El Gobierno anticipa una batalla legal si Argelia incumple los contratos de gas

Argelia tensa aún más la cuerda con España y lanza nuevas represalias por lo que considera un “injustificable” giro en la posición histórica española sobre el Sáhara Occidental, respaldando el plan autonomista que defiende Marruecos. Argel primero dio ayer por roto el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España y horas después, casi a medianoche, congeló la actividad bancaria para operaciones comerciales hacia y desde España.

El Gobierno español aún está estudiando las implicaciones prácticas del movimiento del Gobierno argelino y su impacto concreto sobre el comercio entre ambos países, singularmente en lo referente al suministro de gas natural. El Ejecutivo insiste en la voluntad de recuperar las “mejores relaciones” con Argelia, pero subraya la firmeza en la defensa de los intereses españoles.

“Daremos una respuesta serena y constructiva, pero también firme en la defensa de los intereses de España y las empresas españolas”, ha advertido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha apuntado que las compañías energéticas con relaciones comerciales directas con Argelia han transmitido al Gobierno que “no hay ninguna dificultad” para mantener el flujo de gas que llega a España.

Argelia ha sido tradicionalmente el principal país exportador de gas para España. Lo ha sido durante los cincuenta años transcurridos desde que se inauguró el suministro entre ambos países y lo fue hasta el año pasado. Desde enero, Estados Unidos ha desbancado Argelia como mayor proveedor de gas tras la decisión argelina de cerrar uno de los gasoductos con España y que atraviesa Marruecos. En los últimos años el gas procedente de Argelia ha supuesto más del 40% del total de importaciones españoles, en los últimos meses ha caído hasta el entorno del 25%.

“El flujo de gas no tiene en estos momentos ningún inconveniente, lo que nos traslada las compañías gasistas es que no hay ninguna dificultad respecto a esta medida para que esto siga siendo así”, ha indicado Albares. “Quiero recordar las palabras del 24 de abril del presidente de la república argelina garantizando el suministro de gas a España”.

A la espera de conocer las implicaciones económicas de las medidas adoptadas por Argelia, el Ejecutivo insiste en que los contratos de suministro, energético o de otros productos, no corren “ningún riesgo”, según ha subrayado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero también se anticipa que en caso de incumplimiento de los contratos por parte de Argelia las empresas afectadas podrían activar una batalla legal en defensa de sus intereses.

“Las relaciones que existen entre la empresa de gas argelina Sonatrach y las empresas españolas que compran gas son comerciales, con obligaciones contractuales. Confío en que sigan funcionando”, ha subrayado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista con Onda Cero. “Si no, sería un tipo de problema más complejo de resolver, no a través de relaciones diplomáticas, sino probablemente a través de arbitrajes o tribunales”, ha sentenciado.

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En plena crisis energética agravada por el impacto en el sector de la invasión militar de Rusia sobre Ucrania, Argelia ha ofrecido mantener los precios a todos los países compradores de gas. A todos salvo a España, para el que el Gobierno argelino se plantea “recalcular” el coste del suministro. Una advertencia que llega precisamente gigante argelino Sonatrach y la española Naturgy llevan meses negociando una revisión de los precios de sus contratos de suministro de gas para los próximos tres años.

Desde el sector gasista español se insiste en que se trata de una “revisión ordinaria” de los contratos de las tantas que se hacen aproximadamente cada tres años, pero las negociaciones se han visto enrarecidas y tensionadas por el giro del Gobierno español. Con los mercados internacionales del gas desbocados y marcando cotizaciones récord, la subida de precio en la renegociación se da casi por hecho.