CONDICIONES LABORALES

Trabajo limitará el despido arbitrario de las empleadas del hogar

La vicepresidenta Yolanda Díaz avanza que la "inmediata" puesta en marcha del algoritmo para controlar las horas extras

Trabajo limitará el despido arbitrario de las empleadas del hogar
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La reforma que ultima el Ministerio de Trabajo sobre el régimen de trabajadoras del hogar incluirá limitaciones al despido arbitrario de las mismas por parte de sus empleadores. Así lo ha anunciado este jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que confía en poder cerrar "cuanto antes" esta reforma que deberá superar el trámite del Congreso de los Diputados y que incluirá también derecho a prestación de paro y blindaje a la indemnización por cese, entre otros.

Díaz también ha avanzado la "inmediata" puesta en marcha de un algoritmo para controlar las horas extras, sobre todo las no pagadas, en las empresas.

"Vamos a ir al reconocimiento del despido, a la actuación en el desistimiento, a un debate muy profundo", ha declarado Díaz en su intervención de este jueves en el Congreso. Actualmente, las trabajadoras del hogar se encuentran en un régimen especial, según el cual el empleador tiene la opción de invocar el "desistimiento", que consiste en la posibilidad de despedir sin tener que justificar el motivo de dicho despido. Únicamente con un aviso de 20 días de antelación, en el caso de que la empleada lleve más de un año trabajando, o de siete días si su antigüedad es inferior. Y con el abono del equivalente a 12 días por año trabajado, con tope de seis mensualidades.

Este es un despido arbitrario que el empleador puede invocar sin tener que justificarlo, ya sea porque no quiere pagar más el servicio, porque no le gusta como lo hace la empleada o por el motivo que fuere. Lo que supone un agravio comparativo con el resto de trabajadores, ya que en el caso de cualquier otro asalariado el empresario tiene la obligación de justificar por motivos económicos u organizativos el cese. Y sino asumir el coste de un despido improcedente, que es más caro y cuya indemnización asciende a 33 días por año trabajado con tope de 24 mensualidades.

Cómo reformará ese derecho al desistimiento es algo que no ha desvelado la vicepresidenta segunda. Algunas opciones que tiene sobre la mesa son aumentar la indemnización, el periodo de preaviso o directamente suprimirlo y equiparar dicho supuesto a un improcedente, entre otros. La actuación del Gobierno en esta materia viene condicionada por las sentencias judiciales. La justicia europea ya dictaminó hace unos meses que España incurría en una discriminación injustificada para con las trabajadoras del hogar al negarles, entre otros, derecho a prestación por desempleo.

Y los tribunales españoles ya están aplicando dicha jurisprudencia. Por ejemplo, el TSJC ya ha reconocido el derecho a subsidio para mayores de 52 años a una empleada del hogar, tal como avanzó El Periódico de Catalunya, o ha aumentado las garantías de indemnización en caso de que el empleador se declare en quiebra, entre otros. El Ministerio de Trabajo, como ya tenía comprometido, tiene pendiente acabar de recoger esa jurisprudencia en su cuadro legislativo e introducir otras cuestiones.

Algoritmo contra las horas extra

La vicepresidenta segunda también ha avanzado que la semana que viene hará públicas las conclusiones de la comisión de expertos sobre la incidencia que actualmente están teniendo los algoritmos en las relaciones laborales en España. Este fue uno de los compromisos atados dentro de la conocida como ley Rider, que obligaba que los repartidores a domicilio fueran asalariados y permitía a cualquier trabajador preguntar a su empresa si utilizaba algún algoritmo para organizar el trabajo y, si era así, qué repercusiones implicaba y qué parámetros utilizaba.

La publicación de dichas conclusiones podrían coincidir con la puesta en marcha del algoritmo para que la Inspección de Trabajo pueda perseguir de manera más eficiente las horas extras fraudulentas en las empresas. El incumplimiento de las normativas de control horario es manifiesto y la mitad de las empresas no pasa una inspección relacionada con esta materia tras tres años con la normativa en vigor, tal como avanzó El Periódico de Catalunya. Y ello se traduce en que cada mes se trabajan 27 millones de horas extras, de las cuales cerca del 40% no se pagan, según los últimos datos del INE.

Vinculado con la 'ley Rider', Díaz ha mandado un explícito aviso para Glovo, la principal plataforma digital de reparto a domicilio que todavía opera con una flota mayoritariamente formada por repartidores autónomos. "Aquellas empresas que se llamen Glovo o como se llamen que incumplan la legislación va a caer el peso de la legislación y de la Inspección de Trabajo como venimos haciendo", ha declarado.

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