FRAUDE ELECTORAL

Así se compra el voto por correo: las tramas se ceban en la marginalidad, ofreciendo empleo o vales de comida

La justicia ha investigado fraudes en Melilla en elecciones de 2007, 2008 y 2015

Agentes de la Policía Nacional, durante uno de los registros practicados este martes en Melilla.

Agentes de la Policía Nacional, durante uno de los registros practicados este martes en Melilla. / EUROPA PRESS

La justicia ha investigado en los últimos años diversas tramas de fraude en el voto por correo en Melilla que no siempre han concluido en condenas, pero que evidencian prácticas que aprovechan determinadas 'debilidades' del sistema electoral y la falta de escrúpulos de algunos dirigentes políticos para manipular los resultados. Son actuaciones que se ceban en sectores de población marginales, a los que se ofrecen pequeñas cantidades en metálico, vales de comida o la expectativa de ser contratados por la administración.

La presunta trama que se investiga estos días en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, bajo secreto de sumario, indaga un presunto fraude después de que se conocieran los asaltos a empleados de Correos portadores de la documentación electoral. En esta ocasión los pagos que se ofrecían a los electores serían de entre 50 y 200 euros.

De hecho, la investigación policial se centra en ambientes relacionados con el narcotráfico local. Los peones de la trama serían delincuentes habituales melillenses encargados de ofrecer a familias empobrecidas pequeñas cantidades de dinero -”para el Mercadona”, decía uno de los compradores- y de prometer puestos de trabajo cuando se formara un nuevo gobierno local.

La ciudad autónoma protagonizó un episodio especialmente grave en 2008 que concluyó su periplo judicial en febrero de 2021, cuando el Tribunal Supremo confirmó las condenas al expresidente de Melilla Mustafá Aberchan, de Coalición por Melilla (CPM), y al ex secretario general de los socialistas Dionisio Muñoz Pérez a dos años de cárcel por delito de falsedad y dos delitos electorales. También en esta ocasión los votos se compraban a cambio de prometer contratos en futuros planes de empleo que dependían de los grupos políticos implicados.

Cartas que certificaban empleos

Concretamente, y según consideró probada la justicia, a los electores se les prometía que serían contratados en los planes de empleo con preferencia respecto de otras personas, lo que constituía un importante estímulo dado el número de desempleados que hay en Melilla, según llegó a afirmar la justicia en sus resoluciones.

Los implicados llegaron a enviar cartas que anunciaban a los destinatarios que habían sido preseleccionados para los planes de empleo. El texto de las misivas hacía creer que habían sido remitidas por la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), organismo dependiente de la Delegación del Gobierno y cuya función consistía, precisamente, en gestionar los planes de empleo. Los destinatarios eran emplazados en un lugar concreto a los pocos días de la jornada electoral, lo que fomentó su creencia en la realidad del cumplimiento de la promesa.

La propagación de la noticia de la posibilidad de obtener trabajo a cambio de solicitar el voto por correo fue tal que el porcentaje aumentó ese año más del doble, pues fue del 11,42 por ciento con respecto a las elecciones generales de 2004 (5,39 por ciento).

En cuanto a la operativa del fraude, bastaba con que una persona reclamase el voto por correo presentando su DNI y que al ser recibidos los documentos del voto los entregase en la sede de los partidos políticos implicados. Una vez allí, ya no era necesaria la intervención del votante, porque una persona del partido político elegía la opción a su conveniencia y la introducía en el sobre de votación, y la metía en otro sobre que era entregado en Correos.

En algunos casos se llegaron incluso a rellenar los impresos de solicitud de la certificación del censo y se llevaba el resguardo de la solicitud a la sede del partido, o los implicados se acercaban a la casa del votante para interesarse por la realización de los referidos trámites. Otro sistema pasaba por lograr el otorgamiento de poderes notariales para solicitar la certificación del Censo, siendo los apoderados personas afines a CpM y, recibida la documentación, la ponían a disposición del partido.

Investigación en 2015 por vales de comida

En 201, Equo también denunció supuestas irregularidades en el voto por correo en Melilla. Esta formación pretendía que se anularan las elecciones locales celebradas el 24 de mayo de 2015, y que se repitieran.

Pero los jueces consideraron que la denuncia era “imprecisa” y “vaga”: “Se relata de forma un tanto velada un mecanismo fraudulento para la alteración del voto por correo mediante su compra, que deduce la actora de la existencia de una serie de anomalías verificadas durante el proceso electoral, la campaña y precampaña, y que consistirían en hechos en torno a la oficina de correos como personas entregando multitud de sobres, vigilancia de los activistas de un partido a la oficina, personas que cogían cientos de números y fuertes discusiones dentro de la oficina que han obligado incluso a las autoridades a enviar numerosa fuerza policial..." (sic).

Los denunciantes también entregaron un estudio estadístico que incidía en el peso del voto por correo en la ciudad autónoma en comparación con otras circunscripciones y en particular con Ceuta.

Este informe también llamaba la atención en la presencia de voto por correo en los focos de marginalidad de la localidad. Equo consideraba, por ello, que había suficientes "indicios” que hacían suponer la existencia de “posibles tramas de compra de votos, en los últimos años centrado en los votos por correo".

Pero los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideraron finalmente que la versión de Equo era “insostenible” y "una construcción especulativa” que carecía “del más mínimo dato objetivo en el que fundarse”. Los jueces lamentaban que Equo no llegaba a decir quién compraba los votos y quien los vendía: “Y no se ha realizado esfuerzo probatorio alguno al objeto de justificar una sola operación fraudulenta de la índole que se denuncia”, concluyeron los magistrados.

También en Melilla, el Juzgado de lo Penal número 1 abrió una causa por delitos electorales contra el responsable de una asociación cultural llamada Numidia, apodado Chipirón, que de cara a las elecciones a la Asamblea Autónoma de la ciudad de mayo de 2007 habría rellenado presuntamente solicitudes de voto por correo para posteriormente tener acceso a la documentación, con la promesa de vales de comida de 60 euros canjeables en unos determinados supermercados emitidos por la Viceconsejería de Bienestar Social de Melilla. Se investigó a este ciudadano y al viceconsejero, que resultaron finalmente absueltos.