CRISIS MIGRATORIA

Escrivá cuestiona el modelo de acogida de menores y apuesta por la distribución por todo el Estado

El ministro de Migraciones defiende un sistema similar al que se realiza con los mayores de 18 años

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá / EUROPA PRESS

Joaquín Anastasio

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cuestionado este miércoles el modelo de acogida de menores y ha apostado por la distribución por todo el Estado. En general, el Gobierno central ha asumido con frialdad y distanciamiento máximo el plante del Ejecutivo canario sobre el colapso de los centros de acogida de migrantes menores no acompañados y la advertencia de que no dispone de una sola plaza más para atender a los que vayan llegando.

La llamada de urgencia por parte de la consejería de Derechos Sociales para que el Estado tome cartas en el asunto y ayude a paliar la situación en Canarias tras alcanzar más de 2.800 menores tutelados no ha merecido ninguna respuesta explícita por parte de ninguno de los ministerios responsables de la gestión migratoria, aunque todo parece indicar que se reproducen en estos momentos la tensión ya aparecida en otros momentos de la crisis migratoria en Canarias entre los departamento de Interior y Migraciones.

Ambos ministerios recuerdan que la competencia de la acogida y tutela de estos niños, niñas y adolescentes que llegan a Canarias en pateras desde las costas africanas, más de 300 en el mes de enero, es una competencia de la comunidad autónoma, pero mientras Interior no se sale del guion y se escuda en este argumento, el ministro de Migraciones reconoce abiertamente que el actual sistema de acogida “no es adecuado” y apuesta por un cambio para asimilarlo al que se aplica para los migrantes adultos. Es decir, que aunque lleguen a Canarias y se puedan acoger en esta comunidad temporalmente, el Estado puede aplicar un “sistema de acogida integral” para trasladarlos a otros territorios donde se disponga de más recursos.

Desde el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se señala que “la acogida es una competencia autonómica, aunque ello no impide que el Ministerio del Interior esté permanentemente abierto a la colaboración en la medida de sus posibilidades y de sus competencias”. A partir de esta, este departamento se limita a recordar su política en materia de migración tanto en el ámbito interno como en el internacional sin ofrecer ninguna salida a la situación de los centros de acogida de menores en las Islas. Incluso, llega a poner en valor que esta política desplegada por Interior de “lucha contra las mafias y de colaboración con los países de origen o tránsito de los migrantes ha permitido que en el último año el 40 por ciento de las salidas hacia Canarias se hayan detectado en origen, lo que también supone un 40 por ciento menos de vidas que se ponen en peligro”.

Sin embargo, el titular de Migraciones sí parece claramente advertido por la situación de los menores no acompañados en las Islas y, aunque recordó que esta materia no es de su competencia, apostó claramente por una revisión del actual modelo de acogida. “El Gobierno entiende perfectamente la situación de Canarias, y ha hecho llamamientos de solidaridad en la conferencia sectorial correspondiente del Ministerio de Derechos Sociales, me consta que se ha intentado que esa solidaridad con Canarias se manifiesto”, afirmó este miércoles Escrivá tras su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Según él, esta llamada a la solidaridad “ha producido algunos efectos”, pero insistió que “el modelo que tenemos no es adecuado”.

Escrivá apuntó en este sentido el campo que podría tener el Gobierno central para actuar esquivando el hecho de que ahora mismo la acogida y tutela de menores sea competencia autonómica. “Tendríamos que trabajar con las comunidades autónomas para establecer un modelo donde se puedan distribuir territorialmente de otra forma y que no tenga que haber una carga tan importante sobre la comunidad autónoma receptora, que en este caso es Canarias pero en otras ocasiones ha sido Ceuta”, explicó. “Esto no ocurre con la competencia que tenemos a nivel estatal, que es para los mayores de 18 años, donde tenemos un sistema de acogida integral de manera que, aunque en primera instancia se queden en Canarias, después ajustamos según vayamos viendo donde tenemos mejores capacidades para atender a los migrantes. Ese es el modelo hacia el que deberíamos ir apuntando”, aseguró el ministro de Migraciones.

Cabe recordar que el cambio de legislación para que esta competencia no sea exclusiva de las comunidades autónomas, y que el Estado asuma responsabilidades, en esta matera es una de las conclusiones que se incluía en el borrador de informe de la ponencia sobre el fenómeno de las migraciones que se creó en el Senado. Dicha ponencia está paralizada ‘sine die’ en estos momentos por decisión del grupo socialista en la cámara tras varios meses de funcionamiento. El PP solicitó este miércoles a la Mesa del Senado que “de manera inmediata” se convoque ese foro de debate para que se tengan cuanto antes unas conclusiones, entre ellas la que reclama un cambio en el sistema de acogida de los menores no acompañados.

Solidaridad insuficiente

El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, anunció además la petición de comparecencia urgente en la Cámara Alta de los ministros del Interior y de Migraciones, así como el de Presidencia, Félix Bolaños, “para que den explicaciones de lo que no han hecho en materia de migración en los dos últimos años”. “Han llegado más de 3.000 migrantes a Canarias en enero y la situación llega a ser preocupante”, afirma Ramos.

Precisamente este miércoles el Senado aprobó un protocolo de colaboración entre Canarias y el País Vasco para la coordinación del traslado de 15 menores migrantes no acompañados desde las Islas a la comunidad vasca para la atención y la tutela de estos por parte de las Diputaciones Forales. El debate previo a la votación estuvo marcado por la situación en que se encuentran los centros canarios de acogida y el plante del Gobierno regional exigiendo una intervención del Estado.

El representante del ASG, Fabián Chinea, denuncio el hecho de que “este convenio es casi una excepción, casi un oasis de esperanza en la casi inexistente solidaridad entre los territorios” para la distribución de más de 2.800 niños y niñas que permanecen en el Archipiélago. Chinea lamentó que “muy pocas comunidades autónomas hayan respondido a la llamada desesperada que se ha hecho desde las Islas” y reconoció la decepción y el “dolor” con que desde Canarias se comprueba “cómo las demás comunidades dan la espalda a Canarias en este drama humanitario”.

La senadora del PSOE por Fuerteventura, Paloma Hernández, agradeció la solidaridad mostrada por el País Vasco “por escuchar la llamada de auxilio de las instituciones de Canarias”, y reclamó a los senadores representantes de las demás comunidades autónomas que pidan a los gobiernos regionales “que sigan el ejemplo de esta solidaridad y se ofrezcan para seguir firmando nuevo acuerdos con el Gobierno de Canarias que permitan la acogida de más menores”. “Más que de solidaridad debemos hablar de responsabilidad”, afirmó Hernández, quien recordó que, hasta la fecha, solo un total de 208 menores no acompañados que ahora tutela Canarias serán acogidos por un total de 11 comunidades autónomas.

Por parte del PP, su senador autonómico, Asier Antona, aseguró que “protocolos de colaboración como este vienen muy bien, pero no resuelven el problema de la migración ni el de los menores no acompañados”, algo que, aseguró “solo se resuelve con una verdadera política migratoria que no existe por parte del Gobierno de España”. “Tenemos que hablar de la corresponsabilidad y de la solidaridad entre los territorios, pero si no hay una política que lidera el Gobierno de España no se pueden poner de acuerdo las comunidades autónomas”, afirmó Antona, quien reclamó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “se reúna con todos los presidentes de los gobiernos regionales “todos en torno a una mesa para hablar de la política migratoria que necesita este país”.