precisa su madre.

"Cuando sobreviene sobre una familia una situación que no está planeada y necesita de esfuerzos mentales, físicos y económicos, todo tiende a plantearse como una desgracia", comenta esta viguesa de 46 años que compagina su rol de madre, esposa, y trabajadora con los cuidados de su progenitora.

"Después de muchos meses con diagnósticos claros y valoraciones en firme, entiendo que por ley tengo que cuidar a mi madre, y porque, además, mal o bien, ella lo hizo también o lo hubiese hecho si lo hubiese necesitado. Pero esto no quiere decir que las gestiones, los tiempos, las respuestas y la falta de ayudas no generen una animadversión hacía las instituciones", comenta.

Rosa abuela ya estuvo en una residencia pública dos meses durante el verano de 2021. "Hay motivos por los que te conceden la plaza temporal y uno de ellos es por descanso del cuidador", comenta su hija, cuya situación y la presión a la que se ve sometida día día le ha obligado a buscar ayuda en el servicio de salud mental para recibir un tratamiento psiquiátrico.

"Tras meses con diagnósticos y valoraciones en firme, por ley tengo que cuidarla; ella lo hizo y lo hubiese hecho si yo lo necesitara. No quiere decir que los tiempos, las respuestas y la falta de ayudas no generen animadversión hacía las instituciones"

"Cuando mi madre estuvo en la Residencia de Atención a Dependientes Vigo II, todo fue fenomenal. Ella estaba bien cuidada, y feliz. Yo no tengo conocimientos sanitarios y tampoco las herramientas y el tiempo para poder ralentizar el avance de su enfermedad", reconoce. Y es que una residencia cuenta con estrategias y protocolos médicos para prevenir el deterioro cognitivo, y está demostrado que los cambios y circunstancias familiares merman la capacidad de las familias para prestar cuidados, por eso "no entendíamos que no la dejaran quedarse con esa plaza de manera continuada", apunta.

El nivel de exigencia individual, profesional, familiar y social en la prestación de estos cuidados de larga duración ha crecido y van vinculados a la necesidad de cuidados integrales y multidisciplinares que se centran en las áreas físicas, psicológicas y sociales del paciente.

La atención, en el caso de Rosa, ahora es la justa que le puede proporcionar su hija, que se multiplica para afrontar el día. "Me levanto a las seis de la mañana, porque a las ocho empiezo mi jornada laboral. En ese tiempo tengo que dejar la comida preparada, los desayunos, nos arreglamos, y Arturo -su marido- lleva a Mateo -su hijo de 9 años- al colegio. Yo comienzo a teletrabajar en mi casa en asuntos que no puedo llevar a cabo cuando estoy con mi madre, ya que allí no dispongo de todas las herramientas".

De madre, a cuidadora, a trabajadora y a esposa

Combinando su papel de madre y esposa, comienza el día de Rosy, que cambia al de hija cuidadora, dos horas después. "Sobre las diez, me traslado a casa de mi madre. La levanto, la aseo, la visto, le doy el desayuno y la siento en el sofá mientras ve la televisión. Entonces retomo el teletrabajo, aunque de vez en cuando hablamos entre nosotras para mantenerla activa", matiza.

Arturo se ocupa de las labores del núcleo familiar. "Se encarga de nuestra casa, también cocina, atiende a Mateo, y los fines de semana, los tres nos trasladamos a casa de mi madre, en Bembrive, para cuidarla", añade.

"Sobre las diez, me traslado a casa de mi madre. La levanto, la aseo, la visto, le doy el desayuno y la siento en el sofá mientras ve la televisión. Entonces retomo el teletrabajo, aunque de vez en cuando hablamos entre nosotras para mantenerla activa"

Rosy trabaja como admnistrativa, y tuvo que pedir jornada reducida cuando su madre enfermó hace algunos años. Durante el estado de alarma, en su empresa se pautó el teletrabajo, pero en su caso y a diferencia de sus compañeros, no volvió a pisar la oficina cuando todo empezó a normalizarse. "Llegó un momento que puse mi cargo a disposición de la empresa, ya que por la atención a mi madre a la hora de levantarse, debía parar mi jornada laboral, sin embargo entendieron mi situación, y pude seguir trabajando", destaca la viguesa, que agradece las facilidades que le pusieron para conciliar.

En el caso de esta familia, el covid no ha sido un problema, de momento, "más que nada porque no nos relacionamos con nadie. No nos queda apenas tiempo para socializar, así que es complicado que enfermemos", ironiza, al verse libres de contagios.

La situación de esta familia viguesa es similar a la de las más de 1.700 en Galicia que esperan una plaza en una residencia pública. En su caso, cumplen casi todos los requisitos para que le concedan ese derecho, "aunque hay un tope de ingresos económicos que mi madre supera en algo más de cien euros", se lamenta.

La prioridad para el acceso al servicio de atención residencial público viene recogida en el artículo 44.4 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero y esos criterios, gestionados a través del Programa de Asignación de Recursos (PAR), se basan en el mayor grado de dependencia, la menor capacidad económica, la situación sociofamiliar de la persona en situación de dependencia, la no percepción de otra prestación o servicio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, la fecha de presentación de la solicitud de valoración de la dependencia, y la edad de la persona en situación de dependencia.

La Xunta articula una serie de ayudas para aquellas personas que esperan una plaza pública en un centro de mayores. De esta manera, reciben otros servicios como aportaciones económicas para sufragar una plaza en un centro privado, así como cuidados en el domicilio, o el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), entre otros.

La situación de Rosa

Esta gallega de 88 años trabajó toda su vida soldando latas de conserva de pescado en Vigo. Por una cardiopatía le asignaron el 33% de incapacidad, y fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca había cotizado. "Los contratos que le hicieron a mi madre eran de un día al año", matiza su hija. Así que no tuvo pensión, aunque sí una ayuda cercana a los 400 euros al mes. En 2015, quedó viuda, y pasó a percibir 845 euros mensuales. La muerte de su suegro fue para Arturo y Rosy un punto y aparte en su vida familiar. "Mi suegra se operó del corazón en 2016, en diciembre de 2019 pedimos una revisión de su porcentaje de minusvalía y finalmente en octubre de 2021 le concedieron un porcentaje del 76% con carácter retroactivo, con baremo de movilidad y ayuda de tercera persona".

En septiembre de 2021 Rosa recibe la concesión del grado tres, después de meses de llamadas, solicitudes y mucha insistencia, "algo que, después de todo este tiempo en el que he podido hacer algo de investigación y consultas, he constatado que es un mal endémico del sistema, bien por insuficiencia de personal o por el cúmulo desatendido por parte del personal de administración", comenta Arturo.

En datos fríos, actualmente hay 12.800 gallegos en lista de espera para que la Xunta valore su grado de discapacidad. Es un requisito imprescindible para que estas personas puedan acceder a servicios, cobrar una pensión o percibir beneficios fiscales, económicos, laborales o sociales.

Hace unos meses, la Xunta aprobó un plan de choque con el objetivo de reducir a la mitad tanto los tiempos de espera para la valoración de la dependencia como el papeleo que lleva consigo, además de crear vías alternativas para personas con patologías graves.

Un plan de economía burocrática del que no se benefició esta familia viguesa que atravesó un laberinto de gestiones cuya puerta de salida se cerró con llave. "El cuidado de una persona con alzhéimer no viene con un libro de instrucciones bajo el brazo y de fácil tiene muy muy poco", se lamenta Rosy que, una y otra vez, recibe negativas por parte de la Xunta. "Insisten en que con su pensión no accederá nunca por puesto en la lista. Vale, ya has cumplimentado toda la documentación, ya has entregado todo, pero la realidad es que 'nunca te vamos a dar nada'. Y así es como te hace sentir el sistema: tonta, te hace sentir tonta".

"Me insisten en que con su pensión no accederá nunca a una plaza. Vale, ya has completado la documentación, has entregado todo, pero la realidad es que 'nunca te vamos a dar nada'. Y así es como te hace sentir el sistema: tonta, te hace sentir tonta"

La familia de Rosa se siente impotente, ya que las soluciones que le plantean desde Política Social siempre derivan a lo privado. "Hubo un brote de COVID en el colegio de Mateo, si me contagio yo, o me encuentro mal, ¿abandono a mi madre, me salto el protocolo y la cuido igual? La respuesta de la Xunta es: "contrate usted a alguien". Siempre tiran hacia intereses privados", apunta.

Las opciones que les quedan, pasados tres meses en lista de espera, es solicitar una libranza, una ampliación de área o 'Axuda no fogar'. Pero Rosy y su familia no tienen manera de sufragar los gastos de una residencia privada, ya que "la libranza sería de 500€ y además no hay plazas".

El marido de Rosy asegura que como su suegra hay un montón de familias que se encuentran en esa disyuntiva, cuyos dependientes "perciben una pensión superior al límite impuesto, y se encuentran en un limbo sin solución, ya que no pueden acceder a una residencia concertada, porque el valor medio de la plaza en una privada es de 2.000 eurazos al mes" aclara Arturo.

¿Cuántas camas son públicas y cuántas, privadas?

Según datos de la Consellería de Política Social, en Galicia hay 22.526 camas en centros de mayores. Del total de plazas autorizadas en Galicia, 13.375 son de financiación pública -un 59,4 por ciento- y 9.151 son privadas -el 40,6% restante-. En cuanto a Pontevedra, Política Social cifra en 5.135 las camas geriátricas que hay en la provincia, de las que 3.623 serían de financiación pública y 1.512 son privadas.

Los porcentajes se invierten si acudimos a las cifras oficiales del IMSERSO, reflejadas en el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. A cierre de 2020, el documento asegura que el porcentaje de plazas públicas sobre el total es del 41%, cifra más baja de todas las comunidades autónomas, lo que implica que casi el 60% de las camas geriátricas son privadas en la comunidad gallega. ¿Cómo es posible?

Si acudimos al portal Inforesidencias.com, su recuento divide la titularidad de las 270 residencias de mayores gallegas en tres manos, con estos porcentajes de las plazas:

• El 37% de promotores privados (grupos y particulares)
• El 36% del Tercer sector (Organizaciones sin ánimo de lucro que no dependen del Estado, ni del beneficio económico para operar y cuyo único fin es social).
• El 27% de titularidad pública (El 5%, público municipal; el 18%, público autonómico; el 1% público estatal; y el 3%, concesiones administrativas de obra y explotación)

Lo cierto, es que el principal impulsor en la creación de camas para mayores en Galicia ha sido el sector privado, al que se le atribuyen ocho de cada diez alojamientos desde 2006, aunque parte de sus plazas estén ahora concertadas con la Administración autonómica.

Las políticas de la Xunta en Galicia en ayudas a la dependencia la sitúa como la cuarta comunidad con mejor ratio de atención del conjunto de España, con un 94% de usuarios que reciben alguna prestación o servicio. Esto quiere decir que, de las 67.000 personas que tienen derecho a una prestación por dependencia en Galicia, 63.000 están siendo atendidas. Mientras, la media estatal se sitúa en el 83,4%, once puntos por debajo.

El Gobierno gallego invierte en las personas dependientes un total de 400 millones de euros, de los que un 76% proceden de las arcas autonómicas y un 24% del Estado.

La ayuda al descanso del cuidador, ya en vigor

El pasado 8 de febrero el DOG publicaba la nueva orden de 'Respiro familiar' que permite a personas dependientes o con discapacidad estancias temporales en residencias que facilitan el descanso de sus cuidadores habituales. La Xunta ha destinado 600.000 euros a estas ayudas que serán de 1.500 euros por beneficiario y año para estancias en residencias, y de 1.000 euros por beneficiario y año, al cuidador.

A este respecto, Rosy matiza. "Lo curioso de la subvención es que es para quienes ya están utilizando ese servicio de forma privada, por lo tanto ese descanso del cuidador ya es una realidad. Es decir, es para quienes lo han podido pagar previamente". Y es que la Xunta exige presentar facturas de las mensualidades de estos centros geriátricos privados o de la persona que ayuda en el hogar para poder recibir esas subvenciones. "Es un claro ejemplo de que la privada prevalece, y que las familias con recursos son las más beneficiadas en esta comunidad", se lamenta.

Actualmente, el invierno demográfico gallego se traduce en uno de cada once habitantes mayores de 80 años, y en uno de cada cuatro, con una edad superior a los 65 años, además de copar más del 30% del padrón, la población de avanzada edad en la mitad de sus comarcas. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre plazas residenciales para mayores, sitúa el porcentaje óptimo en un 5% -número de plazas residenciales por cada 100 personas mayores-. Entonces, ¿cuáles son las cifras de plazas de residencias de la segunda comunidad autónoma más envejecida de España?

Galicia, antepenúltima en plazas

Según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, hecho público recientemente, en 2020 la comunidad gallega se situaba en el 2,93%, y cifraba en 14.331 las plazas necesarias para ajustarse a ese criterio, lo que la situaba como la tercera autonomía con mayor déficit de estas infraestructuras en España, cuyo porcentaje medio era del 4,19%. Hasta once comunidades más se encontraban por debajo de ese ratio hace dos años, no así Asturias, la región con mayor población envejecida del país, que sí cumplía y superaba la recomendación de la OMS.

Hoy, Galicia ha alcanzado un 3,24% en infraestructuras residenciales para mayores, gracias a las más de 2.000 plazas que ha sumado desde entonces. Pero aún tiene deberes por cumplir que se traducen en 12.236 plazas más para alcanzar el nivel óptimo recomendado. Bien es cierto que desde 2009, y según explica Política Social, Galicia duplicó el número de plazas financiadas con fondos públicos hasta superar las 13.000, una curva ascendente que parece mantenerse año a año.

Este impulso se reforzará con la alianza entre la administración autonómica y la Fundación Amancio Ortega que compromete a ésta a financiar la construcción y el equipamiento de siete residencias de mayores, que serán de titularidad pública. Gracias a este convenio, y con una inversión de 90 millones de euros, se crearán 900 nuevas plazas geriátricas en Vigo y A Coruña -con 150 plazas cada una-; y en Lugo, Santiago de Compostela, Ourense, Ferrol y Pontevedra, cuyos centros contarán con 120 camas.

Aún así la iniciativa privada se impone, como por ejemplo ocurre en la comarca de Pontevedra. Con los tres proyectos que están sobre la mesa, las 200 plazas actuales se multiplicarían por tres, llegando a rozar las 600. Si llega a buen término, se crearían 388 plazas nuevas, de las que 120 son públicas y 268 de pago (más del doble). En Galicia, por tanto, el carril privado sigue teniendo mayor aceleración en este sector.