Canarias: un ajedrez electoral cubierto de peones

Más de 1.720.000 canarios están llamados a las urnas en las elecciones locales y autonómicas convocadas para el próximo día 28. Unas elecciones que decidirán los gobiernos en tres ámbitos distintos: local, insular y autonómico, aunque los ciudadanos se encontrarán con cuatro papeletas en los colegios electorales. El sistema político, institucional y electoral de Canarias presenta algunos rasgos propios que sin duda explican la complejidad de su dinámica política, la imperiosa necesidad de equilibrios a menudo malogrados, la obligatoriedad de los pactos y el gusto por la fragmentación tribal, isloteñista y localista. La política canaria es una selva pululante que no se suele desbrozar con machetes, sino con hojillas de afeitar para cortar arterias ajenas y cambiar de aspecto y de socio en un instante.

Durante largos años (entre 1983 y 2019) el Parlamento de Canarias estuvo compuesto por sesenta diputados elegidos por un método conocido como la triple paridad, ocurrente ingeniería electoral consensuada entre los redactores del Estatuto de Canarias de 1982, que establecía la isla como circunscripción electoral. Canarias carecía –obviamente -- de cualquier experiencia parlamentaria. Primera paridad: las islas capitalinas – Gran Canaria y Tenerife – tenían el mismo número de escaños cada una: quince. Segunda paridad: cada provincia (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro por un lado y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por otro) elegía 30 diputados. Tercera paridad: las islas no capitalinas sumaban quince escaños en una y una provincia. En el fondo era un sistema unicameral que armonizaba criterios de representación popular y territorial, con un alto coste de desigualdad para la primera.

La triple paridad quedó afectada, pero no desapareció, con una reforma electoral cuyos principios se incluyeron en el nuevo Estatuto de Autonomía de 2018 y que se desarrolló legalmente después. Fuerteventura pasó a tener ocho diputados. Y se instituyó una lista electoral de nueve diputados, votados en todas las islas. Por eso, en los colegios electorales que se abran el día 28, los electores votarán a dos listas al Parlamentos: la de su circunscripción insular y la regional. En todo caso la irrupción de la lista regional no ha supuesto ni la superación de tentaciones insularistas ni el chantaje de pequeños partidos sobre el Gobierno autónomo, como ha ocurrido en esta legislatura con la Agrupación Socialista Gomera, liderada por Casimiro Curbelo, una escisión del PSOE

El juego de cajas chinas de la triple paridad se nutría (y se nutre) de dos razones políticas con hondas raíces históricas. Una es el pleito insular que durante siglo y medio enfrentó a las burguesías agroexportadoras de Tenerife y Gran Canaria a través de una insuficiente y frustrada modernización del país para alcanzar la hegemonía regional, una hegemonía no solo tanto en términos exclusivamente económicos, sino también como instrumento de relación con Madrid. Gran Canaria y Tenerife debían contar, por lo tanto, con la misma representación, al igual que el sumatorio de sus respectivos satélites insulares. Pero, simultáneamente, las islas periféricas desconfiaban de la férula de las islas capitalinas – una desconfianza acentuada en los últimos años del siglo XIX y principios del XX -- y su mayor peso demográfico, económico y, al cabo político e ideológico.

Fue un abogado de Fuerteventura, Manuel Velázquez Cabrera (1863-1916), quien impulsó entre innumerables incomprensiones y menosprecios el proyecto de dotar a cada isla de un órgano propio de gestión administrativa, para mejorar la administración pública, desde luego, pero también para eludir así, en lo posible, tanto la indiferencia de las islas mayores como la estúpida ignorancia que se acumulaba en los ministerios sobre la realidad insular de Canarias. Otros dos letrados, el lanzaroteño Benito Pérez Armas y el palmero Pedro Pérez Díaz, aportaron su influencia y sus propuestas desde sus respectivas islas y responsabilidades. Y finalmente, con la llegada al poder del liberal más regeneracionista entre los liberales españoles, José Canalejas, se promulgó la conocida como ley de Cabildos Insulares en 1912, cuatro meses antes de que fuera asesinado por un anarquista en la Puerta del Sol.

La ley de Cabildos supuso una transformación estructural en la historia política y administrativa de Canarias al introducir novedades en la organización institucional y territorial desde un reconocimiento a las singularidades del archipiélago, aunque existieran antecedentes, por supuesto. Los cabildos elegidos en 1913 rompieron la ley de 1822 que dividió España en provincias, y en virtud de la cual Canarias entera quedó integrada en una única entidad provincial con capital en Santa Cruz de Tenerife (las creación y delimitación de dos provincias no llegarían hasta 1927). Los cabildos fueron reconocidos en la Constitución de 1978 y después de varios parches y añadidos, su actualización culminó en la let 8/2015 de Cabildos Insulares.

En la Península se suele practicar una equiparación falaz entre cabildos y diputaciones provinciales. Las diputaciones son a menudo entidades administrativas casi residuales. Los cabildos, en cambio, son órganos político-administrativos de gran potencia y han asumido competencias e incrementado sus presupuestos sensiblemente en los últimos treinta años. El Cabildo de Tenerife dispone de unos presupuestos que rozan los 948 millones de euros; comparativamente, el de la diputación provincial de Valencia –con un PIB per cápita superior al de Canarias – apenas llega a los 646 millones. El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, gastará este año un total de 847 millones de euros aproximadamente. El Cabildo tinerfeño tiene alrededor de 3.500 empleados –funcionarios y laborales -- y el de Gran Canaria unos 1.800. Se comprenderá la extraordinaria relevancia política y electoral de unas instituciones que han gozado tradicionalmente de la simpatía de los ciudadanos isleños (gastan, invierten y contratan pero no cobran impuestos: se financian casi exclusivamente con transferencias de capital provenientes de la recaudación fiscal del Gobierno autónomo) y cuyo control –como el de las capitales insulares -- deviene además indispensable para obtener buenos resultados al Parlamento de Canarias.

Por último quedan los ayuntamientos. Canarias tiene una extensión terrestre de unos 7.447 kilómetros cuadrados, pero más de un 35% son parques naturales y espacios y parajes protegidos. En el otro 65% de asienta la población en nada menos que 88 municipios con sus respectivos ayuntamientos y alcalde, desde Pájara (Fuerteventura) con 383 kilómetros cuadrados a Puerto de la Cruz (Tenerife) con apenas 8,83 kilómetros cuadrados, ambos municipios turísticos. Aunque hace décadas que se debate –generalmente en voz muy baja – sobre el exceso injustificable de municipios en Canarias todavía en 2007 se creó uno nuevo, el Pinar, en la isla más pequeña, El Hierro. El sentido común administrativo y territorial indica que ordenar y simplificar el mapa municipal debería asumirse como un objetivo estratégico a medio plazo. Pero ninguna fuerza política está dispuesta a asumir el desgaste.

Dialogar, pactar y conseguir gobernar en Canarias supone siempre un esfuerzo ímprobo de equilibrios, contraprestaciones y contenciones. Cada partido intenta maximizar la rentabilidad de sus decisiones en todo el tablero político poselectoral. En los años noventa se intentaron repetidamente “pactos en cascada” que involucrasen a Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos. Fracasaron. Los líderes no pudieron disciplinar a sus cargos públicos. Pero ahora el control de un cabildo, como el de los principales ayuntamientos de las islas, está implícito en cualquier estrategia para alcanzar el poder autonómico. Y también – relativamente -- viceversa.