"Si la cesta de la compra sigue subiendo, el Gobierno tendrá que intervenir como con la gasolina"

La inflación española cerró marzo en cifras que no se veían desde mediados de los años ochenta. Con un alza en los precios del 9,8 % respecto al mismo mes de 2021, el consumidor comienza a notarlo en el bolsillo durante su día a día. Primero fue la electricidad, después le siguió la gasolina y ahora los productos de alimentación. Medidas como la supresión de impuestos de la luz o la bonificación de 20 céntimos a los combustibles tratan de frenar la subida del coste de productos básicos. ¿Podría el Ejecutivo atreverse con la cesta de la compra? Así lo cree el vicepresidente de la asociación de consumidores Facua, Miguel Ángel Serrano, que en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA pide al Ministerio dirigido por Alberto Garzón una mayor actuación para los asuntos realmente importantes para los usuarios.

P. Ante esta espiral alcista, ¿en Facua están recibiendo más quejas o preguntas de los consumidores?

R. Estamos recibiendo más consultas sobre las subidas de precios, pero solo sobre algunos sectores específicos. Sobre todo en temas de energía eléctrica, que les sube un montón la factura de la luz y no saben si es justificada, o por la modificación de las condiciones contractuales, que les suben las tarifas, muy habitual en telefonía. En una época de inflación totalmente desproporcionada, en la que el IPC está disparado, evidentemente el consumidor lo está sufriendo en su día a día.

P. Gran parte de esa inflación se debe al coste de la electricidad. ¿Podría haber hecho más el Gobierno para evitar la subida del recibo de la luz?

R. Desde hace años llevamos alertando de que estamos en una vorágine donde el precio de la electricidad sube de forma estrepitosa. No es cosa del conflicto armado en Ucrania como se ha pretendido hacer ver por parte del Gobierno, esto viene de antiguo. Tiene su origen en cómo se ha liberalizado el mercado eléctrico en España, donde un grupo pequeño de grandes empresas es la que determina cuál es el precio real del kilovatio.

Además, el sistema de subasta marginalista lleva al absurdo de que el precio que se aplica en toda la producción es el precio de la producción más cara. Es como si para ir de Sevilla a Madrid, el precio del avión es el que se aplica al transporte en autobús o en tren. Con la subasta marginalista pasa eso: el precio más caro que marca la última cadena de la producción, que suele ser el gas, marca al final cuánto vale producir todo. Desde Facua hemos enviado un montón de propuestas al Gobierno para sacar de ese sistema marginalista determinadas producciones, como la energía hidroeléctrica. Que la energía se pague por lo que vale.

P. ¿Cuáles son esas propuestas con las que evitar que aumente tanto la factura de la luz?

R. En estos casos, lo que hay que hacer es limitar el precio del megavatio, que las autoridades públicas intervengan. España y Portugal parece que van a conseguir limitar ese coste, pero aún no se ha aplicado y no sabemos qué incidencia tendrá. El límite anunciado pensamos que es totalmente insuficiente, sigue siendo muy superior a lo que años atrás se ha estado pagando por el mercado eléctrico.

En cuanto al bono social, no deja de ser un descuento de la tarifa regulada y, si esta no para de subir, la factura que llega al beneficiario de la ayuda sigue siendo muy elevada. Encima ese bono social tiene hoy día unas características tan duras de acceso que hace que sea muy complicado poder acceder al mismo y muchísimos consumidores que tienen dificultad para abonar su factura de luz a final de mes teóricamente no pueden ser beneficiarios del bono social. Hay que flexibilizar los criterios de acceso.

También hemos propuesto bajar determinados tipos fiscales, como el IVA. Un 21% nos parece una cosa desproporcionada, la electricidad no es un servicio de lujo, es un servicio básico. Es verdad que el Gobierno ha llevado a cabo esa bajada de IVA, pero se ha hecho solamente de forma temporal, no va a ser continua en el tiempo.

P. La gasolina es otro producto que sufrió un gran alza el mes pasado. Desde el 1 de abril, el Gobierno aplica un descuento de 20 céntimos el litro. ¿Qué podría hacer el Ejecutivo para seguir abaratando el coste de los combustibles?

R. El Gobierno siempre intenta poner como excusa que hay determinados comportamientos que no puede realizar o determinadas limitaciones de mercado que no puede llevar a cabo porque se lo prohíben y que misteriosamente después lo hace. Ocurrió con lo del IVA de la luz, que dijeron que no podían controlarlo y finalmente se controló temporalmente; ocurrió con lo de la posible limitación de la subasta de la energía eléctrica y ahora parece que la UE ha dado luz verde. También decían que no podían intervenir en el precio de los combustibles y han puesto este descuento de 20 céntimos por litro.

Realmente se puede seguir haciendo cosas, y más en un mercado final que no deja de ser especulativo. Es verdad que hay una relación directa con el tema del conflicto armado en Ucrania y de las medidas sancionadoras de la UE contra Rusia, pero también llevamos años viendo cómo misteriosamente ese precio de la gasolina y del gasóleo tiene picos de subidas altísimos en determinadas épocas del año, como el inicio de las operaciones vacacionales. Esto se repite año tras año, parece que es evidente que hay una especulación del mercado detrás.

P. La subida de la luz y de la gasolina también ha provocado una aumento en el coste de la cesta de la compra. ¿Se puede controlar el precio en los supermercados?

R. Desde luego, si la inflación sigue subiendo como está subiendo y sigue afectando a todos los productos sin igual, no solamente a determinados productos de lujo sino también a productos básicos, está claro que llegará un momento en que el Gobierno tendrá que intervenir.

Igual que ha intervenido con el precio de la gasolina o para intentar amortiguar las posibles subidas de arrendamientos de vivienda limitándolo al 2% en lugar de que se actualicen conforme al IPC, probablemente no quede más remedio que aplicar medidas que lo limiten para la adquisición de determinados productos básicos. Si no, nos encontraremos en la tesitura de que habrá consumidores en España que tengan serias dificultades para adquirir productos básicos en el sector de la alimentación. Evidentemente, no debemos llegar a esa situación en ningún caso.

P. Tras la luz y la gasolina, ¿es posible que el siguiente gran aumento de facturas sea la del agua corriente?

R. El tema del agua es un tema bastante complejo. No se puede hablar de un comportamiento uniforme en todo el territorio, sino que según la localidad en la que nos encontremos la fijación de precios es de una forma y resulta más o menos cara, igual también que la propia calidad del servicio.

Depende de factores tanto a nivel local como a nivel autonómico: hay municipios que tienen el servicio a través de entidades públicas y otros lo hacen a través de la concesión con entidades privadas, por lo que esas tarifas fluctúan en función de cómo se gestiona, de la red de infraestructuras, del mantenimiento, de otros cánones,...

Pero teniendo en cuenta que la producción del agua está directamente relacionada con el mercado eléctrico, porque necesitas de electricidad para poder hacer llegar el agua a las casas de los usuarios, podría ser que algo tan excepcional como el agua potable suba de precio, lo que supondría otra losa más en la economía de los consumidores y usuarios, que ya se encuentran bastante apretados. Cabe desear que no ocurra, porque la ONU ha decretado en varias ocasiones que el acceso al agua potable es un derecho humano y así lo defendemos desde Facua.

P. Por primera vez, desde 2020 el Ministerio de Consumo es una cartera propia. ¿Está haciendo lo suficiente para defender a consumidores y usuarios?

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R. Cuando se creó un Ministerio de Consumo específico, separado de Sanidad, desde Facua lo consideramos una buena noticia: el consumo tiene el peso suficiente en nuestra sociedad actual como para que posea un ministerio propio. El problema es que el trabajo del Ministerio deja muchísimo que desear, se está centrando en aspectos que no son esenciales en la realidad actual y está ignorando determinadas cuestiones están afectando de forma muy negativa a los consumidores y usuarios.

Y una muestra de ello es no ya la no actuación, sino la falta de respuesta a muchísimos escritos que como asociación de consumidores le trasladamos al Ministerio. El último ejemplo lo vemos con lo de las gasolineras: en la situación en que nos encontramos de inflación desbocada, que una asociación de consumidores te ponga en conocimiento de 230 posibles gasolineras que están llevando a cabo un incumplimiento de la normativa y perjudicando al consumidor y que ni siquiera te dignes en contestar... deja mucho que desear.