El Gobierno moviliza a los presidentes de las grandes energéticas para atajar la crisis

Día de cumbres de alto nivel entre el Gobierno y los grandes grupos energéticos para atajar la crisis de precios. El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reunieron en Moncloa este martes primero, por la mañana, a la plana mayor de las grandes eléctricas. Por la tarde la propia Ribera y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocaron a los máximos ejecutivos de las grandes petroleras y de las asociaciones del sector de los combustibles.

En el encuentro con las eléctricas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona y EDP para tratar medidas para frenar la escalada histórica de subidas del precio de la luz, como consecuencia del encarecimiento del gas. Sánchez y Ribera reclamaron a las grandes eléctricas un “esfuerzo adicional” para rebajar los precios y un “mayor compromiso” para mitigar la situación de los consumidores domésticos y de la industria.

Sin embargo, en ese esfuerzo adicional no se incluirá la aplicación de un impuesto específico para las grandes eléctricas para financiar medidas de mitigación de los efectos de la inflación, como ha venido reclamando el socio de gobierno Unidas Podemos y también directamente la vicepresidenta Yolanda Díaz. “No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, sino de cómo conseguir energía más barata y de cómo contribuir a las necesidades de los consumidores”, ha zanjado la vicepresidenta Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Fuentes del sector eléctrico apuntan que Sánchez y Ribera han trasladado a los grandes grupos que no se les aplicarán subidas fiscales o impuestos específicos. Las compañías han insistido en negar que estén generando beneficios extra o caídos del cielo (windfall profits) por la subida de los precios de los mercados, ya que tienen casi toda su producción vendida con antelación y a un precio muy inferior a la cotización mayorista.

La vicepresidenta defendió, no obstante, "un reparto razonable del esfuerzo entre los diferentes actores y que no sólo se carguen a los presupuestos públicos". El Gobierno reclamó también a los grandes grupos energéticos vías para acelerar el despliegue de las energías renovables e impulsar la electrificación de la economía española como vía para abaratar el precio de la electricidad y de que el país gane independencia al reducir el pese de las energías fósiles.

Al encuentro de las eléctricas, que se alargó durante más de dos horas, acudieron el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales; y la nueva consejera delegada de EDP España, Ana Paula Marques.

Ribera confirmó que las rebajas fiscales que se aplican al recibo de la luz desde el pasado verano se mantendrán y que se seguirán haciendo esfuerzos con ayudas vía presupuesto público para mitigar el golpe a los consumidores, pero destacó la necesidad de tomar medidas que vayan a la raíz del problema, que es que el encarecimiento desorbitado del gas acaba contaminando el recibo de la luz.

A la espera de la UE

El Gobierno prepara un amplio paquete de medidas económicas para amortiguar el impacto de la invasión militar de Rusia sobre Ucrania, que incluirá especialmente iniciativas para contener los precios de la energía. El Ejecutivo pretende aprobar este plan nacional el próximo martes 29 de marzo en Consejo de Ministros, justificando la espera a conocer las medidas que la UE pactará en este mismo sentido en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo.

Con apenas unos días de diferencia, el Gobierno ha confirmado y luego descartado llevar a ese Consejo Europeo como propuesta principal recuperar para el mercado mayorista eléctrico el precio máximo de 180 euros por megavatio hora (MWh) que se dejó de aplicar el pasado verano por imposición de Bruselas (ahora los límites a las ofertas están entre un precio negativo de -500 euros y un máximo de 3.000 euros).

Ribera plantea ahora que "lo más sencillo" para desacoplar el precio del gas y su impacto en el de la luz sería aplicar un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad), para luego compensar a estas centrales con la diferencia de costes que tengan que soportar por el alto precio del gas.

El precio de los combustibles

Por la tarde fue el turno de las grandes petroleras. A la reunión celebrada en la sede del Ministerio Transición Ecológica, con la vicepresidenta Ribera y la ministra María Jesús Montero como anfitrionas, asistieron el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz -que hacía doblete tras el encuentro en Moncloa con el presidente Sánchez de la mañana-; el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar; el presidente de BP España, Andrés Guevara; el presidente de la patronal de las petroleras AOP, Juan Antonio Carrillo de Albornoz; y el presidente de la asociación de operadores independientes UPI, José María Gordo.

El Gobierno informó de manera genérica a los directivos de la evolución de las negociaciones que se mantienen en el plano europeo y transmitió su preocupación por la evolución del precio los productos petrolíferos y su impacto sobre los consumidores, en particular sobre el sector del transporte profesional. Pero el Ejecutivo no concretó las medidas que prepara para contener el precio de los combustibles y, en todo caso, pidió a las compañías propuestas para conseguirlo. La sensación que dejó el encuentro a las petroleras es que fue sólo una toma de contacto que sirvió apenas para que el Gobierno les pidiera arrimar el hombro de manera inconcreta.

El pasado lunes, Gobierno prometió al sector del transporte un plan de bonificaciones por cerca de 500 millones de euros para mitigar el impacto del alza del precio del combustible -en máximo históricos desde hace varios meses- en un intento de momento infructuoso de calmar los ánimos y frenar los paros patronales ante la amenaza de problemas de desabastecimiento.

El objetivo del Gobierno -que no concretó a las petroleras cómo ejecutar el plan en la reunión- es una rebaja efectiva del precio que pagan los transportistas por el gasóleo profesional, que se financiaría con aportaciones tanto de los presupuestos generales del estado como de las petroleras, tanto las que están en el negocio de la distribución del carburante como las comercializadoras de combustibles (esto es, las gasolineras).

Sorpresa de las petroleras

El anuncio pilló sorpresa a las petroleras, generando un malestar cierto en el sector por no conocer de antemano que el Gobierno preparaba unas bonificaciones que les supondrían un golpe en sus cuentas y de las que se enteraron por la prensa. “No sabíamos nada de este plan. Nada de nada”, se quejaban fuentes del sector de las petroleras antes del encuentro. Y después de la reunión, fuentes de las compañías insisten en que siguen sin saber cómo se ejecutará.

Desde varias de las mayores compañías de la distribución de combustibles subrayan que no cuentan con ninguna propuesta oficial por parte del Gobierno y que toda la información de que disponen es la que se ha hecho pública, sin detalles ni concreciones de cómo se repartiría el coste de esos 500 millones de bonificaciones entre el erario público y las propios grupos.

"Si el Gobierno quiere intervenir los precios del gasóleo lo tendrá que decir claramente", avisan desde una de las grandes petroleras con presencia en el país. Los grupos energéticos advierten de que intentar ajustar más los márgenes de las gasolineras en las ventas a los profesionales del transporte es misión casi imposible, ya que todas las compañías negocian grandes descuentos con los transportistas para fidelizarlos. "El margen de la venta de diésel a los transportistas es muy bajo, intentar reducirlo aún más es muy complicado".

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El Gobierno, en principio, no pretende concretar su plan para paliar los estragos de la subida del diésel en los transportistas hasta el próximo viernes, cuando se reunirá de nuevo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). “La cuantía específica de la bonificación únicamente podrá concretarse tras la reunión del Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo, para asegurar que el conjunto de medidas del Plan [del Gobierno por la crisis energética] responda de manera coherente a los objetivos planteados”, apuntó el Ministerio de Transportes.

El Ejecutivo ha descartado aplicar rebajas fiscales a los combustibles para bajar el precio, alegando que el transporte profesional cuenta con la fiscalidad mínima que permite la normativa europea y que los transportistas ya se pueden deducir el importe del IVA del carburante. El Gobierno se ha comprometido también a adelantar la aprobación de otra reclamación histórica del sector, como es la devolución mensual del combustible profesional, en lugar de trimestral como se produce actualmente.