El Congreso acuerda pedir al BCE su opinión sobre el 'impuesto' a la banca

El Congreso ha acordado este martes pedir al Banco Central Europeo (BCE) su opinión no vinculante sobre el 'impuesto' a la banca anunciado por Pedro Sánchez el pasado julio. La mesa de portavoces de la comisión de economía, así, ha aprobado a instancias del PSOE y Unidas Podemos pedir a la mesa de la cámara que eleve su solicitud al supervisor europeo a través del Banco de España (representante del organismo europeo en el país), explica a este diario Pedro Casares, portavoz socialista en dicha comisión.

Por su parte, la autoridad monetaria de la zona euro, tradicionalmente contraria a este tipo de impuestos, tiene previsto en principio emitir dicha opinión cuando la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos haya avanzado en el trámite de negociación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, para tener así una visión más clara de la norma que finalmente pueda ser aprobada antes de que acabe el año, según fuentes cercanas. 

En los últimos días, se ha generado la expectativa de que el Ejecutivo pueda aceptar cambios relevantes en el proyecto para adaptarlo a las recomendaciones del BCE. "Tenemos que asegurarnos de que el impuesto a la banca no tiene ningún impacto negativo desde el punto de vista de la estabilidad financiera. En el trámite de la proposición de ley, se incorporarán aquellas mejoras que nos permitan tener un gravamen adecuado, con una capacidad recaudatoria adecuada para financiar todas las medidas de apoyo a los ciudadanos", afirmó el jueves la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, preguntada al respecto. 

De ahí, en principio, la importancia del momento en que el Congreso ha solicitado dicha opinión al BCE y del que este la emita. Fuentes del organismo europeo, sin embargo, afirman que el Gobierno le ha transmitido informalmente que no debe esperar cambios de fondo en la proposición de ley del 'impuesto' (en realidad, y para evitar escollos legales, prestación patrimonial de carácter público no tributaria). De ahí que el banco central no tenga excesiva prisa en emitir su valoración. "Se puede empezar a trabajar y esperar un poco para ver qué cambia en el trámite parlamentario. No tiene sentido opinar de algo que luego puede modificarse", argumentan.

Oposición habitual 

Una vez la petición del Congreso llegue al BCE, los departamentos jurídicos de la autoridad monetaria lo analizarán como paso previo a que el consejo de gobierno apruebe su opinión, normalmente mediante un procedimiento por escrito y sin necesidad de una reunión física. La autoridad que hace la consulta puede pedir al banco central que se pronuncie en un plazo no inferior a un mes, salvo casos de "extrema urgencia" en que debe justificar un plazo menor. La normativa europea exige que el BCE sea consultado en una "etapa apropiada" que permita al país consultante "tomar en consideración" su opinión antes de adoptar la nueva ley.

Los banqueros centrales de la zona euro, en cualquier caso, llevan ya algunas semanas advirtiendo de que tradicionalmente se han opuesto a tributos que reduzcan el flujo de crédito, encarezcan los préstamos a empresas y familias, y disminuyan la solvencia de las entidades. "No es fácil establecer un impuesto que no acabe afectando directa o indirectamente a alguno de estos canales, al crédito, a los tipos de interés o a la capacidad de resistencia de los bancos, y por tanto la opinión del BCE ha sido normalmente negativa sobre este tipo de impuestos", advirtió a finales de julio Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y, como tal, miembro del consejo de gobierno del BCE. 

Ya en estudio

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En similares términos se ha venido pronunciando el vicepresidente de la autoridad monetaria, Luis de Guindos, quien este lunes desveló en Madrid que su institución está ya "viendo las características" del gravamen que ha comenzado a tramitar el Congreso y emitiría una opinión la pidiese o no España. El exministro de Economía del PP, además, dejó entrever que no espera grandes cambios en dicha tramitación parlamentaria: "Intentaremos lógicamente que la opinión sea útil para lo que deben ser las decisiones del Gobierno desde el punto de vista del BCE. Y después, los gobiernos pueden tener otra visión distinta. Nosotros tenemos nuestra opinión y el Gobierno decidirá".

Durante su intervención en la reunión anual de consejos consultivos del Sabadell, el número dos del BCE también se refirió a los beneficios extraordinarios alegados por el Ejecutivo para justificar el gravamen. "La subida de tipos va a mejorar la rentabilidad de los bancos, que todavía quedará por debajo de la media de otros países. Pero no podemos dejarnos cegar por los efectos a corto plazo, porque el coste del pasivo (depósitos y emisiones de deuda) también va a subir y nos vamos a encontrar con empresas que, como consecuencia del ajuste de la política monetaria y su impacto económico, exigirán una subida de provisiones (por parte de los bancos)", alertó.