El Gobierno saca pecho y calcula que sus medidas ahorran a los españoles 38.000 millones en luz, gas y combustibles

El Gobierno empieza a desgranar los detalles de la nueva batería de medidas para frenar el golpe de la crisis energética en los hogares y en las empresas incluidas en el Plan Más Seguridad Energética, el plan de contingencia español para blindarse de los efectos de la amenaza de Rusia aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y que debe remitirse a la Comisión Europea. El presidente Pedro Sánchez concretó este jueves en el Congreso de los Diputados algunas de las iniciativas incluidas en el plan sin demasiado detalle y en las próximas semanas continuará el reguero de reformas normativas para desarrollar otros programas.

Nuevas medidas que se suman a las adoptadas desde el verano de 2021, en total 85 normas en el ámbito energético en poco más de un año, como las sucesivas rebajas de impuestos y de los costes regulados en las facturas de la luz y el gas, las ayudas directas a hogares y empresas en todo tipo de energía (también los combustibles con el descuento de los 20 céntimos por litro) o las iniciativas para frenar las subidas como poner un límite a los contratos de venta de electricidad, topar las subidas de la tarifa regulada del gas o la excepción ibérica aplicada en el mercado eléctrico.

El Gobierno saca pecho del impacto de todas las esas medidas ya en marcha y las que vienen, y presume de ahorrar 38.000 millones de euros a todos los consumidores en relación a lo que habrían pagado en plena espiral alcista de precios energéticos en caso de no haber adoptado las medidas. Según las estimaciones del Ejecutivo, las iniciativas ya operativas y que empezaron a activarse desde mediados del año pasado han descontado 35.000 millones de euros a los españoles, tanto particulares como empresas, y sólo las medidas anunciadas este jueves por Sánchez sumarán otros 3.000 millones más.

Medidas ya en marcha

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se presume de que las medidas adoptadas durante el último año han tenido un impacto directo en el precio que pagan los hogares y las empresas por la luz y el gas. Según sus estimaciones, las rebajas fiscales, el recorte de los costes regulados y el efecto del mecanismo ibérico del tope al gas, entre otras medidas, han hecho que la factura de la luz de los hogares sortee una subida del 33% del precio que habrían abonado sin las medidas; un 23% en el caso de las pymes y de entre el 18% y el 20% para los grupos industriales.

Según el cálculo del Ministerio, el tope al gas de la excepción ibérica -que pone un límite al precio del gas que se utiliza para producir electricidad para que evitar la subida del resto de tecnologías de producción- ha supuesto ya un ahorro de más de 2.800 millones desde mediados de junio para todos los clientes gracias a conseguir contener el precio del mercado eléctrico, incluido el efecto de la compensación que pagan parte de los clientes a las centrales de gas para cubrir sus costes reales.

Y sin la rebaja del IVA del gas y sin el límite a las subidas trimestrales de la tarifa regulada gasista, los clientes adscritos a la tarifa TUR1 (sólo agua caliente) habrían pagado un 45% más y en el caso de los consumidores de la TUR 2 (agua caliente y calefacción) sería un 49% mayor. En paralelo, el precio de la bombona de butano tiene el precio congelado y se activó el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores.

Nuevo paquete

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El presidente del Gobierno ha anticipado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un nuevo paquete que contempla la movilización de 3.000 millones de los presupuestos públicos para reforzar la protección frente a la crisis del 40% de los hogares españoles. El Ejecutivo creará una nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con calderas centralizadas, de las que se pueden beneficiar 1,7 millones de hogares que verán cómo su factura se reduzca a la mitad frente a las actuales condiciones de mercado.

También se reforzará el bono social eléctrico para los 1,3 millones de hogares que ya lo tienen, ampliando los descuentos hasta el 65 y el 80% de la factura para beneficiarios vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, y se amplía un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento. De forma temporal, se crea una nueva categoría de consumidores con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para hogares con trabajadores con ingresos reducidos, que puede llegar a 1,5 millones de familias. Y, en paralelo, se duplica el presupuesto del bono social térmico, que contempla ayudas directas para pagar suministros de agua caliente y gas para hogares vulnerables de entre 40 y 375 euros.