EN CONTRATOS BILATERALES

El Gobierno avisa a las eléctricas de que ampliará sus recortes si suben los precios

La minoración de ingresos extra de las compañías está fijada hasta final de junio, pero el Ejecutivo se abre a prolongarla: “Si la situación sigue siendo grave, por su puesto que se tendrá que ampliar”

 La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, interviene en la clausura de la segunda edición de las jornadas React, en el Disseny Hub Barcelona.

 La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, interviene en la clausura de la segunda edición de las jornadas React, en el Disseny Hub Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

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La Comisión Europea ha dado el visto bueno al plan de España y Portugal de intervenir temporalmente el mercado de la electricidad para conseguir bajar los precios. Bruselas permitirá a ambos países poner durante un año un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad de 50 euros por megavatio hora (MWh) de media para conseguir rebajar el precio de la luz.

Con ese tope (por encima de los 30 euros por MWh que propusieron inicialmente Madrid y Lisboa) se evitará que la subida desorbitada del gas contamine al resto de tecnologías y se conseguirá que el mercado mayorista se quedará como máximo entre los 140 y los 150 euros por MWh, consiguiendo rebajar los más de 200 euros que ha venido manteniendo en los últimos tiempos y alejarse del récord de 445 euros registrado al inicio de la guerra en Ucrania.

Desde el Gobierno se subraya que la medida pactada con Bruselas estará en vigor en mayo y que se traducirá en una rebaja importante del recibo que pagan los 10 millones de hogares que tienen contratada la tarifa regulada de luz (denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC), porque su precio depende de la evolución del mercado mayorista, y también a las industrias que acuden directamente al mercado a comprar su electricidad.

Según ha apuntado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un consumidor medio cuya factura está vinculada directamente al mercado mayorista, tanto doméstico como industrial, se beneficiará de una rebaja de en torno a un 30% de su recibo durante todo un año en que está previsto que se aplique el tope al precio del gas.

BENEFICIOS BAJO LUPA

Pero el Gobierno pretende seguir vigilando que los contratos que firman las grandes eléctricas para vender su producción eléctrica fuera del mercado mayorista no estén inflados y que les reporten ingresos injustificados al calor de la crisis energética. El Ejecutivo ya aprovechó el macrodecreto con medidas contra el impacto de la guerra (que aún debe convalidar el Congreso de los Diputados este jueves) para ampliar el alcance de los recortes a las eléctricas para evitar posibles beneficios extraordinarios provocados por la subida de los precios energéticos.

El Ejecutivo incluyó en el decreto una revisión -otra más- del sistema de minoración de los ingresos extra que algunas compañías están obteniendo en pleno caos de precios para incluir todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por megavatio hora) y para prolongar el recorte hasta el 30 de junio (tres meses más de lo previsto). Ahora el Gobierno advierte a las eléctricas de que ampliará de nuevo la vigencia de los recortes más allá del verano si aún persiste la crisis energética y sigue habiendo dudas sobre la estrategia de precios de las compañías.

“El Gobierno actúa en función de la coyuntura. Si a finales de junio la situación sigue siendo grave y sigue siendo compleja, la medida [de minoración de los ingresos extra] se tendrá que ampliar. Por supuesto”, ha sentenciado la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en un desayuno informativo organizado por Diálogos por la Democracia.

VIGILANCIA ESPECIAL

El Gobierno diseñó el pasado septiembre un sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan). Unos beneficios extra que las compañías eléctricas niegan y subrayan que tienen toda su producción vendida en contratos bilaterales a precios muy inferiores a los del mercado mayorista.

El Gobierno acabó matizando en octubre esos recortes a las eléctricas y aprobó una nueva norma para permitir que las compañías que demostrasen que estaban vendiendo su electricidad con contratos a plazo y con precios estables, no tendrían que devolver nada. En la práctica, todos los contratos con precio fijo quedaban fuera del ajuste. Las eléctricas tienen que demostrar a Red Eléctrica y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sus contratos no aplican los precios disparados del mercado. Al final, el impacto de los recortes quedó muy diluido.

El Gobierno ahora incluyó en el nuevo macrodecreto de este mes todos los nuevos contratos que las compañías firmen a partir de ahora y también las revisiones o actualizaciones de los contratos suscritos actualmente, siempre que el precio del suministro de la electricidad supere los 67 euros por megavatio hora (MWh). Por encima de ese tope, que es el que el Gobierno considera precio razonable (resultante de utilizar como referencia un precio del gas de 20 euros por MWh), las compañías serán penalizadas y tendrán que devolver el sobreprecio al considerar que están interiorizando ese precio disparado del gas cuyo coste no soportan en su actividad.

Los contratos que se vigilan con carácter general son los suscritos entre las empresas de generación de electricidad y las comercializadoras de luz que venden al cliente final. Pero los grandes grupos eléctricos (singularmente Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Repsol) venden gran parte de la electricidad que producen directamente a sus propias comercializadoras, a empresas integradas en su propio grupo empresarial.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido establecer una vigilancia especial de las grandes eléctricas para supervisar de manera específica los contratos que firman entre compañías de un mismo grupo, para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) a lo largo de la cadena de contratos para acabar trasladando los precios inflados al cliente final. El Gobierno ha decidido poner un foco especial en este tipo de contratos intragrupo, y vigilará el precio final que las comercializadoras repercuten al consumidor, ya que “dicho precio puede ser el que refleje el beneficio extraordinario y el que actúe de facto como cobertura natural para la general”, recoge el Gobierno en el decreto publicado este miércoles en el BOE.

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