SOS de las renovables ante el parón de proyectos por el atasco de la burocracia

España se prepara para una avalancha de nuevas renovables. Así debería ser, ése es el objetivo. Pero los promotores de nuevas plantas renovables, tanto eólicas como solares, alertan de las enormes dificultades con que se encuentran en el mercado español para poner en marcha sus proyectos y de cómo están obligados a afrontar tramitaciones administrativas de entre tres y seis años desde que se inicia el proceso y hasta que finalmente acaban entrando en funcionamiento.

“Hay un problema grave para el desarrollo de proyectos renovables en España. No es normal que proyectos robustos estén años para conseguir tramitarse”, se quejó Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España, en su intervención en el VII Foro de Energía organizado por El Economista. “Es un tema preocupante para seguir invirtiendo en renovables en España”, advierte la máxima ejecutiva de la filial española del gigante francés.

La hoja de ruta marcada por el Gobierno para impulsar la descarbonización del sector energético contempla instalar unos 60.000 megavatios (MW) de renovables hasta 2030. Un objetivo que el Ejecutivo tiene previsto revisar para hacerlo aún más ambicioso, en línea con las exigencias de la Unión Europea, y que ya ha quedado desbordado por el aluvión de solicitudes que se acumulan para levantar nuevas plantas de energías verdes.

Según los últimos datos de Red Eléctrica de España, el gestor de la red de alta tensión y operador del sistema eléctrico, a cierre de agosto había concedido ya permiso de acceso a la red a proyectos por 144.600 MW y aún tiene en estudio otros 32.100 MW más, que se suman a los 42.300 MW de eólica y fotovoltaica ya en funcionamiento. Y a todo ese aluvión de peticiones habría que sumar los 135.000 MW a los que Red Eléctrica ya les ha denegado el permiso.

A pesar de las sucesivas medidas del Gobierno para frenar la especulación y pinchar una temida burbuja en el sector, las solicitudes para conectar a la red eléctrica nuevas instalaciones renovables casi triplican toda esa nueva potencia verde prevista por el Gobierno para la próxima década en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

En riesgo cientos de proyectos

Las administraciones y el propio sector de las renovables dan por seguro que una parte importante de ese aluvión de solicitudes no tienen ningún proyecto real detrás y que los promotores acabarán retirando la petición o le será denegada. El gran problema, el gran lujo que la economía española no se puede permitir en plena transición energética, es el de los cientos de proyectos que sí cuentan con proyectos energéticos detrás y que están en riesgo de que no salgan adelante por el retraso que acumulan las Administraciones.

“No tiene sentido perder ni un solo megavatio de renovable en España. No podemos tardar años en la tramitación y meses en poder conectarnos a la red”, sostiene Rafael Mateo, consejero delegado de Acciona Energía. “Hay que hacer la vista gorda con algunos trámites. Esta bien revisar la burocracia cuando hay una avalancha de peticiones, pues también cuando hay una emergencia como ahora”.

El Gobierno aprobó el pasado diciembre una ampliación de nueve meses de los plazos para que los promotores renovables obtengan algunos de los permisos intermedios (la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa), evitando que cientos de proyectos decayeran por el retraso de las administraciones, y que los promotores pudieran perder los avales presentados para obtener las licencias y los permisos de acceso a la red conseguidos. Con los nuevos plazos, la mayoría de proyectos han de contar con esos permisos a final de este año o muy a principios de 2023.

La avalancha de proyectos renovables sigue siendo tal que ha acabado por colapsar las Administraciones encargadas de conceder los permisos y provocando enormes retrasos en la tramitación (el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de grandes proyectos de más de 50 MW y las comunidades autónomas para las plantas de menor potencia). Los retrasos amenazan con expulsar proyectos que sí cuentan con un plan de construcción real. “Cada kilovatio cuenta, claro que cuenta. No perdamos ni uno”, subraya el consejero delegado de Capital Energy, Juan José Sánchez. “Con 3.000 MW más de eólica, que ya deberían estar en marcha, podríamos haber desplazado todo el gas ruso que se está utilizando para producir electricidad”.

Los grupos industriales que son consumidores intensivos de electricidad también muestran su preocupación por el parón del despliegue de renovables. La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a casi una treintena de grandes grupos industriales con presencia en España, ha planteado al Gobierno la posibilidad de dar prioridad en las tramitaciones de los permisos a las plantas de renovables que hayan comprometido que gran parte de su producción se destinará a contratos de larga duración a precio fijo (PPA, según la terminología del sector).

Enganche real a la red

Las quejas de las renovables se centran en los largos procesos administrativos con el Gobierno central y con las comunidades autónomas. Pero también alertan de las esperas para conseguir el enganche efectivo a la red de alta tensión de Red Eléctrica.

“No se puede tener una planta de 500 megavatios terminada desde hace más de un mes y que no pueda verter electricidad a la red porque falta una autorización”, se queja Mario Ruiz Table, nuevo consejero delegado de Iberdrola España. “Tener una planta finalizada y que te tarden seis meses para conectarla a la red es un lujo que no nos podemos permitir”, abunda José Miguel Ferrar, director general en España de Statkraft, el gigante renovable del Estado noruego.

Desde la propia Red Eléctrica se subraya la celeridad con que la compañía está consiguiendo la integración física y técnica de las nuevas plantas renovables a la red de alta tensión (con 4.300 MW conectados el año pasado), pero reconoce que en ocasiones puede faltar un último permiso para el enganche definitivo. El consejero delegado de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Roberto García Merino, insiste en que el verdadero cuello de botella está en el retraso de las administraciones, y que el grupo está tramitando sus peticiones para dar el permiso de acceso a buen ritmo.

Menos burocracia

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El Gobierno no oculta su preocupación por el retraso en el despliegue de renovables por los retrasos administrativos y estudia cambios legislativos para reducir la burocracia y allanar el camino hasta la puesta en marcha de las plantas. “Tenemos que mirar qué tipo de medidas normativas adoptar, cómo simplificar los procesos para ayudar promotores de proyectos renovables y acelerar proyectos de más envergadura. Tenemos que ver cómo acortar los tiempos de tramitación administrativa sin sacrificar controles ambientales y de patrimonio”, indica Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que reconoce que el objetivo implementar próximamente esas reformas.

En paralelo, desde el Gobierno central se ha mostrado en los últimos meses la frustración por la falta de dotación de personal por parte de las distintas Administraciones, especialmente las autonómicas, para desatascar el aluvión de solicitudes de renovables. Las comunidades autónomas reconocieron su incapacidad para asumir la avalancha de peticiones recibidas y fueron los gobiernos regionales los que solicitaron por unanimidad al Gobierno ampliar los plazos de los permisos intermedios y el Ministerio para la Transición Ecológica ha reclamado a las regiones recursos suficientes para atender la demanda.