CRISIS ENERGÉTICA

Las energéticas avisan de un parón de las inversiones en renovables por el impuesto

  • Las patronales de eléctricas, petroleras y bancos cargan en tromba contra el impuesto. 

  • Los bancos anticipan de que el nuevo tributo será un lastre económico y que provocará una contracción de las concesiones de crédito en plena crisis.

Instalaciones de energía eólica y de energía solar fotovoltaica.

Instalaciones de energía eólica y de energía solar fotovoltaica.

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Las grandes energéticas y la gran banca se revuelven contra el Gobierno por el nuevo impuesto temporal que les cargará 7.000 millones de euros en dos años. El plan del Ejecutivo es gravar con un 4,8% las comisiones netas y los intereses de las entidades financieras con ingresos de más de 800 millones al año y con un 1,2% las ventas de las energéticas con una facturación de más de 1.000 millones.

Un nuevo tributo que arranca su tramitación parlamentaria tras la presentación de una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, y que busca que las grandes empresas financien parte de las medidas adoptadas para paliar el impacto de la espiral inflacionista sobre hogares y empresas en plena crisis energética. Las grandes energéticas del sector eléctrico y del petrolero alertan de que el nuevo gravamen supone un freno a las inversiones del sector.

La patronal de las grandes eléctricas Aelec -que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP- considera injustificada la puesta en marcha del nuevo impuesto porque el sector no tiene los beneficios extraordinarios que el Gobierno quiere recortar y alerta de su impacto en los planes de despliegue de renovables de las compañías que requieren inversiones millonarias y, con ello, en el conjunto de la actividad económica y el empleo.

“La incorporación de un nuevo gravamen introduciría una incertidumbre adicional en las empresas, lastrando los ambiciosos planes de inversiones de las asociadas de Aelec para acelerar la descarbonización de nuestra economía y reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles del exterior”, señala la patronal de las eléctricas. “La imposición de este tipo de gravámenes es claramente contraria al objetivo de incorporar masivamente energías renovables al sistema eléctrico y facilitar la transición energética”.

La patronal de las petroleras AOP -que integra a las grandes de la industria como Repsol, Cepsa, BP, Galp o Eni- también alerta de que “los recursos de las compañías del sector son imprescindibles para seguir acometiendo las inversiones para alcanzar la neutralidad climática, que van a requerir miles de millones de euros en las refinerías españolas con una apuesta por la industria y el empleo, pese a la incertidumbre normativa en torno a estas inversiones”.

Las petroleras agrupadas en AOP han anunciado “inversiones milmillonarias y han puesto en marcha proyectos para el que el sistema de refino sea el más sostenible”, subraya la asociación. “Para no poner en riesgo estas inversiones, es necesario un marco legal estable y un diseño de la transición energética que deje competir a todas las alternativas en igualdad de condiciones”.

¿Sin beneficios extra?

Iberdrola y Endesa, las dos mayores eléctricas del país, ya aprovecharon la presentación de sus resultados semestrales este miércoles para avisar al Gobierno de que no encontrará los beneficios extra que asegura querer gravar para evitar que las grandes compañías se aprovechen de la crisis energética y de la espiral de subidas de precios. De hecho, ambas compañías esgrimen directamente la caída de beneficios que están registrando en el mercado español en lo que va de año.

Las eléctricas han venido insistiendo durante los últimos meses en negar la existencia de los beneficios millonarios que el Gobierno dice querer recortar, ya que tienen vendida toda su producción de electricidad con mucha antelación y a precios muy inferiores a los que marca el mercado eléctrico y, por ello, no se están beneficiando de las subidas.

Desde Aelec se subraya que la crisis energética ha provocado un incremento muy importante de los costes que ha reducido los márgenes y beneficios. “Un gravamen que se basa exclusivamente en los ingresos y no tiene en cuenta los costes, afecta a unos ingresos que no se traducen en mayores márgenes para las empresas”, al tiempo que el impuesto propuesto por el Gobierno obtendría parte de su recaudación en actividades reguladas como la tarifa regulada de luz (conocida como PVPC) o las redes de distribución, cuyos márgenes son fijados por el propio Gobierno y no se han visto afectados por la situación del mercado.

AOP subraya que la decisión del Gobierno de lanzar un gravamen a beneficios extraordinarias es arbitraria e injustificada. “Los beneficios no se distinguen por su carácter ordinario o extraordinario, sino que son cíclicos y fruto de unas condiciones de mercado potenciadas por unas inversiones realizadas a riesgo”, destaca la patronal de las petroleras. “Lo que hoy pueden parecer beneficios extraordinarios, en 2020 fueron pérdidas extraordinarias (…) Querer gravar hoy estos beneficios carece de sentido. Basar el nuevo gravamen en beneficios coyunturales, solamente tendría sentido si al tiempo se aportasen ayudas ante pérdidas coyunturales, como las vividas en el año 2020”.

En este contexto, Iberdrola provocó un choque entre sectores y apuntando esta semana a gasistas y petroleras como ganadores de la crisis. "Las compañías que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas", sentenció el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en una conferencia con analistas señalando de manera implícita a rivales como Naturgy o Repsol. "Nosotros no tenemos beneficios extraordinarios. El de gasistas y petroleras no es el mismo caso", apuntó.

Repsol y el imperio de la ley

Repsol, la mayor petrolera española y ahora reconvertida en grupo multinergía con presencia creciente en electricidad y renovables, ha advertido de que hará todo lo que esté en su mano para “evitar que cualquier medida arbitraria” impacto a la compañía.

“Creo y pienso firmemente que vivimos en una jurisdicción segura, y os digo que no tengo ninguna duda de que nuestro marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea nos van a proteger de cualquier potencial iniciativa arbitraria”, ha indicado el consejero delegado de Repsol, Josu Joan Imaz. “Contra las medidas arbitrarias, el imperio de la ley y la seguridad jurídica son afortunadamente claves en la UE. Así que seré muy claro: estoy confiado porque sabemos que tenemos un sólido marco constitucional y legal y que tanto el mercado español como el europeo son mercados que protegen la actividad empresarial de cualquier iniciativa arbitraria”.

La banca y el golpe al crédito

Las patronales del sector financiero AEB y CECA hacen frente común para advertir al Gobierno de que el nuevo impuesto no servirá para combatir la inflación y de que incluso entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo por frenar la concesión de crédito por parte de las entidades.

Según las asociaciones financieras, una medida de este tipo afectará a las decisiones de crédito y riesgo de las propias entidades, así como a su capacidad competitiva en el mercado único europeo. Santander ha llegado a cifrar en 50.000 millones de euros la contracción del crédito en el mercado español en los dos años en que el impuesto estará vigente.  

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