APAGÓN NUCLEAR

Las eléctricas piden cargar en el recibo de luz el sobrecoste del plan de cierre nuclear

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP grupos rechazan asumir los millonarios costes extra que plantea el borrador de Plan de Residuos Radiactivos del Gobierno y reclaman que se considere un gasto más del sistema eléctrico.

La central nuclear de Cofrentes, en Valencia.

La central nuclear de Cofrentes, en Valencia. / Foro Nuclear

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El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el proceso para aprobar un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y determinar cómo gestionar los desechos, cómo desmontar las centrales nucleares y anticipar cuánto va a costar todo ello. El borrador del Gobierno contempla dos opciones sobre dónde guardar los residuos nucleares durante los próximos 60 años: un solo cementerio centralizado o siete almacenes temporales en cada una de las centrales, que serán en ambos casos la solución intermedia hasta que se construya un almacén geológico profundo (AGP) donde guardar los desechos de manera definitiva, para siempre.

El Gobierno calcula que el coste total de gestionar los residuos nucleares y desmantelar las centrales ascenderá desde 1985 y hasta final de este siglo a 24.435 millones (si se construye un solo cementerio de residuos nucleares centralizado) o a 26.560 millones de euros (si se opta por los siete almacenes repartidos por España). Esto supone un sobrecoste de entre 1.400 y 3.500 millones en relación con las estimaciones contenidas en el anterior borrador elaborado en 2020 por Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los desechos nucleares.

Las grandes eléctricas, propietarias de las centrales nucleares españolas, rechazan asumir mayores costes a los previstos hasta ahora y critican la posibilidad de que el Gobierno suba la tasa que pagan las compañías para financiar los costes del plan del cierre de las centrales y la gestión de los residuos. Así se recoge en las observaciones remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el borrador del PGRR por el Comité de Energía Nuclear (CEN), que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP como dueñas de los reactores ubicados en España y que han presentado un documento de alegaciones conjunto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Costes del sistema eléctrico

Lo que les preocupa a las eléctricas es que las previsiones de lo que aún queda por pagar hasta el año 2100 para gestionar los residuos nucleares -17.100 millones si se construye un almacén temporal central o 19.200 millones si se opta por los siete silos temporales- implican un sobrecoste inesperado (de entre 500 y 2.000 millones a precios constantes en relación con el anterior borrador) que conllevaría un aumento de las tasas que pagan las centrales para financiar la gestión de los residuos.

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP culpan de estos sobrecostes al enorme retraso que acumuló el antiguo proyecto de construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca, por falta de consenso político e institucional, y por eso se niegan a asumirlos. La propuesta de las grandes eléctricas incluida en su informe de alegaciones es considerar esos importes adicionales como costes del sistema eléctrico y cargarlos a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores.

“Teniendo en cuenta la naturaleza de las causas que han originado el retraso del ATC, los sobrecostes para la gestión temporal del combustible gastado deberían considerarse, de acuerdo con la Ley 54/97 [la Ley del Sector Eléctrico], costes del sistema eléctrico, en lugar de ser imputados a la prestación patrimonial que grava la actividad de las centrales nucleares”, apuntan las eléctricas en el escrito remitido al Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 8 de junio. “De otro modo, un incremento adicional de la tasa que financian las centrales nucleares en explotación contribuye a poner en riesgo la viabilidad económica a futuro de las plantas”.

Cumplir lo pactado

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035 y aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías en función de la electricidad producida para financiar la gestión de los residuos y el gasto de desmantelar las centrales. En 2020, el Gobierno subió esas tasas 19,2% y actualmente están fijadas en 7,98 euros por cada megavatio hora (MWh) generado.

Según fuentes del sector, el sobrecoste de 500 millones previsto en caso de construir un ATC implicaría elevar la tasa desde los 7,98 euros por MWh actuales hasta los 8,5 euros y los 2.000 millones más por contar con siete almacenes temporales descentralizados (ATD) obligaría a situarla en los 9,5 euros. Por eso, las compañías consideran que con cualquiera de las opciones el Gobierno incumplirá el compromiso de no subir las tasas más allá del 20% que se incluía en el protocolo de cierre.

Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, advierte de que la legislación vigente habilita al Gobierno a revisar la tasa que pagan las centrales si se prevé un aumento significativo de los costes de desmantelamiento y gestión de los residuos. La Ley del Sector Eléctrico contempla que el Gobierno puede revisar la tasa nuclear mediante real decreto basándose en una memoria económico financiera que actualice los costes previstas para cubrir los trabajos del Plan General de Residuos Radiactivos. “Esta potestad del Gobierno no puede verse limitada por el protocolo de cierre ordenado de las centrales nucleares firmado en marco de 2019 por Enresa y las empresas propietarias de las centrales”, explican fuentes de Enresa.

Adelantar el AGP

Las grandes eléctricas rechazan las dos opciones de almacenes temporales que plantea el Gobierno (un solo ATC o siete ATD repartidos por el país) y reclaman una tercera vía: mantener sólo durante dos décadas los residuos nucleares en cada una de las centrales y activar directamente la construcción del cementerio definitivo para adelantar su puesta en marcha 25 años antes de lo previsto por el Ejecutivo, para que esté operativo como tarde en 2050 y no en 2073 como plantea el Ejecutivo.

Las compañías consideran que su opción de adelantar la puesta en funcionamiento del almacén geológico profundo (AGP) no implicaría un ahorro significativo para ellas y que las tasas que pagarían se situarían en un punto intermedio entre los 8,5 y los 9,5 euros por MWh, en línea con el impacto que tendría las alternativas que plantea el Ministerio.  

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