Moncloa

El Gobierno extiende la rebaja de 20 céntimos de la gasolina a todos los conductores

El plan de choque durará hasta el 30 de junio y contendrá 6.000 millones en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones más en créditos ICO | Sánchez llama a los grupos a la "unidad", a que apoyen el decreto ley que mañana aprueba el Ejecutivo. Bolaños contactó con ellos en las últimas horas

Pedro Sánchez, en el encuentro informativo de Europa Press.

Pedro Sánchez, en el encuentro informativo de Europa Press. / José Luis Roca

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Juanma Romero

Tal vez, no podía ser de otra manera. La legislatura llega a otro punto culminante (otro más), la aprobación del plan de choque para paliar las consecuencias de la guerra, y tenía que venir precedida de horas y horas de negociación entre los socios de la coalición, de PSOE y Unidas Podemos. Pero ambos, casi con la lengua fuera, cerraron el acuerdo a tiempo, poco antes de que Pedro Sánchez anunciara, a primera hora de la mañana de este 28 de marzo para la historia, un cuantioso paquete de medidas por valor de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales más otros 10.000 millones en préstamos ICO. Un plan “serio, ambicioso y complejo” que estará en vigor durante tres meses, hasta el 30 de junio, y que ahora busca el apoyo de los grupos en el Congreso, especialmente del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo. La iniciativa estrella es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, y no solo para los transportistas, y también lo es la imposición universal de un tope del 2% a la actualización de los alquileres.

La hoja de ruta diseñada por la Moncloa comprendía dos pasos: el Consejo Europeo del pasado 24 y 25 de marzo, primero, y el Consejo de Ministros del martes 29 después. Pero, consciente de la ansiedad social y la presión creciente de las últimas dos semanas, muy duras para el Ejecutivo, el presidente adelantó las líneas maestras del programa de ayudas en el foro ‘Generación de oportunidades’, en El Beatriz Auditórium de la capital, acto organizado por Europa Press y McKinsey & Co. Sánchez intentó mostrar la empatía que incluso dentro de su Gabinete echaban en falta, insistiendo en que el Ejecutivo conoce bien las “dificultades” que atraviesa la ciudadanía y los sectores más afectados por la guerra en suelo europeo, que se hace “cargo” de los problemas y se desvivirá “por aplacar al máximo” los efectos de la contienda, velando por el reparto de “sacrificios de forma equilibrada” y atendiendo a los colectivos más vulnerables.

El Ejecutivo aplicará una rebaja de 15 céntimos por cada litro de combustible y las petroleras un mínimo de otros cinco, aunque algunas ya han anunciado bajadas superiores

Esa es la filosofía que, según Sánchez, envuelve el real decreto ley que este martes aprueba el Consejo de Ministros, que estuvo ultimándose durante todo el fin de semana y del que se informó a los grupos al final. El texto se publicará en el BOE el miércoles 30 y el grueso del paquete entrará en vigor el jueves 31 (y, el resto, el 1 de abril) y se prolongará por tres meses. La bajada del precio de la luz, a través de la fijación de un precio máximo de referencia para el gas (la excepción ibérica), estará operativa una vez que la Comisión Europea dé el visto bueno a la propuesta que presentarán esta semana España y Portugal.

Como se felicitó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no habrá “una bajada generalizada” de impuestos, que era lo que exigía el PP. La columna vertebral del decreto ley son las ayudas. Empezando por la rebaja de 20 céntimos por cada litro de combustible, para la que el Gobierno ha mirado el referente de Francia. El Estado aplicará el descuento de 15 céntimos, y los otros cinco, como mínimo, serán asumidos por las petroleras, algunas de las cuales, recordó Sánchez, han anunciado recortes mayores. Es la medida que el Ejecutivo pactó con los transportistas la semana pasada y que ahora se extiende a todos los conductores. Es, por tanto, una bajada lineal y sin discriminación de renta, que habría sido más difícil de llevar a cabo, y que se aplicará automáticamente al repostar en las estaciones de servicio.

Extensión del bono social eléctrico

En ese eje de medidas pensadas para las familias, se limitará el despido objetivo por causas derivadas de la guerra para proteger el empleo, y se facilitará de nuevo a las empresas que acudan a mecanismos de flexibilidad interna, los ertes que “tan bien” funcionaron durante la pandemia. La revisión de los alquileres en los próximos tres meses tendrán un tope del 2%. Es decir, que se desliga la renta de la inflación, que ya está en el 7,6%. El límite lo tendrán grandes y pequeños tenedores. Ambas medidas, prohibición del despido por la crisis (ya funcionó en pandemia) y tope de los alquileres (iniciativa nueva), son las dos que, según Unidas Podemos, más costó arrancar al PSOE y cerrar con él.

Las revisiones de los alquileres tendrán un límite del 2% (frente al 7,6% en el que se sitúa hoy el IPC) y se aumentará un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital

Además, se aumentará el ingreso mínimo vital un 15% durante tres meses, y se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares. Asimismo, se prorrogará hasta el 30 de junio la rebaja fiscal de la factura de la luz que ya estaba en vigor (el IVA del 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto a la generación eléctrica).

Para apoyar el tejido económico, se abrirá una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el alza de la energía y de los combustibles. También se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO. Y habrá subvenciones directas: agricultura y ganadería recibirán 362 millones, y la pesca, 68. La industria electrointensiva dispondrá de 500 millones para compensar los peajes en un 80%, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector. Pero habrá más medidas para el sector industrial, exportador y cultural.

El decreto recogerá las medidas pactadas con la representación mayoritaria de los transportistas: la inyección de más de mil millones de euros, la rebaja mínima de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, el nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transportes de mercancías y viajeros (1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancias), el compromiso de aprobar una ley que permita a los camioneros trabajar por un precio justo (no a pérdidas, como se ha hecho con agricultores y ganaderos con la ley de cadena alimentaria) y el acortamiento de tres a un mes el plazo de devolución del impuesto de hidrocarburos.

Sánchez anuncia un plan de choque contra las consecuencias de la guerra por valor de 16.000 millones de euros / Agencia ATLAS | Foto: José Luis Roca

'Beneficios caídos del cielo'

Sánchez confirmó que esta semana España y Portugal remitirán a la Comisión Europea su propuesta “excepcional y temporal” para rebajar “significativamente” la factura de la luz a través de un precio de referencia del gas que se usa para producir electricidad. No anticipó cuál sería ese precio, aunque el Ejecutivo, como ya avanzó este diario, apunta que puede rondar los 50 euros el megavatio hora (MWh), aunque ese detalle habrá de cerrarse con Bruselas. Los socialistas querrían que quedara por debajo de ese listón y, los morados, que se acerque a los 30 euros. El presidente insistió en que no habrá subvenciones al gas ni se distorsionará el mercado energético europeo. La aprobación del Ejecutivo comunitario llegará, avanzó el presidente, en “muy breve plazo”, y al día siguiente estará en el 'Boletín Oficial del Estado'. 

A la espera de Bruselas, el recibo de la luz será más barato de forma inmediata por la parte de los costes regulados, al adelantar un año la liquidación de las subvenciones que reciben las renovables más antiguas (recore). Estas tecnologías deben devolver unos ingresos de en torno a 1.800 millones, que servirán para reducir los cargos de la factura eléctrica. El Gobierno también extiende hasta el 30 de junio el mecanismo que recorta las ganancias extraordinarias (beneficios caídos del cielo) que reciben algunas centrales por la subida del gas, “con ciertas modificaciones para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas”. Unidas Podemos perseguía un impuesto a las eléctricas, pero se da por satisfecha con esta medida de minoración de los beneficios. Asimismo, se aprobarán otras iniciativas para acelerar el despliegue de las renovables, el ahorro energético y la garantía de suministro. 

El último apartado se dedica a la mayor protección frente a los ciberataques. Para ello, se articulará un nuevo plan de ciberseguridad con más de 150 actuaciones esenciales, dotado con más de mil millones. Se constituirá un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones 5G.

El presidente espera una bajada “significativa” del precio de la energía, que se aplicará de manera “inmediata” en cuanto la Comisión Europea dé su autorización, y esta se espera en un “muy breve” plazo

Las medidas, dijo Sánchez, servirán para proteger a los sectores afectados y a los ciudadanos, para "repartir de forma justa los efectos de la guerra" y "preservar" la senda de recuperación económica y creación de empleo que España venía siguiendo. El presidente enlazó en ese punto su demanda de unidad a los grupos: el país ha sido golpeado por la pandemia del covid-19, por desastres naturales y una guerra en suelo europeo. "¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos, para dejar de lado rencillas, sectarismos y sumar fuerzas?", se preguntó, en un claro llamamiento a los grupos, y en especial al PP, del que espera que esta vez apoye al Ejecutivo.

El último apartado se dedica a la mayor protección frente a los ciberataques. Para ello, se articulará un nuevo plan de ciberseguridad con más de 150 actuaciones esenciales, dotado con más de mil millones. Se constituirá un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G.

“¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos, para dejar de lado rencillas, sectarismos y sumar fuerzas?”, clama Sánchez, apelando a los grupos, en especial al PP

Las medidas, dijo Sánchez, servirán para proteger a los sectores afectados y a los ciudadanos, para "repartir de forma justa los efectos de la guerra" y "preservar" la senda de recuperación económica y creación de empleo que España venía siguiendo. El presidente enlazó en ese punto su demanda de unidad a los grupos: el país ha sido golpeado por la pandemia del covid-19, por desastres naturales y una guerra en suelo europeo. "¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos, para dejar de lado rencillas, sectarismos y sumar fuerzas?", se preguntó, en un claro llamamiento a los grupos, y en especial al PP, del que espera que esta vez apoye al Ejecutivo.

"Desbloqueo" Sánchez-Díaz

El Gobierno se guiará, señaló, por la política de "unidad, justicia y determinación". Entiende que si Europa está "unida en la respuesta" a Vladímir Putin, España también debe estarlo. Insistió en que ahora ha de reproducirse el consenso que fructificó en la Conferencia de Presidentes en La Palma, el pasado 13 de marzo, así que ahora el líder socialista solicita a "todos los actores políticos, sociales e institucionales" que se unan "detrás del plan de choque" y compartan el sentido del "mejor patriotismo", el compromiso con una "causa justa" y la salida de la crisis "con orgullo". Las dificultades, reconoció Sánchez, sin paños calientes, serán "extraordinarias", pero los valores europeos son "a la vez la única senda de prosperidad posible".

“¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos?", se pregunta Sánchez. PSOE y UP cerraron el acuerdo al límite. El PP se abre a apoyar el plan pero pide más bajada fiscal

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En la Moncloa subrayaban este lunes que se había llamado a todos los grupos antes del acto y se habían recogido en el decreto propuestas de todos ellos, también del PP. Feijóo tendrá “muy difícil” desmarcarse, convergió incluso Yolanda Díaz. Ella mostró a la salida del acto su “satisfacción” por un conjunto de medidas que prevé “eficaces para quien más lo necesita”. Díaz negoció la redacción del decreto con las otras dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Teresa Ribera, y también con el titular de la Presidencia, Félix Bolaños. Pero también “desbloqueó” el contenido directamente en una conversación con Sánchez. Para los socialistas, el pacto quedaba cerrado a última hora del domingo, pero los morados contaban que el tira y afloja, en sus aspectos técnicos pero “determinantes”, se prolongó hasta poco antes de la conferencia del presidente.

El paquete de medidas no fue recibido con completa hostilidad por la oposición, aunque coincide en que no conoce la letra pequeña. El PP mostró la disposición de su grupo a apoyar el plan, aunque alerta de que no ve el compromiso de rebaja fiscal firmado en La Palma, o una reducción del gasto superfluo. Eso sí, Isabel Díaz Ayuso fue más allá: todo lo que no sea bajar impuestos es “perder el tiempo”. Cs cree insuficiente el plan, Vox lo califica de “bluf” y para EH Bildu es una “medida paliativa”, incompleta porque se requieren soluciones “estructurales” como intervenir el pool de energía. ERC aplaudió el plan de choque, aunque demanda al Gobierno “valentía” para afrontar un cambio de modelo energético. 

Vuelve el "prohibido despedir" de la pandemia

Por Gabriel Ubieto | Barcelona


El despido justificado por causas derivadas de la guerra de Ucrania y la actual crisis energética quedará prohibido hasta el 30 de junio. El Gobierno recupera la doctrina del "prohibido despedir" que aplicó durante los primeros compases de la pandemia y endurece las condiciones del cese de trabajadores. Ya no podrán las empresas alegar como despido objetivo los efectos de la escalada de precios para finiquitar a parte de su plantilla. Lo que 'de facto' implicará que el coste de este despido subirá de 20 días por año trabajado a 33 días, al pasar a ser calificado de improcedente. 


La medida la avanzó la semana pasada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un bloque laboral que puede incluir también un límite temporal a la capacidad de las compañías de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo de sus empleados, con el fin de evitar que puedan bajarles el sueldo alegando también problemas financieros derivadas del conflicto bélico.