SUBIDA DEL COMBUSTIBLE

Un tercio de las gasolineras lleva a los tribunales al Gobierno por los descuentos

La patronal CEEES, que agrupa a 4.000 estaciones de servicio, aprueba en asamblea lanzar una batalla legal por cómo se aplican las rebajas obligatorias de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores.

Clientes en una gasolinera respostan combustible en Madrid.

Clientes en una gasolinera respostan combustible en Madrid. / Alba Vigaray

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El sector de las gasolineras lanzan una batalla legal por los problemas para aplicar correctamente el descuento obligatorio de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno para combatir el impacto en ciudadanos y empresas de la subida de precios. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa a 4.000 gasolineras de grupos independientes -más de un tercio de las 11.700 que operan en España- ha aprobado en asamblea llevar al Gobierno a los tribunales.

La Asamblea General de la CEEES, reunida con carácter de urgencia este miércoles, ha acordado por unanimidad recurrir judicialmente el macrodecreto de medidas contra el impacto de la guerra aprobado por el Gobierno la semana pasada y que incluye los descuentos al precio de los carburantes. La patronal dice compartir el objetivo social de las bonificaciones, pero carga contra "la forma en la que se ha diseñado y ejecutado esta medida". "La Administración no nos deja otra salida que acudir a la Justicia", sostiene la organización en un comunicado. "La Asamblea General se ve en la obligación de pedir amparo a los tribunales en defensa de los intereses de las pymes del sector".

Desde CEEES se reclama que el Gobierno confirme por escrito cuál va a ser el tratamiento fiscal y contable de la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplica desde el 1 de abril y denuncia que muchas gasolineras siguen sin poder solicitar los anticipos comprometidos por el Ejecutivo para que las pequeñas compañías no soportaran en sus cuentas el coste de los descuentos. "Los anticipos, que ya no son tales, no han llegado a todos aquellos que han pretendido solicitarlos y en algunas ocasiones se han abonado con errores, muchas veces clamorosos".

La Agencia Tributaria asegura que ya ha gestionado 3.600 solicitudes de gasolineras, por un total de 220 millones, para el acceso a anticipos a cuenta con los que abordar el descuento de 20 céntimos que deben aplicar por cada litro de carburante despachado. Según el director general de la AEAT, Jesús Gascón, las órdenes de pago tramitadas entre el lunes y este miércoles equivalen al 90% de las solicitudes presentadas desde el viernes pasado, cuando se ofreció el formulario electrónico para ello.

"La inseguridad jurídica a la que nos vemos sometidos es tal que los empresarios del sector aún no sabemos de qué modo hemos de realizar las liquidaciones mensuales de las cantidades vendidas (...) y no está nada claro cuál será el tratamiento fiscal de esos 20 céntimos, ni para las estaciones de servicio ni para nuestros clientes", se queja la asociación de gasolineras. "Ante la posibilidad real de que la aplicación de esta norma genere importantes perjuicios para nuestros asociados y nuestros clientes, CEEES recurrirá la norma ante la Justicia para defender los intereses de las estaciones de servicio y del conjunto de la sociedad".

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La confederación empresarial ha llegado a alertar de que las dificultades para aplicar los descuentos podría empujar a muchas gasolineras a echar el cierre antes de Semana Santa. “Si la Administración no atiende a las peticiones del sector, la inseguridad jurídica hará inviable seguir vendiendo carburante a apenas unos días de Semana Santa”, indicó este martes la patronal de las gasolineras adscrita a la CEOE. “Si las estaciones de servicio continúan vendiendo carburantes a partir de entonces, será bajo su propia responsabilidad”.  

El sector de las gasolineras se ha embarcado en una escalada de quejas y protestas por las dificultades y las dudas para aplicar el descuento forzoso de 20 céntimos por litro. La asociación de las gasolineras ‘low cost’ y automáticas AESAE también amenazó este lunes con abrir una batalla legal tanto en España como en la Unión Europea para reclamar indemnizaciones millonarias al Gobierno por su responsabilidad patrimonial por los daños provocados, pero de momento la organización no ha concretado ninguna acción legal.