ENTREVISTA

Raquel Sánchez, ministra de Transportes: "A todos nos toca apretarnos el cinturón"

La ministra pide "un ejercicio de responsabilidad" al sector del transporte para evitar que se produzcan nuevas huelgas

Raquel Sánchez, ministra de Transportes.

Raquel Sánchez, ministra de Transportes. / José Luis Roca

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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez (Gavà, Barcelona, 1975), recibe a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, un día después del Consejo de Ministros que ha cerrado el curso político antes de las vacaciones y ha aprobado una de las medidas estrella del Ejecutivo para aliviar el efecto de la inflación en los bolsillos a partir de septiembre: los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, que se suma a los descuentos del 50% en Avant y las subvenciones para rebajar un 30% el transporte público autonómico y municipal.

¿Cómo y cuándo se podrán comprar los nuevos abonos?

Estamos trabajando para que todo esté listo y que el 1 de septiembre los usuarios recurrentes pueden beneficiarse de las bonificaciones del transporte ferroviario sin incidencias, sin colas y sin sufrir colapsos en la web. El próximo lunes 8 Renfe abrirá en su página web y en su aplicación un registro para obtener los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia y del 50% de Avant. Y desde ese mismo día, también estará disponible para todos los ciudadanos un espacio en la web con toda la información para poder solicitar los abonos, que tendrán una vigencia de cuatro meses en el caso de Rodalies, Cercanías y Media Distancia. Se va a crear un abono específico por cada núcleo de Cercanías y por cada origen-destino de Media Distancia. La idea es que los usuarios se registren con tiempo en la web de Renfe para poder empezar a comprar online los billetes a partir del 24 de agosto de 2022 y durante todo el periodo de vigencia de la medida.

¿Cuánta gente cree que dejará el coche por el tren con las tarifas gratuitas?

Hemos hecho un primer cálculo aproximado de que puede beneficiar a 75 millones de viajes. Todos los usuarios que ya vienen disfrutando del transporte público se van a ver beneficiados. Pero, además, puede tener una capacidad de atracción de un 15%-20% de viajeros más. Y tendrá un doble impacto: al ayudar a las clases medias y trabajadoras será un alivio en sus economías y en sus bolsillos en un momento complicado, pero podría ser también una medida que fomente el uso del transporte público en un contexto muy marcado por la emergencia climática y de impulso a la movilidad sostenible. 

¿Tienen previstos más trenes o maquinistas para evitar la saturación de las líneas?

Estamos en unos niveles de demanda y ocupación que nos sitúan al 20% de lo que existía con anterioridad a la pandemia y, por tanto, si se produce un incremento en el uso del transporte público entendemos que hay ese margen. En cualquier caso, vamos a ir monitorizando la demanda, para ver cómo se produce y si las horas punta son las más afectadas habrá que adoptar cualquier tipo de medida que sea necesaria. Hay opciones diferentes para poder jugar con esa flexibilización de las frecuencias y los horarios. Además, Renfe tiene prevista la contratación de hasta 1.000 personas para que esta medida funcione con eficacia y sea fácil para el usuario.

¿Cuánto costará al Estado?

Hemos hecho un cálculo aproximado del entorno de los 200 millones de euros, pero cuando tengamos los resultados y veamos si se ha producido un incremento de la demanda podemos ajustar esa cifra.

Hay quien la califica de populista…

No es una medida populista, sino una buena medida que nos permite ayudar a las clases medias y trabajadoras y asegurar que no son siempre los mismos los que pagan las consecuencias de la crisis. El Partido Popular demostró sus prioridades en la anterior crisis financiera, nosotros estamos acreditando, con esta medida y con el resto que hemos adoptado, la protección a los más vulnerables, las clases medias y trabajadoras, pero también la necesaria competitividad de nuestras empresas.

También ha habido críticas, sobre todo de los economistas, por el descuento de 20 céntimos en los carburantes. ¿Tiene sentido que alguien con un Ferrari se beneficie de esa bonificación?

Esta ha sido una ayuda directa para los ciudadanos y las ciudadanas y también ha tenido un efecto positivo para ayudarnos a contener la inflación entre 3,5 y 5 puntos. Tiene sentido hacer ese descuento con carácter generalizado. Este Gobierno no descarta en un futuro replantearse si mantenerlo así o si se pueden estudiar otras fórmulas.

Los transportistas pedían subirlo a 40 céntimos. ¿Por qué no?

Lo más importante es poner en valor el acuerdo que hemos alcanzado con los transportistas para aplicar al sector los mismos principios que rigen la ley de la cadena alimentaria: asegurar que no van a trabajar a pérdidas. Entre las medidas adoptadas se incluye la revisión de precios en función del precio del combustible. Es decir, si los transportistas tienen que pagar más por la gasolina, pueden repercutir ese incremento de precios en sus servicios. Hemos conseguido un acuerdo justo entre sus reivindicaciones y las medidas que este Gobierno puede aplicar. Son un conjunto de medidas históricas que nos permiten hablar de un cambio estructural de la regulación y las condiciones de trabajo de los transportistas. 

¿Teme la respuesta de la Plataforma en Defensa del Transporte de mercancías por carretera?

La principal reivindicación de la Plataforma era evitar el trabajo a pérdidas, convino que esta era una buena medida y contamos con la aprobación de este Real Decreto Ley. Durante todo el proceso hemos estado negociando con el Comité Nacional de Transporte por Carretera e informando en paralelo a los representantes de la Plataforma.

¿Puede garantizar el Gobierno que no habrá nuevas huelgas, sobre todo de cara a invierno?

Evidentemente hemos pedido al sector del transporte, igual que al conjunto de la sociedad, un ejercicio de responsabilidad. Estamos en un momento muy complicado viviendo las consecuencias de una guerra que se está dando a las puertas de Europa. A todos nos toca apretarnos el cinturón. También el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo con un paquete de medidas que alcanza los 30.000 millones de euros.

Echando la vista atrás, ¿se arrepiente de no haberse sentado antes con los transportistas?

Siempre tuvimos una actitud solucionadora, que siempre priorizaba la resolución del conflicto. En el paro de marzo se produjeron comportamientos y actitudes que en ningún caso pueden justificar ninguna reivindicación por muy justa que se entienda. Nosotros siempre en un contexto y escenario de diálogo estamos abiertos a hablar y dialogar pero respetando el derecho que pueden tener unos a parar pero también otros a trabajar. Y en ese momento y en ese contexto no se daban esas condiciones.

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La CNMC ha multado recientemente a las constructoras por manipular concursos públicos durante 25 años. ¿No es tiempo suficiente para prohibir su participación en nuevos concursos?

Nosotros lo que tenemos que asegurar es que se cumplen las medidas de contratación y libre concurrencia. Las constructoras han venido recurriendo esas resoluciones que ha venido emitiendo la CNMC y muchas veces los tribunales han clarificado cuáles son esas conductas que se pueden dar pero que no se dan en la mayoría de casos. Hay que atender a las resoluciones de los jueces y tribunales que confirmen o no si se dan esas prácticas fraudulentas. Pero siempre con ese continuo espíritu de mejorar los procedimientos y los controles que existen en los procedimientos de contratación, que no son pocos.