TRANSPORTES INTENTA PUENTEAR A JUSTICIA

La concesión al club náutico de Palma desata una guerra entre abogados del Estado… y va perdiendo la jefa

  • Transportes acuda al Consejo de Estado para sortear un informe de Justicia que impide prorrogar la concesión del club

  • Tres abogados del Estado logran que Transportes se enfrente a Justicia para torcer el criterio del servicio jurídico

El rey en el club náutico de Palma. 

El rey en el club náutico de Palma.  / EFE

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El club náutico de Palma es mucho más que un club. Allí regatea el Rey Felipe VI, como antes lo hacía Juan Carlos I, y se cita la buena sociedad balear. Ocupa el dominio público desde 1978 y en 2022 termina el contrato por el que lo gestionaba. Hay toda una movilización para que conserve la gestión. Pero se ha topado con un escollo enorme, que la abogada general del Estado, Consuelo Castro, informó hace unos meses en contra de que se prorrogara el contrato. Eso en teoría cerrada toda la puerta, ya que el Gobierno no podía ir contra sus propios servicios jurídicos. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha encontrado una ventana que desautoriza a Castro: la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido un informe al Consejo de Estado para lograrlo. Se trata de un informe no vinculante ni preceptivo pero del que depende todo el sistema de concesiones ahora que empiezan a caducar. Y detrás, como a menudo, hay un pulso entre abogados del Estado.

En 1978 el real club náutico de Palma obtuvo un permiso de ocupación del dominio público para 25 años. En 1992 el consejo de La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) modificó el contrato de 1978 de forma que el plazo terminaba el 31 de diciembre de 2022. Conforme se acercaba la fecha, comenzaron los movimientos para pedir una prórroga. La APB está inmersa en un caso de corrupción que le costó el puesto a su presidente y hay varios investigados, entre ellos una abogada del Estado. Además, los tribunales han obligado a sacar a concurso la gestión del club náutico de Ibiza (otro histórico arropado en las islas). Así que ahora mira todo con lupa y pidió informe a la abogada general del Estado sobre si podían prorrogar el plazo, que dependía de si era un contrato de servicios o una concesión administrativa.

Hace unos meses, Consuelo Castro cortaba tajantemente la posibilidad de dar una prórroga. Una de las claves jurídicas era si el club opera bajo un contrato improrrogable o bajo una concesión, que sí permite alargar el plazo. Pero la abogada general consideró que el club náutico tiene "un contrato de gestión de servicios". "Al no poder calificarse ese contrato ni formal ni materialmente como una mera concesión demanial, no resulta posible acordar una ampliación del plazo ni una prórroga". La jefa de los servicios jurídicos del Estado impedía de raíz cualquier prórroga. Daba igual el pedigrí del club.

En 1978 el real club náutico de Palma obtuvo un permiso de ocupación del dominio público para 25 años

Con ese informe, el Estado tendría que sacarlo a concurso y abrirlo a la competencia. Eso seguramente reportaría más ingresos de dinero público pero haría muy difícil que el club náutico, una entidad sin ánimo de lucro, continuase allí. Hay puertos deportivos ruinosos en el Mediterráneo pero otros son muy lucrativos y este es de los golosos, así que hay empresas que están esperando entrar cuando acabe la concesión.

"Nos jugamos mucho"

La cuestión es delicada. Entre otras cosas, porque Puertos del Estado y las fuerzas políticas de Baleares están decididos a mantenerlo en manos del club náutico. "Es una institución muy importante. Allí va el rey a regatear. Nos jugamos mucho", explican fuentes de Puertos del Estado, el organismo dependiente de Fomento al que reportan las autoridades portuarias. En el asunto se empeñaron tres abogados del Estado.

El primero es el director de los servicios jurídicos de Puertos, José Antonio Morillo-Velarde del Peso. Los abogados del Estado tienen dependencia jerárquica pero Morillo está en situación de servicios especiales -una especie de excedencia para los funcionarios que ocupan cargos públicos-, lo que le permite cuestionar a su jefa. Morillo considera que el club náutico tiene derecho a seguir gestionando la marina. La situación laboral de Morillo le ha enfrentado con el abogado de las estrellas, José Antonio Choclán.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez

/ EFE/Mariam A. Montesinos

Lo mismo consideran Juan Ramón García Notario y Carlos Gil de las Heras, también abogados del Estado pero en excedencia y que defienden al club náutico. El primero fue director de los servicios jurídicos de Puertos del Estado y el segundo trabajaba con él. En la excedencia pleitean contra el Estado en la materia que más conocen. Ellos plantearon, por ejemplo, una reclamación millonaria por el Puerto del Musel (GIjón). El trío de abogados del Estado coincide en que el club náutico se quede.

Morillo y Consuelo Castro tuvieron innumerables reuniones para ver si la jefa cedía y entendía que ese contrato era prorrogable. Era crucial porque hay más puertos deportivos en esa situación y si cae el de Palma caen muchos más. Como no lo hizo, nadie puede dar una prórroga sin arriesgarse a ser denunciado por prevaricación. El sector es muy opaco pero mueve muchísimo dinero. Hay una lucha con el fin de las concesiones que empiezan a vencer y comunidades autónomas y Puertos están optando por intentar continuar con los concesionarios actuales pese a las denuncias de que bloquean la competencia.

Como Castro no cambiaba de criterio y emitió ese informe, solo quedaba una opción. El pasado mes de junio, el club náutico de Palma, defendido por los dos abogados del Estado en excedencia, pidieron al Gobierno que acuda al Consejo de Estado. Puertos accedió y el pasado 8 de julio reclamó al ministerio de Transportes que pida opinión al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, a ver si así doblaba el informe de Castro. "Este organismo público, a la vista del dictamen de la Abogacía General del Estado, no ha emitido todavía el informe preceptivo [...] dado que el criterio que sostiene la Abogacía General del Estado" se opone a la prórroga.

Puertos dejaba claro que está por la labor. "Este organismo público entiende que, pese a lo determinado por la Abogacía General del Estado, existen razones fundadas en derecho para sostener la naturaleza concesional de la ocupación de dominio público controvertida y, por consiguiente, la corrección de la tramitación hasta ahora desarrollada de ampliación del plazo inicial y de prórroga", según la documentación a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El caso afecta a todo el sistema de puertos deportivos, cuyas concesiones empiezan a vencer

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, finalmente accedió y ha pedido ese informe a ver si sortea la posición de la Abogada General del Estado. Con esa firma, los tres abogados del Estado lograron algo extremadamente inusual, como lo califican fuentes jurídicas: que el Gobierno acuda al Consejo de Estado a ver si concluye algo distinto que la Abogacía del Estado y así puede prorrogar una concesión pública sin abrirla a la competencia. En la abogacía hay quien considera que es una forma de deslegitimar al cuerpo y su directora pero el Ministerio de Justicia no quiso hacer comentarios. En 2005, el Consejo de Estado ya informó en contra de una concesión parecida en Formentera. Pero entonces no era más que un club.

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