La factura del gas vuelve a subir por el pago de deuda a las grandes energéticas

El Gobierno puso en marcha el pasado verano un plan de choque para amortiguar el impacto en las facturas del gas. El Ministerio para la Transición Ecológica estableció un tope a las subidas que debían aplicarse en la tarifa regulada de gas, denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) y que el Gobierno revisa cada tres meses fundamentalmente en función de la evolución del precio del gas en los mercados internacionales.

Para evitar subidas desorbitadas de la TUR por el encarecimiento de la cotización del gas, el Ejecutivo estableció que sólo se repercutirá un máximo del 15% del coste de la materia prima en las revisiones trimestrales de la tarifa regulada, a la que están acogidos 1,5 millones de clientes, fundamentalmente hogares y pymes. En principio la medida estaba prevista para dos trimestres (desde octubre y desde enero), pero finalmente el tope en las subidas se prolongará hasta final de este año como parte de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno.

En octubre del año pasado, la tarifa regulada del gas debería haber subido un 26% y, gracias a la medida del Ejecutivo, lo hizo un 4,6% de media. Y en enero, se incrementó un 5,48%, frente al casi 84% al que obligaba el aumento del precio del gas en los mercados internacionales. El desfase entre las subidas que correspondía aplicar y las que realmente se aplicaron generó una deuda de algo más de 200 millones de euros con las empresas que ofrecen la tarifa regulada del gas (Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP), según fuentes del sector.

SUBIDA EN DIFERIDO

Los pequeños consumidores de gas acogidos a la TUR se salvaron así de las fuertes subidas que iban a reflejarse en su factura en pleno invierno. Pero sólo durante un tiempo, porque esas subidas han empezado a aplicarse y en sus recibos en diferido. Todo el alza que no se repercutió ni desde octubre ni desde enero en la factura, se empezó a aplicar el pasado abril de manera fraccionada y se vuelve a aplicar en la revisión de la tarifa a partir de julio. De los poco más de 200 millones de deuda acumulados, aún quedan pendientes de abonar por los clientes unos 190 millones tras empezar los pagos hace tres meses (apenas se habría reducido el endeudamiento en 15 millones de euros desde abril).

Las compañías gasistas que ofrecen la tarifa regulada (filiales de Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP) dejaron de cobrar a sus clientes durante esos seis meses cantidades millonarias reconocidas por ley, a la espera de ingresarlas poco a poco posteriormente. En abril y en julio, por la evolución de los mercados internacionales de gas y petróleo deberían haberse aplicado rebajas del componente correspondiente a la materia prima de la factura (del 10,7% y del 5,8%, respectivamente), pero para devolver a las compañías las cantidades pendientes de pago de manera progresiva en ambos trimestre el Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido sendas subidas del 15%, el máximo permitido.

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Los incrementos de la parte correspondiente a la materia prima se ha traducido en subidas finales del conjunto de las tarifas reguladas (TUR1, TUR2 y TUR3, en función del volumen de consumo de cada cliente) de entre el 5,9% y el 7,9% en abril y de entre 6,4% y el 8,4% a partir del 1 julio y para los próximos tres meses (el alza media ponderada es del 7,45% para este trimetre), según una resolución ministerial publicada este miércoles en el BOE. Incrementos mayores de los calculados por tener que afrontarse la deuda con las grandes energéticas por lo no cobrado con motivo de las anteriores subidas que fueron menores por el tope fijado por ley.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se subraya que la fijación del tope del 15% a las subidas por el coste de la materia prima “ha atenuado considerablemente el impacto sobre los consumidores” el impacto de la crisis energética, con reducciones en su factura anual que se estima en 73 euros para un cliente medio con TUR1, de 222 euros para la TUR2 y de 572 euros para consumidores con TUR3.