Industria
La SEPI desbloquea el rescate de 550 millones para la siderúrgica Celsa
La compañía pública remite la documentación a Bruselas para que autorice la ayuda
Parte de la planta de Celsa. /
Paso adelante en el rescate de la siderúrgica catalana Celsa. El consejo rector de la SEPI, la compañía pública que gestiona el fondo para empresas estratégicas afectadas por la pandemia ha desbloqueado el préstamo de 550 millones solicitado por la siderúrgica propiedad de la familia Rubiralta.
El organismo público ha remitido la documentación a Bruselas para su autorización, ya que supera los 250 millones establecidos como umbral para las ayudas públicas. Este apoyo a la compañía catalana, con presencia internacional, es el mayor de los otorgados hasta ahora por el Estado.
La decisión de la SEPI se ha producido mientras los fondos acreedores preparaban una nueva oferta para llegar a un acuerdo con los Rubiralta. Este acuerdo con los acreedores era, inicialmente, fundamental para lograr el recate público.
Los fondos acreedores han elevado la apuesta con su última propuesta y piden el 75% del capital a cambio de aportar los 50 millones de ampliación de capital que los Rubiralta habían acordado con la SEPI. En todo caso, portavoces de este grupo de entidades, afirman portavoces próximos que esta propuesta no anula la anterior.
El Gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, telefoneó al presidente del Deutsche Bank, Christian Sewing, para reclamar un cambio de posición entre los acreedores, de los que forma parte; espera que el trámite en Bruselas no se demore mucho Christian Sewing. Si el procedimiento dura menos de una semana, el próximo viernes el consejo asesor de la SEPI podría remitir la operación al Consejo de Ministros y este aprobarlo en la última reunión del mes, la del 28 de junio. El plazo para el rescate vence el 30 de junio.
Fuentes próximas a la siderúrgica consideran una buena noticia la decisión de la SEPI, a pesar de que todavía no hay cerrado un pacto con los acreedores. En todo caso no habrá desembolso de dinero público hasta que no haya un acuerdo definitivo.
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