CRISIS ENERGÉTICA

La gran industria se moviliza para mantener sus ayudas tras la crisis

  • Los grandes grupos electrointensivos reclaman al Gobierno que las medidas extraordinarias para recortar sus costes eléctricos por la guerra de Putin se conviertan en permanentes

  • La asociación industrial Aege da por hecho que el próximo año el Ejecutivo tendrá que duplicar las compensaciones por las emisiones de CO2 y superar los 400 millones

La factoría de ArcelorMittal en Avilés, Asturias.

La factoría de ArcelorMittal en Avilés, Asturias. / EFE

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El Gobierno ha salido al rescate de la gran industria en su momento más difícil. El macrodecreto de medidas contra el impacto económico de la guerra en Ucrania incluye ayudas adicionales por importe 488 millones de euros para contener el golpe de la escalada de precios energéticos, que tradicionalmente suponen para las compañías industriales españolas un lastre para la rentabilidad y para su capacidad de competir con rivales europeos.

Grandes grupos industriales con un consumo intensivo de electricidad -para algunos la factura eléctrica representa el 50 o el 60% del total de sus costes de producción- aplauden las ayudas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en pleno caos de precios, pero se empiezan a movilizar ya para conseguir que las medidas no sean temporales y que se mantengan de manera permanente después de la crisis.

El Ejecutivo ha aplicado una rebaja temporal del 80% de los peajes que pagan unas 600 empresas electrointensivas en su factura eléctrica, con un coste de 225 millones que sufragará el Ministerio para la Transición Ecológica con un crédito extraordinario que inyectará a las cuentas del sistema eléctrico.

Pero el descuento extraordinario sólo se aplicará hasta final de año y la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) ya ha trasladado al Gobierno su petición de que el recorte se mantenga de manera permanente en los próximos años, igualando así la rebaja de la que disfrutan de manera estructural los grupos industriales de Francia y Alemania, según confirman desde la asociación a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La rebaja temporal del 80% de los peajes que se incluyen en la factura (con los que se pagan las inversiones en redes eléctricas de distribución y de transporte) se suma a la bonificación, ésta sí permanente, del 85% de los cargos del recibo (con los que se financian la retribución a las renovables reguladas, la deuda del sistema y los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares) que perciben todos los consumidores electrointensivos.

El Ministerio de Industria también ha elevado hasta 244 millones de euros las compensaciones a la gran industria de los costes de emisiones indirectas de CO2 para este año, 65 millones más de lo marcado inicialmente. AEGE, que agrupa a una treintena de grandes grupos industriales, había venido reclamando al Gobierno que disparara esta partida hasta los 450 millones de euros en 2022. No obstante, la Comisión Europea ha emitido una aclaración de cómo debe calcularse estas compensaciones y esos 244 millones de euros es el máximo que permite este año la normativa comunitaria.

Las estimaciones de la patronal de los electrointensivos, que agrupa a gigantes industriales como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos, apuntan a que el nuevo cálculo estipulado por Bruselas anticipa que el importe de esas compensaciones debería superar los 400 millones de euros en 2023, prácticamente el doble que el montante fijado para este ejercicio.

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Entre las medidas del decreto del Gobierno también se incluye un programa de ayudas directas por 125 millones de euros para unas 1.600 empresas industriales que son consumidores intensivos de gas natural. Desde la asociación empresarial GasIndustrial se apunta que las ayudas son insuficientes y discriminatorias para muchas empresas por los criterios establecidos para el reparto, y se traslada la queja de que el Gobierno no ha agotado todas las herramientas disponibles para los estados miembros UE para paliar el impacto en las empresas de la subida desorbitada del precio del gas natural.

Las medidas no trasponen todas las herramientas disponibles para los Estados miembros comunicadas por Europa, dejando fuera a industrias esenciales que están desde hace meses gravemente afectadas por los altos precios del gas. El criterio escogido por el Gobierno para el otorgamiento de dichas medidas resulta discriminatorio para muchas empresas, ya que no permite reflejar la realidad de algunos de los sectores gasintensivos más claramente afectados por el alza desbocada de los precios de los últimos meses.