La primavera de los funcionarios: la histórica oferta de empleo público choca con la contención del gasto

El Consejo de Ministros aprobó el martes de la semana pasada, 24 de mayo, una oferta pública de empleo (OPE) cifrada en 44.787 plazas, la mayor que se recuerda en España, y casi 15.000 más de las acordadas con los sindicatos de la Administración Pública solo un día antes. La cifra no desentona en la trayectoria de un Gobierno que, en solo cinco años, ha más que doblado la oferta pública de empleo de los gobiernos del popular Mariano Rajoy. En concreto, ha puesto sobre la mesa una oferta pública de empleo superior en un 141 por ciento a la de su antecesor. Y es que mientras Rajoy sacó a concurso 63.970 plazas de funcionarios, a lo largo de seis años y en una coyuntura mucho menos problemática que la actual, Sánchez ha convocado un total de 155.000.

Aunque la Comisión Europea mantiene la suspensión de reglas fiscales también para 2023, con el fin de garantizar la recuperación económica tras la pandemia, complicada además por la crisis derivada de la guerra en Ucrania, pide sin embargo “prudencia” y no ha dudado en advertir al Gobierno de coalición de que debe contener el gasto corriente de un Estado que algunos tildan de “elefantiásico”.

Y es que el endeudamiento, tanto privado como público, excede “los niveles de prudencia” y podría tener efectos fuera de nuestras fronteras en caso de que la situación se torciese, avisan. Los economistas consultados indican que se necesitan “políticas rigurosas” y que no se puede engordar la nómina del Estado “con fines electoralistas”. No se puede olvidar que el año que viene habrá elecciones y que los partidos del Gobierno precisan de todas las bazas a su alcance para revalidar el apoyo que obtuvieron en 2019, máxime cuando empiezan a acusar el desgaste de tres años terribles en los que han confluido una pandemia con decenas de miles de muertos y las consecuencias, en forma de una inflación galopante y la carestía de productos, de la sangrienta guerra de Ucrania.

De las 44.787 plazas convocadas por el Gobierno, 34.151 son ordinarias, a las que se suman las 10.637 del plan de estabilización del empleo temporal, derivadas de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, que responde a las demandas de la Comisión Europea de acabar con la temporalidad en la Administración. Dentro de la oferta de empleo ordinaria, 15.800 plazas serán de acceso libre y 9.591 para promoción interna, y el objetivo del Gobierno es que estén aprobadas antes de que finalice el presente año. El Gobierno de Sánchez indica que esta convocatoria “histórica” –a todas luces este epíteto hace honor al reto planteado– se justifica por las necesidades de funcionarios para aplicar su ambiciosa agenda de políticas sociales.

Pero agrandar la nómina del Estado cuando hay una cita electoral en ciernes no es un “pecado” que se pueda atribuir únicamente al actual presidente del Gobierno. Hay movimientos parecidos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. ¿Cómo interpretar la conversión de más de 8.600 interinos en personal fijo de la Administración regional a través de los procesos, ya en marcha, de estabilización del empleo público? Los propios sindicatos admiten que se trata de “la mayor oferta de empleo público” que se haya producido jamás en Asturias. Cierto que responde a las exigencias de la Unión Europea de reducir la temporalidad y que el Gobierno regional está en condiciones de reclamar la medida como una forma de mejorar las arcas públicas, ya que espera ahorrar hasta 15 millones de euros en nóminas, dado que, curiosamente, sale más barato un funcionario fijo que uno interino. Pero también es verdad que esta regularización llega justo cuando queda menos de un año para las elecciones autonómicas y que podría interpretarse como un gesto de lo más interesado. A esta estabilización hay que sumar las cerca de 3.500 plazas ordinarias que se convocarán en los próximos tres años para cubrir las jubilaciones de funcionarios, sobre todo en los campos de sanidad y educación, según estimaciones que hace Borja Llorente, de CC OO.

Las elecciones municipales van a ser el año que viene en mayo, de forma que también los ayuntamientos se han embarcado en una estabilización del personal interino. Gijón se lleva la palma, con 423 plazas de interinos que pasarán a ser fijos. Oviedo prevé convocar este año 32 plazas de policías locales, lo que elevará la plantilla a 220. Además, se hará fijos a 270 trabajadores interinos o laborales.

El Ayuntamiento de Mieres ha convocado una oferta de empleo público de 21 plazas, que cubre más vacantes que jubilaciones se produjeron en la plantilla municipal en 2021. También habrá procesos para convertir plazas de interinos en personal fijo: en Mieres se estabilizan 156 puestos de trabajo; en Langreo y San Martín del Rey Aurelio, fijarán más de 60 plazas de empleo público, 37 en el primer municipio, 29 en el segundo; Laviana y la Mancomunidad del Valle del Nalón ponen en marcha procesos de estabilización de empleo temporal, que afectan, en total, a 38 plazas, informa David Orihuela.

Hay muchas más plazas convocadas. Pueden consultarse en la página web del sindicato CSIF, bajo el epígrafe de “Procesos de estabilización en Asturias”. En Avilés, se estabilizarán 145 plazas; 64 en Cangas del Narcea; 45 en Cudillero; 50 en Castropol; 44 en Cangas de Onís; 59 en Carreño; 43 en Corvera de Asturias; 50 en Llanera; 47 en Villaviciosa; 68 en Valdés; 38 en Tineo; 54 en Salas; 55 en Ribadesella... Todos los concejos, salvo excepciones como Siero o Navia, han publicado sus planes de estabilización. Raro es el concejo que no va a hacer fijos a una veintena de trabajadores.

En total, CSIF calcula que serán casi 12.000 plazas de interinos las que se estabilizarán en virtud de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, tanto en la administración regional como en las locales. Para Sergio Fernández-Peña, presidente de CSIF, esta estabilización de empleo público no es fruto de la proximidad de las elecciones, sino de la pelea para eliminar la temporalidad, superior al 30 por ciento en la Administración. El propio sindicato ha ganado sentencias que han terminado forzando este proceso de eliminación de interinos, una figura que no se comprende en Europa, del mismo modo que no se comprende la figura del funcionario absolutamente blindado, al que no es posible despedir bajo ningún concepto, como remarca el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo Esteban Fernández Vázquez.

Este experto resalta que, a cortísimo plazo, las contrataciones previstas por el Gobierno no harán gran mella, dado que “parte de los gastos los están cubriendo los fondos europeos”. Pero “a medio plazo sí que va a producir tensiones”. El motivo no es otro que “el escenario de contratación de los funcionarios públicos en España”. En España, indica Fernández Vázquez, se contrata a largo plazo, mientras que en Europa solo se hace dependiendo de las necesidades reales de personal.

El catedrático cree que se va a tener que avanzar hacia figuras contractuales más adecuadas y cercanas a las europeas, como los contratos laborales indefinidos, en vez de las fórmulas actuales. “No tienen sentido unas interinidades que se prolongan durante décadas, colocando a la Administración muy cerca del fraude de ley”, señala. España sufre una administración recargada en virtud de unos lobbies “con mucho que perder”.

El gasto que supondrá la contratación de estos funcionarios se produce en un momento económico especialmente complicado. “La inflación del gasto se va a tener que contener. Hasta ahora se estaba monetizando la deuda y el déficit, pero en el corto plazo tendrá que haber restricciones de acceso al crédito”, cree el catedrático Fernández Vázquez.

España cerrará este año con un déficit público del 4,9 por ciento, y en 2023, esta cifra llegará al 4,4 por ciento, lejos de lo límites fiscales europeos. Bruselas espera que la deuda pública española vaya gradualmente bajando hasta situarse en el 3, 7% el año que viene.

El profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo Santiago Álvarez García considera que “un crecimiento de la contratación en el sector público es difícil de compatibilizar con la contención del gasto, salvo que lo que se pretenda sea solamente estabilizar interinos”. En los últimos años, constata, ha habido un gran crecimiento del sector público. “En algunos sectores, como el sanitario, la educación o los servicios sociales, quizá sea necesario, pero no puede ser una política indiscriminada que solo busque sacar a trabajadores de las listas del desempleo. Es necesaria una política de mayor rigor”, cree Santiago Álvarez. Y es que ha habido momentos en que ha sido el sector público el que ha tirado del empleo, mientras el privado languidecía, golpeado por la crisis sanitaria.

Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), considera que “la consolidación de las plazas de los interinos es una necesidad real a la que hay que responder”. Por otro lado, debido a la pandemia y al envejecimiento de la población, “hay una demanda de médicos y sanitarios” a la que debe responderse. “Me preocupa que la convocatoria tenga un componente electoralista”, señala. En 2011, añade, se alcanzó el máximo porcentaje de funcionarios en España, el 20 por ciento. Luego cayó con el reajuste fiscal y “desde 2018 está aumentando el empleo público, especialmente con motivo de la pandemia”, indica el investigador.

No obstante, habla de la posibilidad de un reajuste a partir del verano, “cuando el Banco Central Europeo deje de apoyarnos tanto. La política va a cambiar y volveremos a hablar de la prima de riesgo. Entonces el gasto público tendrá más importancia que ahora”.

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Para Felgueroso, la convocatoria del Gobierno “es una necesidad, viene a amortizar a toda una generación de funcionarios muy mayor, que pasarán a suponer un gasto de pensiones”. Si no se asumieran esas contrataciones, “estaríamos hablando del deterioro de los servicios públicos”.

Para el catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo Francisco González, “no está poniendo atención al cuidado de las cuentas públicas”. España se está amparando en que se va a relajar la política fiscal un año más, pero “no hay mucho esfuerzo en cuanto a disciplina presupuestaria”. Para el catedrático, “el déficit está aumentando y el algún momento habrá que atajarlo. Ese momento va a ser cuando Bruselas se ponga exigente con la rendición de cuentas, o cuando los mercados nos obliguen a ello”. La fiesta está a punto de acabar.