¿Deben los trabajadores controlar su empresa si quiebra? La nueva (y sorda) pelea de PSOE y UP

No hay ley en el Congreso a la que no lleguen las fricciones entre PSOE y Unidas Podemos, que no son un partido de gobierno y otro de oposición, sino dos partidos de gobierno. Cuesta acostumbrarse a tanta discrepancia, pero es probable que no quede otra.

Un repaso por las últimas leyes aprobadas, y son muchas, demuestra que las relaciones entre socialistas y “morados” son extrañas, pues las leyes salen, sí, pero con apuros y a veces con sustos. Por ejemplo, la ley audiovisual. Es un caso extremo, aunque significativo y revelador. Ambos llevaron la negociación más o menos bien durante la ponencia y el trámite de la Comisión, así que en el dictamen aparecieron los votos a favor de los dos grupos. Sin embargo, una enmienda sobrevenida del PSOE sobre la definición de “productor independiente” enfadó a Unidas Podemos. Sus direcciones empezaron a dialogar para desalojar esa nueva enmienda del texto.

El Partido Socialista se negó, el PP pasó de la abstención al respaldo, los “morados” optaron por el camino contrario y la ley estuvo a punto de morir en la orilla. Por una rendija salió del Congreso rumbo al Senado, donde, por cierto, ya se ha tramitado.

Otras muestras. La ley del “sólo sí es sí” estuvo a punto de quebrarse por el empeño del PSOE de incluir una enmienda encaminada a abolir la prostitución, en contra del criterio de su socio de gobierno. La ley de igualdad de trato, la “ley Zerolo”, avanzó a trompicones porque entre los dos partidos de gobierno costó fijar un ritmo de tramitación. Y la ley de los planes de pensiones caminó por un alambre, sin red debajo, porque a la formación de Ione Belarra e Irene Montero no le gustaba la mayoría del texto.

Están las leyes que salen entre disensos y a pesar de ellos, y luego están las leyes que no nacen porque el PSOE impone su mayoría. La proposición de ley para aumentar la presión fiscal a las grandes fortunas está aún reciente. El portavoz de “los morados” afirmó hace un par de años, cuando entre los dos partidos relucían las diferencias sobre si investigar o no al rey emérito, que había una especie de lista de desacuerdos pactados. Si esa lista sigue existiendo, debe ser inmensa, o se actualiza cada día o sencillamente no existe.

La última batalla

PSOE y Unidas Podemos están ahora enfrascados en acordar las medidas que contendrá el nuevo decreto de la guerra (ayudas a determinadas rentas, bajada del IVA de la factura de la luz, descuentos en el transporte público, etc). Este sábado lo aprobará un Consejo de Ministros extraordinario y el Congreso lo recibirá nada más comenzar la semana que viene. Dispone de 30 días, como máximo, para convalidarlo o derogarlo. La Diputación Permanente de la Cámara, el órgano que asume las funciones del pleno en periodos inhábiles, y julio lo es, tendrá que encargarse de ello.

A no ser que el debate sobre el estado de la nación diga lo contrario, ya que estarán en juego numerosas propuestas de resolución que pondrán a prueba la sintonía entre PSOE y Unidas Podemos, el verano traerá consigo una cierta relajación de las relaciones entre sendas direcciones parlamentarias. No son malas, cabe puntualizar, aunque tropiezan con discrepancias sin cesar.

La ley concursal ha sido el escenario de la última. No ha impedido que los dos hayan votado a favor del dictamen que este jueves aprobó la Comisión de Justicia. 20 síes, 5 noes y 10 abstenciones lo han permitido. Entre los votos favorables, además de los del PSOE y Unidas Podemos, han estado los de ERC, PNV y PDeCAT. Entre los votos de rechazo, Vox; entre las abstenciones, PP y Cs.

Fuentes de Unidas Podemos han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que por ahora no entra en los planes un cambio de posición que ponga en riesgo la viabilidad de la ley concursal. Sin embargo, van a mantener hasta la sesión del pleno que ratifique el dictamen un par de propuestas que, a juicio de las fuentes, son claras prioridades. La fecha de esa sesión del pleno es el jueves próximo, última del curso, por cierto.

El diputado de UP Roberto Uriarte, en la Comisión celebrada este jueves, ha reseñado la orientación y el objetivo de las propuestas, y de paso ha retratado el juego político en el que está sumido su grupo parlamentario. Lo que ha dicho es bastante gráfico. Tras comentar que la redacción de la ley “carece de contenido social” y reclamar que se incluyan una serie de cláusulas que cumplan la directiva europea de la que proviene la norma y la propia Constitución, ha anunciado que Unidas Podemos, en aras del consenso, retiraba casi 50 de las 54 enmiendas que había registrado. Ahora bien, en las que ha mantenido reside la sustancia. Y la pelea. Una de cal y otra de arena. Palo y zanahoria.

Las enmiendas supervivientes, tres en concreto, han sido rechazadas porque el PSOE no las ha apoyado. Cuentas fuentes parlamentarias conocedoras de la negociación que la tensión entre los dos grupos que sujetan al Gobierno ha ido en aumento. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá se ha opuesto a las peticiones de “los morados”. Respuesta de los de Pablo Echenique: las llevaremos al pleno. Conclusión: la negociación no ha acabado.

¿Y qué es lo que tiene (otra vez) enfadados a los dos grupos? Resumidamente, estas dos cuestiones: dar a los trabajadores de una empresa que ha quebrado y que está en proceso de disolución la posibilidad de que se conviertan en sus gestores mediante un derecho de tanteo; y, relacionado con esto, permitir que para ejercer ese derecho se les dé un capital mediante la entrega, en bloque, de las prestaciones por desempleo a las que estén acogidos.

Para lo primero, Unidas Podemos ha pactado con ERC añadir al artículo 224 bis de la nueva ley concursal un apartado que señala: “Las personas trabajadoras tienen un derecho de adquisición preferente. El deudor deberá notificarles, en forma fehaciente, la decisión de vender una o varias unidades productivas, junto con las condiciones esenciales de la transmisión”. Como requisito, según añade el párrafo pactado, “la constitución de sociedad cooperativa, laboral o de otro tipo”.

Esta sociedad “podrá ejercitar el derecho de tanteo en un plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente a la notificación efectuada por el deudor”.

Para lo segundo, Unidas Podemos va a defender hasta el último minuto dos enmiendas (ya rechazadas este jueves por el PSOE) con las que plantea un sistema de capitalización con el fin de ejercitar ese derecho de tanteo. Mediante una modificación de la Ley de Economía Social propone la capitalización de la prestación por desempleo de los trabajadores que se han erigido en cooperativa y que, en consecuencia, desean hacerse con el control de la empresa quebrada.

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El sistema de capitalización se formalizará a través del “abono de la prestación por desempleo” que corresponda a cada uno de esos trabajadores en un pago único. Precisa más adelante: “Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que deducirá el importe relativo al interés legal del dinero”. Y se abonará esta cuantía al 100%, añade en otra enmienda.

Saben en Unidas Podemos que las opciones de éxito son escasas y remotas, pero lo van a intentar. Ayuda muy poco que al otro lado esté el Ministerio de Escrivá, con el que las relaciones son malas. Dentro de seis días, se sabrá el desenlace de esta nueva batalla político-parlamentaria-social entre los partidos que forman el Gobierno de coalición. Una batalla sorda, sin tantas tensiones por tanto. Pero batalla al fin y al cabo. Una más.