Pedro Fernández Alén (CNC): "Los contratos públicos deben revisarse con la subida de la energía"

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) tiene claro que el aumento del precio de la energía es el enemigo número uno de su sector en este momento y por eso pide al Gobierno que vaya más allá en la posibilidad de revisar al alza los contratos públicos para que las administraciones absorban esos repuntes. También quiere un plan de choque para mejorar la formación en el sector, llamado a crecer con la llegada de los fondos europeos.

A las dificultades que el aumento de los precios de la energía está generando en toda la economía, y singularmente en la construcción, se le suman ahora los paros de los transportistas ¿Cómo les está afectando esta protesta?

El problema de los transportistas es el problema de la construcción, pero no porque nos estén llegando tarde los materiales (que también), sino porque el origen es el mismo: la crisis energética. Veámoslo en perspectiva: para una obra que dura 36 meses, un retraso en una entrega de materiales de, digamos, diez días (o lo que dure esta protesta) no es mucho; la cuestión principal es la energía, que de manera directa o indirecta afecta al 30% de los costes de una obra. La construcción se nutre de hidrocarburos, tanto para la maquinaria que utilizamos como para la elaboración de ladrillos, aluminio, azulejos, acero u hormigón, que es lo que nos encarece los costes. 

El Congreso acaba de convalidar una norma del Gobierno que contempla la revisión de los contratos públicos para adaptarlos a las subidas que han registrado en los últimos tiempos algunos materiales usados en las obras ¿Se soluciona así el problema?

Es una noticia positiva porque el Gobierno reconoce el problema; pero, siendo una buena medicina, no es la solución, porque ni tiene en cuenta las subidas de los precios de la energía ni es una medida estable en el tiempo: es aplicable para las obras de 2021, pero ¿qué sucede con las obras que se están licitando hoy? Si yo ahora tengo que hacer una oferta para una obra de Adif, en la que se utiliza cobre para los cables, acero para las vías y hormigón para las traviesas, si no tengo certezas de que los precios van a permanecer estables, no haré una propuesta razonable: o mi oferta acabará siendo errónea, o será muy alta y por ello poco eficiente para la Administración.

Así que pedimos que [en esas revisiones] se incluyan los precios de la energía, que el mecanismo de revisión de precios sea permanente y que se vuelva al sistema previo a la Ley de Desindexación [de 2015], el sistema que funcionó bien desde el año 65 porque permitía revisar al alza y a la baja los precios de los contratos públicos según unos baremos que tendría en sus manos el ministerio de Hacienda. Con un sistema de adecuación de precios más estable dormiríamos mucho mejor las empresas y las Administraciones.

Antes de la crisis financiera, la construcción contaba con 2,8 millones de trabajadores; ahora, desde hace tres años el nivel de empleo se ha estabilizado en 1,3 millones ¿Es éste nivel de actividad adecuado?

Lo bueno del sector de la construcción es que es flexible: si hay mucha demanda de infraestructuras, se adapta fácilmente. Si ahora nos van a llegar 140.000 millones de euros [de los fondos europeos Next Generation EU], de los que 70.000 millones no hay que devolverlos, y de ellos la inmensa mayoría son para proyectos que influyen en el sector de la construcción, pues tenemos que dimensionarnos. Hay escasez de mano de obra; estamos formando a mucha gente en la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), de la que forman parte empresarios y sindicatos, pero si queremos solucionar los problemas que nos pueden venir en 2022 y sobre todo en 2023 tenemos que empezar ahora; con un paro juvenil superior al 35% no tiene sentido que nuestras plantillas tengan una edad media de 46 años.

¿Cuál la receta de la CNC?

Es imprescindible hacer más atractivo al sector para jóvenes, mujeres y desempleados. Los jóvenes tienen que ver que la construcción no es carretilla, ladrillo y arena, sino grandes infraestructuras, como la instalación deportiva más grande de Europa, el Santiago Bernabéu. Hay que hacer ver que la construcción es una salida bien remunerada, con estabilidad en el empleo, poco rutinaria, y tiene algo único: desde el promotor hasta el peón, todos consideran que la obra es suya, y cuando pasan por delante dicen: “esto lo hice yo”. En cuanto a las mujeres, son el 9,6% del empleo en el sector, y eso es poco: no sólo hacen un trabajo extraordinario, sino que destacan especialmente en algunos oficios muy demandados, como la electricidad, las reformas o la rehabilitación. Nos están llegando muchas mujeres al sector, desde la hostelería o las oficinas, y encuentran en la construcción un trabajo muy satisfactorio. En general, hay que cambiar nuestra imagen y demostrar que la construcción es muy profesional y que crea riqueza y modernidad.

¿Qué se puede hacer en materia de formación?

En la FLC tenemos 54 centros de formación en toda España, un presupuesto de 80 millones de euros y formamos cada año a más 80.000 trabajadores, pero tenemos capacidad para duplicar esas cifras. Si el Gobierno pone en marcha un plan de choque de formación lo antes posible, tenemos la herramienta adecuada para formar a nuestros trabajadores, y también por ejemplo a refugiados afganos o ucranianos. También tengo que decir que la Ley de Formación Profesional (FP) que ahora está en el Congreso va en la buena línea, al fraccionar los itinerarios de FP en tramos más cortos, porque en la construcción -que recibe a gente del fracaso escolar, o con una necesidad imperiosa de trabajar- no le podemos decir a muchos aspirantes que para hacer un curso de pintura o de baja tensión han de dedicar 640 horas. Los itinerarios más cortos sirven como “mochila formativa”: uno va haciendo cursos que añade a su acervo y que le permiten trabajar y ganar dinero lo antes posible. Entre la FLC y esta ley, podemos hacer un buen trabajo.

CEOE ha enfatizado en los últimos meses que los fondos europeos han estado llegando con retraso a la economía ¿Cuál es su diagnóstico ahora, cuando parece que se aceleran las convocatorias?

Es cierto que los fondos no han llegado con la rapidez e intensidad que se esperaba en un primer momento, algo que tiene que ver con nuestra estructura del Estado, en la que hay administración general, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; se tarda en llegar a la última milla. Ya están empezando a aparecer convocatorias de forma más rápida. Y hay que recordar que PERTES como el del coche eléctrico también nos afectan a nosotros: para hacer baterías, hay que construir naves industriales, y hay que hacer subestaciones para que les llegue la energía; todo eso es cosa nuestra, así como su conservación y mantenimiento. Por eso el Gobierno tiene que darse cuenta de que hay que formar en este sector a jóvenes, mujeres y desempleados para cumplir las expectativas generadas por los fondos, que van a necesitar muchos oficios que incluso todavía no existen.

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¿Cómo sienta a la construcción la reciente reforma laboral?

Bueno, no es la reforma que habríamos hecho nosotros, ni el Gobierno, ni los sindicatos, pero es una norma que ha tenido en cuenta que la construcción es un sector especial, que tiene que tener flexibilidad porque cuando entra obra hay que adaptar la cantidad de personal a esas necesidades, y cuando termina la obra y la empresa se desinfla, igual, porque si no las pymes sobre todo sufrirían. En este sentido, la reforma laboral tiene un artículo pactado entre empresarios y sindicatos que recoge un contrato indefinido de trabajos adscritos a obra en el que se combina flexibilidad y estabilidad y se adapta al sector. Hay otras medidas de la reforma que tienen que implementarse en el convenio general del sector, que ya estamos negociando y que pueden ser muy positivas, así que estamos razonablemente satisfechos.