Agricultores y ganaderos cargarán con más costes para limitar el impacto de los abonos

El Gobierno lleva meses preparando un real decreto que revolucionará en cierta medida la forma que los ganaderos y agricultores tienen de explotar la tierra. La nueva norma, que previsiblemente se aprobará a mediados del próximo año, supone la introducción de importantes obligaciones sobre la manera de utilizar los abonos, tanto de origen químico como orgánico, con las que se pretende disminuir el impacto ambiental de la aplicación de productos fertilizantes.

Los ganaderos y agricultores, entre otras exigencias, tendrán que analizar la presencia de nitratos en sus tierras, elegir un tipo u otro de abono y ajustar las dosis para no sobrecargar el terreno en función del cultivo y llevar un registro oficial de estas tareas.

Según los sindicatos agrarios y la Xunta, estas obligaciones incrementarán la complejidad de la gestión, la burocracia y los costes de las explotaciones en un momento, como el actual en el sector primario vive una situación difícil por la subida de los precios de la energía, los piensos y los propios fertilizantes, que llevan a ganaderos, sobre todo, a tener que vender leche por debajo del precio de coste.

El real decreto de nutrición sostenible, que así se denomina, exige, entre otros aspectos, realizar análisis de las distintas parcelas para determinar el nivel de nitrógeno –por lo que habrá que acudir a laboratorios certificados–, hacer un “balance” de entradas y salidas de nitrógeno en cada finca, ajustar las dosis de fertilizante para no exceder los límites autorizados y hasta analizar la composición del estiércol. Y todo ello tiene que quedar anotado en un registro, así como contar con un plan de abonado para cada unidad de producción.

El texto del real decreto ha sido objeto de numerosas alegaciones y de hecho ha sufrido ya varias revisiones. El contenido del mismo se sigue discutiendo entre el Ministerio de Agricultora y las comunidades de autónomas. La Xunta de Galicia envió hace meses sus alegaciones y hace un par de semanas remitió otras nuevas.

Este análisis, en caso de no haber mapas o registros provinciales, se debe hacer cada cinco años en regadío y diez en secano y debe recoger el Ph o el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica en los primeros 30 centímetros de suelo, además de determinar la presencia de metales pesados como cadmio, plomo o mercurio.

La Xunta también quiere cambiar que esta exigencia de realizar los análisis afecte a los suelos de todas las parcelas. “Esta expresión no es apropiada porque puede obligar a realizar cientos de análisis a una sola explotación con un gran número de parcelas pequeñas”, alega Medio Rural, que propone utilizar otras medidas de unidad de mayores dimensiones para relajar la obligación.

De hecho, ya se ha conseguido, con respecto a los primeros borradores, ampliar la superficie mínima de cultivo a partir de la cual es necesario elaborar un plan de abonado. Actualmente, en España son muy pocos los agricultores y ganaderos que realizan balances de nitrógeno y planes de abonado.

Diversos sindicatos agrarios han reclamado una profunda revisión del real decreto dados “los graves perjuicios que generaría a agricultores y ganaderos”. Sostienen que las nuevas obligaciones aumentan sobremanera las tareas de gestión de las explotaciones, incrementan los costes y la burocracia y esto llevaría, precisamente, a desincentivar la bioeconomía en la agricultura.

“Es importante avanzar en la gestión sostenible del suelo y del uso de los fertilizantes, pero no a costa de la pérdida de viabilidad económica o el incremento desmesurado de la complejidad en la gestión de las explotaciones, lo que producirá más perjuicios que beneficios”, se quejan los sindicatos.