España, potencia europea en ‘golden visas’

En la España que retrató Berlanga en ‘Bienvenido, Mister Marshall’, los americanos llegaban “del extranjero pa nuestro avío” en plena posguerra. En 2013, con un país al que la burbuja del ladrillo había dejado lleno de gente sin casa y casas sin gente, el Gobierno de Mariano Rajoy quiso adelgazar el stock de vivienda abriendo las puertas al inversor extranjero: nacieron los visados dorados, permisos de residencia dirigidos especialmente a chinos y rusos a cambio de inversiones de más de medio millón de euros en inmuebles y otros activos. En otras palabras: una forma de comprar el permiso de residencia en España.

Las condiciones son muy ventajosas: no es necesario permanecer en España -mientras lo haga su dinero- y pueden residir acompañados de sus familiares desde el primer momento de su ingreso en el país. Más de la mitad de las visas concedidas son a familiares de los titulares. A 31 de diciembre de 2021, últimos datos disponibles, había 7.425 autorizaciones de residencia de este tipo en vigor, un 20% más que el año anterior.

Entre 2011 y 2019, al menos 130.000 personas se beneficiaron en la UE de estos programas, que generaron unos ingresos de más de 21.800 millones de euros para los países beneficiarios, según un estudio del Parlamento Europeo. La demanda se concentra en tres países: Portugal, con 22.214 permisos de residencia y una inversión estimada de 5.000 millones de euros; España, con 12.104 permisos de residencia y una inversión estimada de 2.740 millones de euros; y Grecia, con 22.802 permisos de residencia y 1.900 millones de euros.

Las ‘golden visa’ se introdujeron en 2013 dentro de una “ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”. Los requisitos son ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, tener un seguro de enfermedad y medios económicos suficientes. La norma pretendía atraer a trabajadores altamente cualificados, inversores, empresarios e investigadores, pero los datos reflejan que han llegado muchos más de los primeros que de los últimos.

De las 25.100 autorizaciones de visado en vigor en 2021, el 38%, 9.507, corresponde a profesionales altamente cualificados, el 30% (7.425) a inversores y solo el 14% (3.385) a investigadores o asociados a la formación. En cuanto a la nacionalidad, entre los inversores destacan los chinos, con el 28% de los visados, y los rusos, con el 25%. En otras palabras, 1.856 ciudadanos rusos tienen permiso de residencia en vigor por invertir en el país. El dato ha ido creciendo al mismo ritmo que lo han hecho los bufetes de abogados y asesorías especializadas en este tipo de trámite.

Más del 60% de los estados miembros de la UE tienen programas de residencia o ciudadanía para inversores. Reino Unido y EE.UU. tienen uno de los programas de visa dorada más antiguos del mundo, pero otros como Alemania o Suecia no disponen de este mecanismo. En febrero, en plenas sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, la Comisión Europea se comprometió a “limitar la venta de ciudadanía” a través de estos pasaportes dorados, que permiten que los oligarcas rusos conectados con el presidente Putin se conviertan en ciudadanos de países europeos y obtengan acceso a sus sistemas financieros. A mediados de marzo, España se sumó a países como Portugal, Malta o Reino Unido y decidió suspender nuevas autorizaciones para ciudadanos rusos.

Atraer dinero, ¿a qué precio?

En enero de 2019, la Comisión Europea presentó un informe sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores, competencia exclusiva de cada estado miembro. Y detectó riesgos como blanqueo, evasión fiscal y corrupción, a fin de cuentas. Europa apunta a Bulgaria, Chipre y Malta como los menos seguros, pues los inversores pueden acceder directamente a la ciudadanía y no solo a la residencia: acceden al mercado interior europeo. Pero también señalaba al hecho de que, como en España, no se exigiera una presencia del inversor en el estado como uno de los principales problemas.

En marzo de este año, el Parlamento Europeo también se pronunció sobre las visas doradas y pidió requisitos mínimos de residencia física para los solicitantes y de participación activa, calidad, valor añadido y contribución a la economía para sus inversiones.

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Antes de la pandemia, muchas de las autorizaciones de residencia se concedían por silencio administrativo. Es otra de las ventajas de los inversores extranjeros: si la administración no responde en el plazo de 20 días, la solicitud se considera estimada, lo contrario de lo que ocurre en cualquier otro trámite. A mediados de 2020, la unidad que se ocupa de resolver estos expedientes redujo los trámites a la mitad y, con ello, las solicitudes aprobadas sin llegar a ser resueltas. Las autoridades españolas deben verificar la legalidad del origen de los fondos para prevenir el blanqueo de capitales.

En el Congreso de los Diputados, fue uno de los socios del Gobierno, Unidas Podemos, quien presentó en 2019 una proposición no de ley en la que pedía eliminar las ‘golden visa’ para inversores. La iniciativa llevaba la firma de En Comú Podem y alegaba que suponen la “mercantilización de los derechos de ciudadanía, que se venden al mejor postor”. Caducó sin que pudiera votarse.