EMPRESARIOS

La CEOE certifica el fracaso del pacto de rentas y pide a las empresas no vincular salarios a IPC

Garamendi insta a las contratas públicas a una "moderación salarial" en los próximos años

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

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La CEOE ha certificado este martes en su comité ejecutivo extraordinario el fracaso del pacto de rentas por el que abogaba el Gobierno para contener la escalada de la inflación. La gran patronal ha ratificado un paquete de recomendaciones para guiar a las empresas de cara a las subidas salariales de los próximos años, entre las que destacan no vincular sueldos al IPC y reforzar el peso de variables vinculadas a la productividad.

La organización presidida por Antonio Garamendi también pide especial "moderación salarial" a las contratas que dependan de lo público, ante la imposibilidad legal de revisar los contratos en el actual contexto alcista del IPC. De momento los salarios por convenio están creciendo a un ritmo del 2,4%, sustancialmente por debajo del 8,4% en el que se está moviendo la inflación.

Sindicatos y patronal ya anticiparon la semana pasada la imposibilidad entre sus cúpulas de cerrar un acuerdo salarial, que sería una de las patas principales del gran pacto de rentas que invocó Pedro Sánchez al comienzo de la guerra de Ucrania para intentar frenar la escalada de precios. Aunque el último clavo de ese ataúd lo han apuntalado este martes los máximos dirigentes de la patronal. "Hacer las cosas bien es clave para que nuestras empresas y nuestra economía salgan de la crisis al mismo ritmo que nuestros competidores, y no en desventaja", ha sostenido la patronal en un comunicado.

La CEOE ha consensuado internamente que lo mejor para las empresas en el actual contexto es trasladar parte del riesgo a los trabajadores y reforzar los "sistemas de retribución variable", priorizando que futuros aumentos vayan ligados a la evolución de la productividad, los resultados y los índices de absentismo, "evitando pluses y conceptos que lo fomenten".

Trabajadores en un almacén

/ Remy Gieling

La cúpula patronal ha dejado en manos de cada sector el decidir, en función de las circunstancias concretas del mismo, los incrementos retributivos que lleven los representantes empresariales a las mesas de negociación con los sindicatos. Y en general ha abogado por "realizar un esfuerzo de moderación salarial", sin concretar recomendaciones generales. En este sentido, la última oferta remitida a los sindicatos en la recta final de la fallida negociación fue un incremento del 3,5% para este año. Si bien la propia CEOE aplicó a sus empleados de estructura una subida del 2,1%.

La reivindicación de las centrales por generalizar algún tipo de cláusula de revisión salarial en los convenios, para blindar todo o parte del poder adquisitivo de los trabajadores ante la actual incertidumbre inflacionista, fue la principal causa de descarrilamiento de las negociaciones. Pues la CEOE se lo marcó como línea roja y no quiso aceptar la indexación en ningún momento, aduciendo que ello alimentaría la espiral inflacionista. Ese espíritu queda fielmente retratado en las recomendaciones remitidas este martes a los suyos. "Se recomienda evitar vincular las subidas salariales a conceptos tan volátiles como la inflación", afirman en su comunicado.

Los sindicatos

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Por el contrario, los indicadores a los que la CEOE cree oportuno ligar las variables son la productividad, la evolución del empleo, el comportamiento del PIB, el indicador de garantía de la competitividad y los resultados o 'ebitda'. Los sindicatos han sido históricamente contrarios a asumir un mayor peso de las variables en los sistemas retributivos por dos motivos. Por un lado, la falta de transparencia que critican por parte de las empresas para cuantificar individualmente dichos conceptos y que entienden como arbitrariedad a favor del empresario. Y, por el otro, la falta de equidad que ello puede generar en el seno de las plantillas, donde unos trabajadores saldrán mejor premiados que otros.

Desde CEOE también instan a las empresas a aplicar los mecanismos legales existentes para descolgarse de los convenios colectivos -y ahorrarse así parte importante de los costes salariales- en caso de que puedan justificar causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.