Transportes

El Gobierno se compromete ante el taxi a que los VTC de ámbito nacional no presten servicios urbanos

En algunas comunidades, como en Madrid, aún no se ha legislado y tendrán que hacerlo antes de octubre

Varios taxis en Madrid, en una imagen de archivo.

Varios taxis en Madrid, en una imagen de archivo. / EP

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El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido con el sector del taxi a vigilar que los VTC de autorización nacional (conocidos como VTC-N) no prestan servicios de carácter urbano, una vez expire el real decreto que aprobó el exministro José Luis Ábalos en 2018 tras una grave crisis en el sector en el verano de ese año.

Así se lo ha trasladado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), en una reunión en la que la asociación mayoritaria del sector ha manifestado las principales inquietudes y demandas del colectivo a nivel estatal.

Antaxi ha recordado que a partir del próximo 1 de octubre las comunidades autónomas quedarán habilitadas para modificar las condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.

En este sentido, los taxistas están preocupados porque en muchos casos aún no se ha legislado en las comunidades autónomas y hay cierta incertidumbre sobre si estas autorizaciones a los VTC-N podrán seguir permitiendo que ofrezcan servicios urbanos.

"Los cuatro años de moratoria que el decreto daba a las comunidades para legislar llegan a su fin y en muchos casos, como en la Comunidad de Madrid, el sector afronta con mucha incertidumbre la situación de miles de VTC que, a día de hoy, no sabemos si van a seguir circulando a pesar de no poder hacerlo legalmente", ha señalado el presidente de Antaxi, Julio Sanz.

Aunque la titular de la cartera ha recordado que estas autorizaciones, tal y como marca la ley, no podrán realizar servicios urbanos, sí queda abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, creen autorizaciones urbanas.

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