MEDIDAS POR LA GUERRA

El Gobierno endurecerá el recorte a los beneficios extra de las eléctricas por el alza del gas

  • Incluirá a los contratos nuevos o renovaciones con un precio superior a los 67-70 euros por megavatio-hora

  • Las medidas serán revisadas a finales de junio para su posible extensión en función de la evolución del conflicto

Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Reyes Maroto.

Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Reyes Maroto.

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El Gobierno endurecerá el recorte de los 'beneficios caídos del cielo' que algunas tecnologías reciben por el alza del gas en el mercado eléctrico, dentro de las medidas incluidas el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, que busca amortiguar el impacto de la invasión rusa en Ucrania para las familias y empresas y cuyas líneas generales adelantó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta polémica medida finalizaba el 31 de marzo, pero el Gobierno ha decidido extenderla hasta finales de junio y modificar los criterios que aplican al incluir la renovación o la firma de nuevos contratos con un precio superior a una horquilla de entre 67-70 euros por megavatio-hora. Hasta ahora, todos los contratos que firmasen las compañías eléctricas a precio fijo estaban exentos, después de las críticas de las compañías lideradas por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que aseguraban no repercutir el alza de precios en los contratos de sus consumidores.

Pero según la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha presentado el plan junto a las otras dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, muchas contratos que se han realizado o renovado en los últimos meses no interiorizan la disparatada subida de precios actual, pero sí tienen como referencia de precios del mercado de futuros, influenciado por los precios actuales, según demostraría el informe de supervisión de la medida elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), citado por Ribera.

El objetivo del plan pasa por contener los precios de la energía para, así, evitar la espiral inflacionista, asegurar el suministro y la autonomía estratégica, proteger a los más vulnerables y también apoyar a los más afectados, con medidas pensadas hacia las clases medias, los trabajadores, las pymes y los autónomos. Valorado en 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales, más otros 10.000 millones en préstamos ICO, el texto se publicará en el BOE este miércoles 30 y el grueso del paquete entrará en vigor el jueves 31 (y, el resto, el 1 de abril). Las medidas se prolongarán durante tres meses, hasta el 30 de junio, aunque según ha asegurado la vicepresidenta Nadia Calviño se valorará su extensión "para responder a la evolución que pueda producirse" según las circunstancias.

Adelanto a las gasolineras

La bajada del precio de la luz, a través de la fijación de un precio máximo de referencia para el gas (la excepción ibérica), estará operativa una vez que la Comisión Europea dé el visto bueno a la propuesta que presentarán esta semana España y Portugal, aunque el Ejecutivo ha descartado hablar de un tope máximo al gas, algo que "trabajan" con la Comisión Europea. "El resultado será que el precio de la electricidad será mas bajo y para eso hay que negociar cuál es el umbral de referencia que a la Comisión le parezca razonable, no es algo que se pueda hacer a la ligera, pero lo que es importante es que sea cual sea nuestro instrumento", ha explicado Ribera. 

Así, la iniciativa estrella de este plan de choque es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, y no solo para los transportistas. Su aplicación será automática y se verá reflejada a la hora de pagar en el 'ticket' del usuario. El Gobierno creará un mecanismo de liquidez 'ex ante' para que las estaciones de servicio que lo soliciten, sobre todo las más pequeñas, puedan pedir un anticipo en función del volumen de ventas que hayan tenido en los meses anteriores.

Bono social con IMV

Además se incluyen otras medidas ya conocidas como la prórroga de la rebaja de impuestos (del 21% a 10% de lVA, del 5,11% al 0,5% en el Impuesto Especial de la Electricidad y la suspensión del 7% a la producción de electricidad) y la ampliación del descuento del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables que deja de ser exclusivo para las unidades familiares para hacerse extensivo a convivientes, como puede ser el caso de compañeros de piso. Además, se incrementan los criterios de renta para percibir esta ayuda (en 0,3 veces el IMPREM por adulto y 0,5 veces el IPREM por niño) y se aprueba su reactivación automática del bono y su aplicación automática para todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

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Por otra parte, también se aprueba la actualización del régimen especial que disfrutan las plantas de energías renovables más antiguas (RECORE) que reciben mayores recursos de los que les corresponden por la subida de los precios de la luz, de forma que el Ejecutivo ha decidido adelantar la liquidación que se realiza cada tres años y se debería producir el próximo año para liberar 1.800 millones de euros con los que reducir el precio de los cargos (parte fija de la factura de la luz).

Burbuja renovable

Por otra parte, y también como novedad, el Gobierno creará un procedimiento acelerado de instalación de proyectos renovables para incentivar las energías limpias que tienen como principal cuello de botella la burocracia a la que son sometidos los proyectos. Así, en el caso de instalaciones de 75 megavatios en el caso de al energía eólica y de 150 megavatios para la fotovoltaica seguirán esta pauta "siempre que tengan lugar en suelos que no cuenten con especial protección ambiental y no incorporen sistemas de evacuación o cables más allá de los 16 kilómetros", ha explicado Ribera.