INFLACIÓN

Sindicatos y patronal proponen conjuntamente adaptar los contratos públicos a las subidas del salario mínimo

Los agentes sociales piden que las alzas fijadas por ley se puedan repercutir sobre la administración, en vez de restar ingresos de las empresas o afectar a las plantillas en forma de recortes o despidos

Brigadas de limpieza en Barcelona

Brigadas de limpieza en Barcelona / Joan Cortadellas

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La potencial crisis económica que se anticipa por la escalada de los precios está acelerando los movimientos para proteger las cuentas de las empresas y los salarios de los trabajadores, y ha dado nueva fuerza a una vieja reivindicación: que los contratos públicos en vigor puedan actualizarse si una ley cambia las condiciones económicas del mismo. El objetivo: que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un indicador que fija el Gobierno y que en los últimos años ha repuntado un 36%, las paguen las administraciones contratantes y no tengan que absorberlas las empresas contratadas, que no contaban con esos aumentos al ganar el concurso correspondiente y ahora se ven forzadas a aplicarlos perdiendo margen de beneficios o infligiendo recortes a sus plantillas si no pueden asumirlos.

El problema es especialmente agudo para las empresas de servicios como la jardinería o la limpieza, sectores intensivos en mano de obra y de bajos salarios (en los que la subida del SMI, por lo tanto, repercute mucho), y que además contratan a menudo con la administración. Por eso, se busca influir en el Gobierno desde varias vías, entre otras con un inhabitual ejercicio de unanimidad: la Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas de CEOE, CCOO del Hábitat y la Federación de Servicios Públicos de UGT han firmado este martes un manifiesto conjunto para que se “permita la modificación de los precios de los contratos [públicos] como consecuencia de tanto del incremento de los costes laborales imprevisibles dimanantes de una norma legal [como el SMI] como de la negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación".

Fuentes sindicales indican que han firmado este texto “porque cuando a una empresa de este tipo tiene que subir el SMI y no le actualizan lo que cobra desde la administración, acaba revisando a la baja los salarios de sus empleados o despidiendo plantilla: al final, los que pagan son los trabajadores”, explica uno de los negociadores. En las conversaciones que se han sucedido en los últimos días para cerrar el documento conjunto, los sindicatos han trabajado para asegurarse de que la redacción de la petición garantice claramente que toda revisión al alza de un contrato público por razones salariales acaba finalmente mejorando las retribuciones de los empleados, y no engordando las cuentas de las empresas.

Cambio legal

Además de la vía del manifiesto conjunto, la revisión de los precios de los contratos públicos es una de las materias que se está analizando en la mesa del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) que negocian durante estos días patronal y sindicatos para pactar subidas salariales acompasadas con el crecimiento de la inflación, según indican a este diario fuentes del diálogo social. Estas fuentes recuerdan que una petición similar ya figuraba en el anterior AENC, el que estuvo en vigor entre 2018 y 2020, pero -explican- el impacto de la pandemia evitó que aquel pacto pudiera terminar de ejecutarse.

A favor de la petición de sindicatos y patronal juega una medida similar a la que ha dado luz verde recientemente el Ejecutivo: la posibilidad de revisar los precios de los contratos públicos de obras cuyos materiales se hayan encarecido con fuerza en los últimos meses, una norma que este pasado jueves recibió el visto bueno del Congreso y que sólo afecta al sector de la construcción.

La técnica legal con la que se operaría el cambio solicitado por los agentes sociales sería la de la modificación de dos normas: la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público, que hoy por hoy impiden la revisión de los precios de la mano de obra en los contratos públicos que duran menos de cinco años. En el manifiesto se pide precisamente que "se elimine la imposibilidad de realizar dicha revisión de precios o, al menos, se permita la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudieran preverse en el momento de la licitación".

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